DEBATE CONSTITUCIONAL

Una discusión técnica sobre un cambio presupuestal en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) durante la última sesión de la comisión de Constitución y Legislación del Senado terminó en acusaciones de inconstitucionalidad. A su vez, se votó un artículo polémico que enfrentó a blancos y colorados, de un lado, con el Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto, del otro.

En los hechos, con cuatro votos en siete, el FA -con el apoyo del senador cabildante Guillermo Domenech- aprobó un proyecto que propone que las sentencias del TCA sean públicas, y que el organismo deje de cobrar una tarifa para todos aquellos que soliciten acceso informático a los fallos del máximo órgano de la justicia administrativa. Esto supone que el TCA deje de percibir por este concepto cerca de $ 3 millones anuales.

Al tratarse de una modificación presupuestal para un organismo que tiene iniciativa propia en el tema, entran en juego tres artículos de la Constitución -el 86, el 214 y el 220- que a criterio de los blancos y colorados, pero especialmente de la senadora nacionalista Carmen Asiaín, no se cumplieron. La legisladora lo dejó en claro en una breve intervención que realizó durante la interpelación que la oposición llevó adelante el miércoles pasado al ministro Luis Alberto Heber. Allí dijo que el senador interpelante, Charles Carrera, promotor de la reforma, tenía un “apego selectivo” a la Constitución.

Por su parte, durante la sesión de la comisión, Domenech dijo sentirse satisfecho de haber “contribuido mínimamente a la aprobación de este proyecto” y manifestó que su partido “no fue creado para cobrarle cuentas a nadie”. “Nosotros vamos a mirar siempre para adelante. Acompañamos cualquier tipo de propuesta que entendamos beneficiosa, provenga del partido que provenga”, afirmó.