Fin de una etapa, comienzo de otra

Blancos piden pasar a la Justicia la regasificadora

Dicen que hubo ilicitudes y que se destinaron US$ 174: a una obra fallida.

El proyecto de construcción de la planta fracasó y provocó “cuantiosas pérdidas al país”.
Foto: archivo El País

El Partido Nacional planteará hoy el pasaje a la Justicia de todos los antecedentes recabados por la comisión investigadora parlamentaria que investigó el proceso trunco de construcción de una planta regasificadora en Puntas de Sayago que, calcula, comprometió recursos del Estado por US$ 177 millones. En un informe de 36 páginas suscripto por los diputados blancos Pablo Abdala, Amin Niffouri y Mario García, que resume las 47 entrevistas que realizó la comisión investigadora hasta marzo pasado, se deslizan duras críticas a la transparencia del proceso y a lo que se considera favoritismo con OAS, la empresa brasileña de construcción envuelta en escándalos de corrupción. Abdala adelantó a El País que si el plenario de Diputados se opone a enviar al tema a la Justicia, los nacionalistas harán la denuncia por su cuenta.

"Es claro que los daños no alcanzaron solo al Estado como persona pública y a sus dos empresas involucradas (Ancap y UTE). Las empresas privadas que participaron como proveedoras o subcontratistas son titulares de créditos por decenas de millones de dólares, contra la constructora OAS, que se han vuelto incobrables. Si bien el concurso de esta está formalmente vigente, las perspectivas de cobro son escasas, y los pequeños y medianos empresarios uruguayos, que confiaron en el proyecto y —muchos de ellos— se endeudaron para realizar el trabajo, han promovido —o están en vías de hacerlo— reclamos judiciales contra el Estado. Para ello, están apoyando su pretensión en la garantía soberana que extendió el Poder Ejecutivo", dice el informe.

Los legisladores critican a la ministra de Industria, Carolina Cosse y a la presidenta de Ancap, Marta Jara, (gerenta de Gas Sayago en uso de licencia) que sostienen que o no hay pérdidas o son menores. "Para apuntalar esa idea —a nuestro juicio, artificiosamente— se ha venido informando periódicamente, desde que la construcción de la planta se detuvo en febrero de 2015, que las obras se retomarían y el proyecto concluiría. Obviamente, nada de eso se concretó", agrega.

Múltiples críticas.

Los blancos realizan múltiples críticas a todo el proceso. Cuestionan que el emplazamiento del proyecto haya supuesto un "apartamiento drástico" de lo estudiado y aconsejado por la consultora Foster Wheeler. Los estudios de suelo realizados, además, fueron inapropiados y la información obtenida de mala calidad, señalan. "Como demostración adicional de cuanto se afirma, cabe dar cuenta de un solo hecho: a fines de 2015 y principios de 2016 con las obras detenidas un año antes, y ya verificada la finalización del contrato con GNLS, la empresa contrató a dos consultoras, a efectos de realizar nuevos relevamientos sísmicos y estudios de suelo, por un lado, y un proyecto de ingeniería, por otro. El gasto fue de US$ 10 millones, y se llevó a cabo con la intención de retomar las obras, intento que, como es notorio, también fracasó", dice el informe.

Los nacionalistas creen que hubo irregularidades e ilicitudes. Entienden que Gas Sayago, conformada por UTE y Ancap, abusó de la posibilidad de moverse en el marco del derecho privado. Los funcionarios que intervinieron lo hicieron con "arbitrariedad visible" en lo vinculado a las dos principales adjudicaciones que recayeron en GNLS y OAS, su contratista: la construcción de la terminal regasificadora y la construcción del gasoducto de interconexión, señalan. Entienden que la adjudicación ya estaba decidida 13 días después de la apertura de las cuatro ofertas que se presentaron. "Fue muy sugestiva la expresión utilizada, para referirse a ese aspecto, por el ex gerente general de Gas Sayago, el ingeniero Pedro de Aurrecoechea: Nosotros teníamos la directiva —no me pregunten por qué— de tratar de terminar el proceso de adjudicación lo más rápidamente posible", escribieron los legisladores. "Tal estrategia secreta —extraña y dudosa— fue confirmada por los testimonios de varios de los jerarcas, agregaron.

Y mencionan los blancos que la consultora Rina, contratada como asesora, planteó el 13 de mayo objeciones sobre GNLS pese a lo cual al día siguiente se le adjudicaron a esta los trabajos. Además, la obtención de la Autorización Ambiental Previa "se realizó de manera irregular" (...) hubo instancias que no se cumplieron". Los blancos cuestionan a las adjudicatarias: a la brasileña OAS por estar asociada a sobornos y al trabajo esclavo, a la japonesa Marubeni por lavar activos y a GDF Suez Latina America Participaciones por delitos tributarios y corrupción en Brasil.

"El contrato es notoriamente gravoso para el Uruguay. (...) Indudablemente, las decisiones que se tomaron respecto a la formulación del contrato, violan, en lo sustancial, el equilibrio de las partes frente a las obligaciones del negocio, elemento sustantivo de los contratos en general y de este —en función de su significación— en particular", creen los diputados.

