CITACIÓN

Basso deberá declarar ante la Justicia por incumplimiento de sentencias y desacato

El ministro comparecerá ante un juez civil este jueves para explicar por qué no entrega medicamentos, y luego el caso pasará a la órbita penal.

Se hará foco en la prevención de cierto tipo de cánceres. Foto: Fernando Ponzetto
Jorge Basso, ministro de Salud, deberá declarar este jueves ante la Justicia Civil. Foto: Fernando Ponzetto

El ministro de Salud, Jorge Basso, deberá declarar este jueves ante la Justicia Civil para explicar el motivo del incumplimiento de varias sentencias que obligan a su cartera a entregar distintos medicamentos cuya cobertura no prevé el sistema de salud.

El juez en lo civil de 9° turno, Alejandro Recarey, decidió pedir la citación del ministro y del presidente del Fondo Nacional de Recursos (cargo que también recae sobre Basso) a partir de un recurso de amparo en particular, pero atento a la existencia de varios casos de similar incumplimiento. Explicita que elige el camino de la citación personal para no caer en “informes burocráticos”.

A su vez, el juez prevé derivar el caso a la órbita penal. La resolución emitida ayer lunes dice así: “Previo a disponer el pase de antecedentes a la Fiscalía Penal que corresponda, acceder al pedido expreso de parte, y citar a las partes, al ministro de Salud Pública y al presidente del Fondo Nacional de Recursos, para el día 15 del corriente a las 14 horas”.

Recarey señala que “se arbitrará una instancia oral al efecto de que las autoridades expliquen verbal y urgentemente su punto de vista” sobre por qué, a pesar de contar con una sentencia favorable del 23 de julio, y teniendo en cuenta que el medicamento debía entregársele en 24 horas según texto expreso de esa misma sentencia, la demandante no tiene el remedio consigo todavía. La citación se hace “como medida de prudencia”, y luego se enviarán los antecedentes a Fiscalía.

El juez relata que en los 19 días que pasaron desde entonces se demoró la emisión de la orden de compra, y cataloga ese atraso como “relevante en un caso de amparo por medicación de suministro urgente”. En ese sentido, acota que el ministerio “desoye el término claro para el cumplimiento contenido en el fallo”, y agrega: “Posteriormente, y con la misma falta de explicaciones, el ministerio no habría controlado el progreso del proceso de adquisición, sino hasta una vez operada la intimación judicial bajo apercibimiento de desacato”.

Pero además, Recarey plantea que se vio obligado a hacer una doble intimación para lograr el cumplimiento de lo ordenado, y no oculta su malestar al hacer hincapié en lo que entiende “un punto no menor”, que es la falta de explicaciones de las autoridades. “Ni el MSP (ni de suyo, el FNR) informaron al juzgado en modo alguno acerca de las motivaciones del atraso. Dejando a la amparista en una evidente penuria burocrática, que la llevó una vez más a requerir el auxilio de la Justicia”.

Según la resolución, el MSP se comunicó con el laboratorio “recién al día siguiente de la intimación”, y como no había stock del medicamento solicitado, se demoró más. A eso se le agrega un atraso adicional en requerir un informe a la jefa del sector evaluación del departamento de medicamentos del ministerio, para saber si algún otro laboratorio podría proveer la medicina. La respuesta fue negativa.

En suma, el juez quiere oír las explicaciones de Basso sobre cuatro puntos: por qué no se libró la orden de compra en forma inmediata, por qué “no se hizo un seguimiento eficiente de los avatares de ese acto administrativo”, por qué se esperó a la intimación judicial para proceder a pedir un informe, y por qué en ningún momento se puso en conocimiento al juzgado acerca de los motivos de la demora.

“Constatada la desobediencia judicial –continúa Recarey- corresponde analizar las contramedidas judiciales a tomar”. Entonces considera que “deberán poseer la debida contundencia”, y destaca que por tratarse del derecho a vida y la salud, pero también de “la vigencia misma del Estado de derecho”, tendrá que adoptar “las más fuertes herramientas coercitivas”. Expone varios motivos por los que los astrientes (las multas diarias) no resultan efectivos. Y en ese sentido, señala que no le queda “otra opción” que “hacer efectivo el apercibimiento de desacato”. Esto implica que se tramitará la configuración de esa conducta por la vía penal.

El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho que patrocina a la demandante –en este caso, una mujer de 18 años que pide el medicamento ustekinumab para tratarse la enfermedad de Crohn- presentó ante el juez otras cinco situaciones de incumplimiento de sentencia por parte del MSP, en juzgados civiles y de lo contencioso administrativo. Ante esto, Recarey plantea que él está en conocimiento de otro caso más, y por eso señala que la suma “permite conjeturar, en buena lógica, que bien puede estarse ante una política sistemática de desobediencia al Poder Judicial”. El magistrado entiende que “ya sea fruto de una tendencia deliberada” o de “una culpable trabazón burocrática”, el comportamiento del ministerio da la idea de que se está frente a un desacato.

Recarey sostiene que incumplir los mandatos judiciales atenta contra la independencia de poderes del Estado y, luego de referir a una situación más grave en Argentina, alega que en Uruguay, “en las últimas décadas se ha venido verificando un no muy tenue proceso de debilitamiento de las facultades del Poder Judicial”.

Juan Ceretta, el abogado a cargo de este caso, no recuerda antecedentes de una citación así, y menos la derivación de un incumplimiento de sentencia por medicamentos a la Fiscalía Penal.

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