Idas y vueltas con la violencia doméstica

Dijo que policías van con víctimas de violencia doméstica u201chasta al motelu201d.

Un fuerte altercado político se produjo ayer entre el ministro del Interior Eduardo Bonomi y legisladores de la oposición cuando el jerarca defendió un ar- tículo del proyecto de Rendición de Cuentas que deja en manos de la cartera la decisión sobre asignarle o no custodia policial a una persona con riesgo de sufrir un ataque de violencia doméstica.

El referido artículo es el 83 del proyecto del Poder Ejecutivo, por el cual se establece que para disponer de custodia policial ordenada por la Justicia el Ministerio del Interior deba hacer un informe previo sobre si entiende que corresponde o no, lo cual en los hechos traslada una decisión que debe ser del Poder Judicial a la Policía.

En el curso de la reunión de la comisión legislativa, el ministro se molestó con los reclamos de diputados de la oposición como los nacionalistas Pablo Abdala y Gustavo Penadés, quienes le recriminaron sosteniendo que aprobando ese ar-tículo se estaría "subrogando" la decisión de un juez a la "voluntad" de la Policía, recordándole que "la Policía debe ser auxiliar de la Justicia" y no "al revés, como se pretende", dijeron a El País participantes de la reunión.

Hoy viernes el Ministerio del Interior aclaró que la definición tendría varios pasos. Por un lado se debería obtener u201cla autorización de la víctima aceptando expresamente las condiciones de protección o custodiau201d y u201cen caso de incumplimiento de las condiciones aceptadas se deje sin efecto la medidau201d, sostiene un comunicado. A esto se suma u201cque exista un informe previo del Ministerio del Interior respecto a las condiciones en las que se tiene que hacer efectiva tal medidau201d.

Bonomi llegó ayer su límite de tolerancia cuando se quejó de que debía destinar "600 policías al día" (en turnos de ocho horas cada uno) a cuidar a las víctimas de violencia doméstica, afirmando, incluso que "un policía las tiene que cuidar también cuando van al motel o cuando van al baile". Y la cartera aclaró hoy que esas salidas eran para encontrarse con sus agresores lo que u201cdeslegitima absolutamente cualquier medida de protección incluida la custodiau201d.

Los legisladores del Partido Nacional le pidieron a Bonomi que se retire del articulado de la Rendición de Cuentas la disposición sobre la asignación de custodia por violencia doméstica porque consideran, además de los argumentos políticos, que "no tiene nada que ver con lo presupuestal".

En el curso de la reunión el diputado Abdala le dijo al ministro que no comparte el "informe previo sobre efectividad y viabilidad de la medida" de custodia y que "lo que esto esconde es que el ministerio quiere apropiarse de una facultad que es de los jueces".

"No se puede meter todo en la misma bolsa", insistió, refiriéndose a que puede haber casos a estudiar y otros que no porque son más graves. Respecto a los comentarios de Bonomi, dijo que "el ministro acostumbra a nombrar casos extremos para impresionarnos", como la referencia a la concurrencia de una mujer "al motel" acompañada por un policía.

"¿Usted dice que todas las mujeres que tienen custodia personal incurren en esa conducta?", le preguntó, "porque hablamos de víctimas de violencia de género".

Otro de los argumentos mencionados en la reunión fue que para la oposición se puede estar "afectando la separación de Poderes o el régimen republicano" en la medida en que es al Poder Judicial a quien compete decidir la custodia.

"Esto no tiene nada que ver con el régimen de gobierno", protestó el ministro. Respondió a Abdala diciéndole que "después él sale a la prensa a decir cosas que yo no dije", visiblemente molesto. "No me diga eso. Es usted quien busca siempre chivos expiatorios", retrucó el legislador.

En tanto el diputado frenteamplista Alejandro Sánchez (MPP) admitió que el fin es "brindarle una mejor custodia a las víctimas" y que es posible discutirlo por una ley aparte de la Rendición de Cuentas.

Igualmente Penadés consideró "un exceso" que haya 600 policías por día desafectados del patrullaje callejero y destinados a la vigilancia de víctimas de violencia doméstica.

En el Inciso Ministerio del Interior hay una disposición por la cual se transfieren 200 cargos de policía al sistema PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) a partir de enero, la contratación de 200 becarios para sustituir a personal efectivo en las comisarías sacándolos a la calle y 40 efectivos más para la Guardia Republicana.

Penadés dijo que el sistema de protección a las víctimas tiene problemas de implementación y aplicación que son notorios. "Deben ponerse de acuerdo los jueces, los fiscales y la Policía porque por un lado parece que el ministerio no puede dedicar más policías pero a la vez estaríamos arriesgando la vida de personas", apuntó.

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Los episodios de violencia basada en género, de los que son víctimas mayoritariamente las mujeres, siguen sobre la mesa. El movimiento feminista se sumó a las advertencias en el sentido de que la ley de violencia de género aprobada en 2017 no está debidamente financiada y advirtió que no alcanza con escribir una norma para proteger a las mujeres.

La Fiscalía General de la Nación ya había dejado claro al respecto que requeriría US$ 10 millones para implementar la ley y el Poder Judicial unos US$ 30 millones. Hasta ahora lo presupuestado son solamente $ 80 millones que se destinarán a la compra de "tobilleras", a dar soluciones habitacionales a las víctimas y a campañas de bien público.

Abdala había considerado que "tal como están las cosas, eso (la ley) es letra muerta" en tanto, Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia había señalado a El Observador que "es muy cara esta ley" y que "habría que darle un presupuesto enorme".

En el proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento no hay previsión presupuestal para la ley.

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La Intersocial Feminista concurrió la semana pasada a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde se analiza el proyecto de Rendición de Cuentas. Soledad González, integrante de este grupo, planteó a El País las quejas que tiene el colectivo con las distintas formas de protección a las víctimas de violencia doméstica. Una de ellas es la ley de violencia de género. Al respecto González consideró también que "es un problema grave institucional" que la Suprema Corte de Justicia haya dejado entrever que no aplicará esa norma por falta de recursos. También cuestionó duramente el artículo 83 del proyecto de la Rendición de Cuentas porque, a su juicio, da la potestad al Ministerio del Interior de determinar a qué víctimas brindará custodia y a cuáles no. Este artículo establece que "solo podrá decretarse como medida de protección una custodia personal, siempre que la persona se encuentre comprendida en el sistema nacional de atención y protección integral a víctimas y testigos de delitos y previo informe del Ministerio del Interior favorable respecto a la efectividad y viabilidad de tal medida". "Asimismo, deberá contarse con el consentimiento expreso de la víctima o en su caso el denunciante que se encuentren dentro de un programa de protección del sistema referido. La permanencia del beneficiario en el sistema de protección estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones que supone la medida de custodia personal; en caso de incumplimiento, la medida cesará en forma inmediata, lo cual será comunicado al juez competente", agrega. González cree que esta disposición "es bastante grave porque ¿hay víctimas buenas y malas? ¿Algunas no merecen protección? ¿Se las cuidará según su comportamiento?". González dijo también que con la asignación presupuestal prevista no habrá recursos para crear juzgados multimateria que "responden a una necesidad, porque hoy las causas pueden estar en tres juzgados con jueces que no están conectados entre sí".