Poca ayuda

Los diputados creen que Gas Sayago colaboró poco con ellos. Por ejemplo solo informó sobre dos de las 18 empresas que se presentaron a la licitación para construir un gasoducto de interconexión. El proyecto de construcción de la planta fracasó y provocó "cuantiosas pérdidas al país" y perjuicios "en distintas direcciones", señalan.

Tres denuncias.

Presidenta de ancap
Polémica: la generó que Jara mantenga su cargo anterior. Foto: D. Borrelli
Reserva que violaría la constitución.

Los blancos critican que la presidenta de Ancap, Marta Jara, tenga en reserva su cargo de gerenta en Gas Sayago. "Se trata de una nueva irregularidad, (...) Si el fundamento fuera que ello se realiza porque la empresa es propiedad del Estado, configuraría una clara violación del artículo 200 de la Constitución, que impide que los directores de entes autónomos sean nombrados para cargos, ni aún honorarios que directa o indirectamente dependen del instituto de que forman parte", señalan.

Estructura salarial - Ilegal y abusiva
Regasificadora
Gerente cobraba $ 365.556

Los legisladores creen que la estructura salarial de Gas Sayago es ", ilegal y abusiva". En 2017 el gerente general percibía $ 365.556, el coordinador del gasoducto $ 231.085, el director de la obra del gasoducto $199.837 y el especialista en comunicación $ 102.728. En algún caso, según los blancos, las remuneraciones son ilegales porque superan el límite del 60% del salario del presidente de la república fijado para las retribuciones financiadas con dinero público.

Compensación injustificada
Ayer de tarde había varias familias en la playa de Santa Catalina. Foto. F. Flores
23 pescadores cobran hasta el día de hoy

Desde 2014 Gas Sayago le paga una compensación a 23 pescadores de la zona de pesca de Santa Catalina para indemnizarlos por los perjuicios que podrían haber sufrido por las obras. Pero estas están detenidas. Los pescadores fueron "caprichosamente seleccionados", dicen los blancos. "Los legisladores constataron que la indemnización a los 23 afortunados pescadores se sigue pagando hasta el presente, como si tratara de una renta vitalicia", señalan. Entienden que es un abuso de poder.

Salió todo mal 
Obras de la regasificadora. Foto: Gas Sayago

Inviable por desinterés argentino

La posibilidad de que el país invirtiera en una terminal regasificadora fue acordada por todos los partidos políticos en 2010. Pero, según los blancos, la alternativa que eligió el gobierno fue "antieconómica " e inconsistente y no tuvo en cuenta que Argentina, con la que originalmente se iba a encarar el proyecto, se desinteresó. El gobierno anterior "cometió el grave error de seguir adelante", apuntan los diputados. "Lo hizo a partir del supuesto convencimiento de que, a la sustitución de combustibles líquidos por gas natural, se agregarían oportunidades como la del proyecto Aratirí (la frustrada iniciativa de explotación minera)", escribieron los diputados blancos. Agregan que se asumió que Argentina, importaría los excedentes de gas producido en Uruguay dado su déficit energético notorio. "Pero nada de eso aconteció", agregaron los legisladores.

Denuncian favoritismo por OAS

Había objeciones a la propuesta de OAS para construir el tramo subfluvial del gasoducto que iba a ir de la regasificadora al gasoducto "Cruz del Sur" porque suponía un alto riesgo para la integridad de la cañería y porque se constató la falta de experiencia de la empresa en este tipo de obra. Aun así, Gas Sayago le adjudicó a OAS la licitación "pero lo hizo con la indicación de que, para realizar dicho tramo subfluvial", debía contratar a otra firma. "De más está decir que una decisión de estas características, si se tratase del derecho público, constituiría una causa inmediata de nulidad, por la modificación de las bases del llamado y la violación del principio de igualdad de los oferentes. En el contexto que se describe, es obvio que Gas Sayago actuó con clara determinación en el sentido de otorgarle el contrato a OAS de cualquier manera, construyendo una solución a su medida", creen los blancos.

Una rescisión apurada

Los nacionalistas entienden que fue irregular la rescisión del contrato entre Gas Sayago y los adjudicatarios de las obras. La actuación de Ancap al respecto fue "irregular" y "reprochable", creen los nacionalistas, porque la decisión de rescindir fue tomada "en cuestión de pocos minutos, sin informe ni asesoramiento de los servicios de la empresa, y sin que el tema fuera incluido formalmente en el orden del día de la sesión del directorio". "Por lo tanto, el asunto fue ingresado como si fuera un mero trámite . ¿A qué se debió la urgencia? ¿Cuál fue la razón para ese proceder? ¿Por qué se pretendió una actuación por fuera de la estructura de la empresa accionista? Son todas preguntas sin respuestas razonables. Las obtenidas —de carácter lacónico e irracional— son insostenibles", señalan los blancos.

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