Informe

Opacidad en acuerdos con comunas para hacer viviendas.

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) encontró que en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) hay falencias en las rendiciones de cuentas y falta de definición de objetivos específicos, además de ausencia de análisis respecto a si la partida asignada para los diferentes beneficiarios resulta eficiente. La auditoría también cuestionó en su Informe de Actuaciones 2017 los convenios entre la Dirección Nacional de Vivienda y las intendencias y apuntó que en la Secretaría Nacional de Deportes se detectaron partidas sin rendir con una antigüedad superior a tres años y transferencias que no especifican los objetivos a lograr.

El Inefop fue creado en 2008 y su directiva se integra con representantes del Estado, trabajadores y empresarios y tiene como cometido principal ejecutar políticas de formación profesional. La auditoría indica que si bien el Consejo Directivo del instituto definió un marco para la ejecución de sus cometidos, este tiene carencias en cuanto a "falta de definición de objetivos específicos, hitos, e indicadores que permitan medir los resultados objetivamente", "inexistencia de criterios respecto a la elegibilidad del gasto", "controles débiles sobre las rendiciones de cuenta", "ausencia de análisis respecto a si la partida asignada para los diferentes beneficiarios resulta eficiente y suficiente para cumplir con el cometido".

La AIN señala que se comunicaron al instituto los resultados de la auditoría que se realizó y "vencido el plazo legal, no presentó descargos ni plan de acción para la implementación de las recomendaciones".

La auditoría entiende que los controles realizados por la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) sobre la aplicación de los fondos transferidos por convenio a las intendencias y al Ministerio de Defensa Nacional, "no brindan seguridad razonable de que los mismos hayan sido utilizados para los fines definidos y se destinen a la población objetivo". Hay "convenios formulados sin los requisitos mínimos que permitan controlar que se ejecuten en tiempo y forma", "deficiencias en la identificación de los beneficiarios", "falta de documentación que permita demostrar la entrega de las viviendas", y "controles ineficaces para asegurar que las partidas liberadas se correspondan con el avance de obra". "De los 52 convenios celebrados con las Intendencias en el año 2016 se ingresaron solo el 19% en el sistema de Dinavi", dice el informe.

Con respecto a la Secretaría Nacional de Deportes, se indica que hay "ausencia de coordinación entre organismos públicos que financian actividades deportivas, pudiendo generar duplicación de recursos en detrimento de otros objetivos", "transferencias sin especificar los objetivos a lograr, ni indicadores o elementos que permitan medir el grado de avance y el resultado obtenido" y "partidas sin rendir con una antigüedad superior a tres años y en el caso de las rendiciones presentadas con informe de revisión limitada, no se tuvo evidencia de la realización de actividades de control complementarias que permitan verificar la autenticidad e integridad de los comprobantes rendidos".

La auditoría tiene dudas sobre la comisión honoraria que administra el plan de obras para el hospital Pereira Rossell porque hay "inexistencia de documentación que asegure la realización de controles por parte del Departamento de Arquitectura", lo que pudo afectar la calidad de las obras.

La auditoría tiene reparos sobre el funcionamiento del Área de Fondo de Bienes Decomisados (FBD) de la Junta Nacional de Drogas porque "se constataron vulnerabilidades que determinan que no sea posible asegurar razonablemente la integridad del fondo, ni que los bienes se hayan gestionado en forma eficiente". "La información relativa a los bienes se encuentra fragmentada, no siendo posible obtener una trazabilidad de los mismos, dado que las unidades del FBD no cuentan con una estandarización de tareas, registros y archivo de documentación, sino que cada uno las realiza en función de su experiencia", dice el informe de la auditoría.

Recomienda promover acciones con el propósito de lograr que todos los organismos involucrados asuman el compromiso de proporcionar la información de que disponen de manera oportuna para que el área FBD tome conocimiento del comienzo de causas judiciales.

Aconseja también registrar las medidas de administración adoptadas para cada bien. También pide establecer un cronograma para la depuración de la información contenida en el sistema, fijando los criterios, plazos y responsables.

La FBD le respondió a la AIN que estaba desarrollando un sitio web con el que se controlarán todos los bienes incautados y decomisados.