ENAJENACIÓN DE PREDIOS SOBRE LA RAMBLA

Blancos exigen que la IMM se involucre en proyecto Buquebus

Defensora del vecino envió carta de preocupación al intendente Martínez

A vuelo de pájaro. Una zona olvidada en la que se plantea una ambiciosa inversión privada. Foto: Fernando Ponzetto.
Una zona olvidada en la que se plantea una ambiciosa inversión privada. Foto: F. Ponzetto.

El edil Daniel Martínez exigió un involucramiento de la Intendencia de Montevideo en la anunciada obra de la terminal de Buquebus junto al dique Mauá y un pronunciamiento sobre los cuestionamientos que desde distintos sectores sociales, académicos y políticos (sobre todo del oficialismo), han surgido hacia la enajenación de los predios.

“Es conveniente enfatizar que todo este proceso se ha llevado a cabo sin un adecuado debate público que involucre a los ciudadanos, sobre todo a los vecinos. Pero mucho peor aún es que las instituciones que deben representarlos, tampoco han tratado este tema en tiempo y forma y con la profundidad que requiere. Me refiero a la Junta Departamental, la Intendencia y el Municipio, entre otros”, dijo Martínez a El País.

“Con fecha 29 de septiembre de 2016 remitimos un pedido de informes solicitando a la Intendencia que nos explique respecto a los trámites de esta iniciativa privada de ‘Los Cipreses S.A.’ (Buquebus) para la construcción de una terminal fluvio-marítima en los predios correspondientes a las carboneras de la Compañía del Gas, linderos al dique Mauá. La consulta principal de la misma estaba relacionada con que se nos brindara información y opinión de la Intendencia respecto de esa iniciativa, consecuencias e impacto que dicha construcción tendría en la ciudad de Montevideo y su relación con el proyecto Museo del Tiempo”, dijo Martínez.

“La respuesta que hemos recibido en mayo de 2018, casi dos años después, es extremadamente escueta, no responde directamente las preguntas realizadas, y solo hace referencia a tres aspectos: a que la IMM no es propietaria de esos dos padrones (son del Poder Ejecutivo); que se le informó por parte de las autoridades municipales a la empresa que no habría inconveniente con la propuesta siempre que cumpliera con varios estudios de impacto, y que se consideraba imprescindible que se conservara el Museo del Tiempo (aunque no dice que está previsto su reducción a la mínima expresión)”, agregó el legislador nacionalista.

“Es muy preocupante que la Intendencia en estos dos años y durante las tratativas en el Poder Legislativo no haya hecho ningún estudio técnico dando una opinión sobre los aspectos normativos y sobre los eventuales impactos de este tipo de proyectos. Tampoco sobre las acciones e inversiones a llevar a cabo por parte de la comuna para adecuarse a esa obra”, agregó el edil del herrerismo.

Vecinos y Defensoría.

Hace dos semanas, la defensora del vecino de Montevideo, Ana Agostino, envió al intendente Daniel Martínez una carta que recibió de un grupo de vecinos preocupados por el futuro de los padrones sobre la rambla.

La misma fue entregada también al director de Planificación Ramón Méndez y a la directora de Desarrollo Urbano Silvana Pissano, con la firma de dos representantes y contando hasta ese momento con una adhesión de 1.200 firmas.

La misiva plantea una serie de preocupaciones referidas a distintos aspectos, incluyendo “la enajenación de bienes públicos de uso ciudadano a privados; el carácter patrimonial de dichos terrenos; la falta de estudios técnicos previos a la enajenación (en particular de impacto de carácter social, ambiental, cultural y de movilidad); modificaciones sobre las condiciones del Río de la Plata y playas vecinas, y la falta de consulta a la ciudadanía”.

Institución de DD.HH. también se pronunció.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de Pueblo también se pronunció sobre el proyecto de ley relacionado con la construcción de la terminal en la Rambla Costanera Sur de Montevideo. En una declaración fechada el 31 de agosto, advirtió que el Protocolo de San Salvador establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano”. Y que “entre esas obligaciones figuran el deber de: a) evaluar el impacto ambiental y hacer pública la información relativa al medio ambiente; b) facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales, entre otras cosas protegiendo los derechos de expresión y de asociación, y c) dar acceso a recursos por los daños causados”.

“Lo expresado anteriormente vincula directamente esa obligación estatal de garantizar el derecho a la participación (Art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) con la necesaria realización de evaluaciones previas de impacto ambiental y el acceso a la información sobre sus resultados (Principio 17 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo)”, agrega la declaración de la Institución de Derechos Humanos.

También recuerda que la normativa ambiental establece una “protección especial” para el espacio costero.

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