LA SEGURIDAD SIGUE EN DEBATE

Homicidios, nepotismo y vínculo de su esposa con barrabravas en agenda.

Edison Eduardo Bonomi lleva ocho años, un mes y cuatro días al frente del Ministerio del Interior, es decir hasta hoy 2.955 días. Antes, entre 2005 y mediados de 2009 fue ministro de Trabajo y Seguridad Social. Es el ministro con más años de gestión en el gabinete desde el retorno de la democracia en 1985.

Con la que se votó ayer, será interpelado por octava vez, en promedio una ocasión por año. Todas las interpelaciones las sorteó con el respaldo de la bancada del Frente Amplio.

Y parece que la próxima instancia no será diferente: ayer el senador frenteamplista Rafael Michelini anticipó en el plenario del Senado que "la interpelación no va a cambiar nada", en referencia a lo que pretenden los partidos de la oposición, que es la renuncia del ministro con el fin de darle aires nuevos a la cartera.

En medio del clima de inseguridad general que se vive en el país, el ministro volverá a tener la confianza del presidente Tabaré Vázquez, que en cada ocasión que puede insiste en que la política de seguridad no va a cambiar.

Bonomi aseguró ayer que la interpelación "es un recurso político". El propio ministro ya anticipó que seguirá en el cargo y que "ya sabía" que lo volverían a interpelar. "Parece que en Uruguay los temas se solucionan con la renuncia de un ministro", dijo.

El Senado votó ayer por 14 votos en 28 la instancia propuesta por el senador colorado Pedro Bordaberry con tres objetivos: analizar el incremento de los homicidios —dijo que a este ritmo a fin de año estaríamos cerca de 400—, los "reiterados actos de nepotismo" en el ministerio, y por el "contacto con barras bravas y actividades ilegales". En este punto la moción refiere a las relaciones reconocidas con barrabravas de Peñarol por parte de la esposa de Bonomi, la diputada del MPP Susana Pereyra.

Bonomi, que se mostró ayer tranquilo por la nueva interpelación, sostuvo que "si se perdió el respeto a la vida", con la renuncia de un ministro "no se va a solucionar" el tema, sino que el ministro lo que debe hacer es "enfrentar ese aumento de la violencia con las posibilidades que tiene".

A su vez, el senador nacionalista Javier García reclamó ayer a la bancada del gobierno el cumplimiento de los acuerdos interpartidarios de agosto de 2016, según lo cual se debe aprobar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento por el que se aumentan las penas a los delitos donde muere un policía en cumplimiento del deber, lo mismo que en el caso de jueces y fiscales.

García afirmó en la sesión del plenario que el proyecto está trancado por la bancada del gobierno. Sin embargo, momentos después, la senadora oficialista Daniela Payssé manifestó su disposición a tratarlo en comisión.

En la fundamentación de su voto de apoyo a la interpelación, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que "rompe los ojos la irresponsabilidad del ministro y del presidente".

Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, dijo por su parte que apoya la interpelación a Bonomi porque "entendemos que ahora, más que nunca, estamos ante una situación grave".

Michelini, que defendió a Bonomi en nombre del oficialismo, afirmó que la gestión en materia de seguridad "se ha hecho con solvencia" y que la interpelación "no va a arreglar nada".

Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, apuntó que debe haber un cambio de autoridades en el ministerio porque "la situación no da para más".

La propuesta del senador Bordaberry, apoyada por todos los partidos de la oposición, será la octava interpelación que sufra el ministro del Interior Eduardo Bonomi.

El antecedente más reciente es de febrero de 2017, cuando el diputado colorado Germán Cardoso lo convocara a sala por la situación de violencia en el deporte. Bordaberry ya había interpelado a Bonomi en octubre de 2016 por lo mismo, la inseguridad.

Esa sesión del Senado batió todos los récords de duración de los últimos años: se extendió durante 17 horas. Tras su conclusión, con el ministro y su gestión respaldados por el Frente Amplio, la oposición propuso la censura política a Bonomi pero no prosperó porque el FA lo volvió a salvar.

Antes Bonomi pasó tiempos relativamente tranquilos. Fueron años de campaña electoral y elecciones (2014) y de cambio de gobierno (2015), pero Bonomi fue confirmado en su cargo por Tabaré Vázquez.

A fines de 2013, poco después de dejar al Frente Amplio para volver al Partido Nacional, el senador Jorge Saravia lo interpeló en noviembre de 2013.

En febrero de ese año 2013, fue el diputado colorado Fernando Amado quien lo llamó a responsabilidad ante la Comisión Permanente por la inseguridad.

En mayo de 2012, el entonces diputado nacionalista José Carlos Cardoso llevó adelante una instancia de interpelación por la situación carcelaria en general.

Corría marzo del año 2011 cuando el en esos tiempos senador blanco Sergio Abreu lo convocó al Parlamento para interpelarlo.

Cardoso fue el primer legislador en interpelar a Bonomi, en julio de 2010, a pocos meses de haber asumido, por el incendio y varios presos muertos en la cárcel de Rocha.

Por iniciativa del senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, la comisión de Constitución del Senado recibió al Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía para informar acerca de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

La iniciativa surgió a raíz de declaraciones de miembros de estos organismos que mostraban desavenencias y cruces de opinión acerca de la responsabilidad de cada uno de ellos en la aplicación del nuevo CPP.

En función de eso, el ministro Eduardo Bonomi planteó dos modificaciones al funcionamiento del CPP que fueron bien recibidas por la Corte y la Fiscalía, y se implementarán en breve mediante una ley interpretativa.

Mieres comentó a El País que "hubo coincidencia en un par de correcciones" al CPP. Una es para disipar las dudas que ha generado el margen de actuación de la Policía en los casos de detención en caso de flagrancia delictiva y de investigación primaria. "La idea es devolverle las facultades anteriores a la Policía", explicó el senador.

La ley interpretativa dejará en claro que la Policía tiene la posibilidad de actuar en investigación y detención.

El otro cambio refiere a la disposición del CPP que establece la negociación entre fiscales y defensores buscando un acuerdo para la reducción de la pena. "En estos casos, mientras se negocia, no se aplicará la libertad anticipada. La pena se paga entera", dijo el senador Mieres.

Hubo además otro planteo en la reunión, pero el fiscal de Corte Jorge Díaz advirtió en la reunión de la comisión sobre su inconstitucionalidad. Ahora los imputados esperan la pena en libertad, salvo que haya riesgo de evasión, hasta que se aplique la pena. "Lo que plantea Interior es que a los reincidentes y reiterantes en vez de esperar la sentencia en libertad se les aplique el mecanismo de la prisión preventiva", explicó.