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Un balotaje de medio término

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Debate por la ley de urgente consideración. Foto: Leonardo Mainé

ANÁLISIS

Si la LUC queda en pie, impulsará la proactividad de la agenda oficialista y fortalecerá el ánimo de la coalición multicolor de cara a 2024.

En algo coinciden detractores y defensores de la Ley de Urgente Consideración (LUC): el referéndum de 2022 tendrá consecuencias muy relevantes sobre el escenario político.

Si la ley queda en pie, impulsará la proactividad de la agenda oficialista y fortalecerá el ánimo de la coalición multicolor de cara a 2024. Si la derogación triunfa, serán el Frente Amplio y las organizaciones sociales de izquierda quienes ganarán incentivos para insistir en el ejercicio de la democracia directa y quienes se ilusionarán con un regreso de la izquierda al poder. Teniendo en cuenta la centralidad de esta instancia, ¿qué podemos decir sobre las perspectivas del referéndum a la luz de otras experiencias de democracia directa celebradas en el país?

Comencemos por un componente novedoso: el referéndum que se avecina tiene una inédita heterogeneidad temática. Los 135 artículos de la LUC en disputa van desde el aumento de penas para diversos delitos a la introducción de cambios en la gobernanza de la educación, desde la prohibición del derecho a la ocupación de empresas en casos de conflicto sindical al derecho de portabilidad numérica en la telefonía celular. Esto significa una novedad absoluta en comparación a los catorce ejercicios previos de democracia directa celebrados desde 1989, todos ellos caracterizados por poner a consideración decisiones sobre temas específicos. ¿Cuáles son las posibles implicancias de esta novedosa heterogeneidad temática que introduce el referéndum de la LUC? La más importante, probablemente, sea la mayor centralidad que tendrá el humor ciudadano general ante el gobierno para decidir el voto y la menor importancia relativa que tendrá el posicionamiento sobre un asunto específico. Esto se alinea con el reiterado bautismo que ha recibido este referéndum: “plebiscito sobre el gobierno”.

En segundo lugar, a pesar de la rica historia uruguaya de plebiscitos y referéndums, hay muy pocas instancias celebradas a medio camino entre una y otra elección presidencial. Entre 1989 y 2019, solo contamos con dos votaciones de medio término: el referéndum de las empresas públicas de 1992 y el plebiscito de reforma constitucional de 1996 que modificó nuestro sistema electoral. Distinguir entre instancias de democracia directa celebradas a mitad del período de gobierno, de aquellas realizadas cerca de o en simultáneo con las elecciones presidenciales es clave. Entre otras razones, en un referéndum o plebiscito de medio término, es más factible que la instancia se posicione en el centro del debate público, como seguramente sucederá con el referéndum de 2022 en el tramo final de la campaña.

Si comparamos el actual contexto con el referéndum de 1992, corroboramos una gran diferencia. En aquella oportunidad, el gobierno de Lacalle Herrera acudió a las urnas con un bajo capital político, enfrentado incluso a varios socios previos de su coalición inicial. Esta vez, en cambio, el oficialismo concurrirá con toda la coalición multicolor entusiastamente embanderada detrás de la ley. A pesar de los múltiples paralelismos que se han tejido entre los gobiernos de un Lacalle y el otro, el referéndum sobre la LUC tendrá en realidad una estructura de apoyos y rechazos más parecida a la del plebiscito de reforma constitucional de 1996, instancia en donde los bloques políticos quedaron alineados en “modo balotaje”. Por ello, incluso más nítidamente que en 1996, en 2022 asistiremos a una especie de balotaje de medio término. Aunque no se elegirá entre dos presidentes posibles sino entre sostener o derogar un paquete legislativo, regresaremos a una instancia de decisión binaria que dividirá al sistema de partidos en los mismos dos bloques que compitieron en noviembre de 2019 en un probable clima de alta temperatura política.

Esto también significa que el referéndum sobre la LUC será una oportunidad para observar el nivel de fidelización que presentarán cada una de las fuerzas del bloque multicolor. ¿Apoyarán la ley en igual proporción los cabildantes, los colorados y los blancos, o existirán diferencias sustantivas entre ellos? Esta es una pregunta decisiva. Tanto para ganar el referéndum como para revalidar el poder en 2024, la coalición multicolor probablemente deberá apuntar a una mejor fidelización de su electorado que la lograda en el balotaje pasado.

Por último, ¿qué nos dice la historia respecto a la posibilidad de que el resultado del próximo referéndum anticipe la distribución de preferencias de 2024? En este punto, la distancia temporal con la próxima elección presidencial impone fuerte cautela. El plebiscito de 1996, fuertemente impulsado por blancos, colorados y nuevoespacistas, apenas superó la mayoría absoluta. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 1999 la suma de la votación hacia estas tres fuerzas políticas alcanzó el 58%. Incluso cuando el voto es simultáneo o cercano a la elección presidencial, múltiples ejemplos denotan que está lejos de ser perfecta la correspondencia entre el apoyo a un partido y el apoyo a una iniciativa impulsada por este partido. En octubre de 2009, el Frente Amplio logró la mayoría parlamentaria en primera vuelta y, simultáneamente, el plebiscito por habilitar el voto en el exterior (apoyado por la totalidad de la dirigencia frenteamplista) solo fue apoyado por un 37%. Y, en diciembre de 2003, la derogación de la Ley de Ancap (únicamente impulsada por el Frente Amplio e incluso rechazada por el astorismo) fue apoyada por un 59% del electorado, nueve puntos por encima de la votación que el FA obtendría al año siguiente.

Por tanto, aunque ya sabemos que la mayoría del electorado multicolor apoyará la LUC y la mayoría de los frenteamplistas votará su derogación, el resultado del referéndum no necesariamente será un anticipo de lo que sucederá en noviembre de 2024 o un déjà vu de lo que ocurrió en noviembre de 2019. Al mismo tiempo, el aroma a balotaje de medio término es innegable y el resultado dejará señales relevantes pensando en 2024. Más que un pronóstico, el desenlace será como la tecla F5: actualizará la página donde la ciudadanía, los movimientos sociales y los partidos escriben nuestra historia.

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