INFORME

Auditoría detecta “debilidades de control significativas” y riesgos “extremos” en el Plan de Alimentación Escolar

Informe oficial recomienda a las autoridades educativas que tomen acciones “a la mayor brevedad posible” por al menos siete debilidades encontradas

Comedor escolar en la escuela Brasil. Foto: Fernando Ponzetto
Comedor escolar en la escuela Brasil. Foto: Fernando Ponzetto - Archivo El País. 

En julio del año pasado, las principales autoridades de la enseñanza acudieron a la comisión de Educación del Senado y plantearon que iniciarían una investigación para conocer si se había “malgastado dinero” en alimentación escolar. Más de ocho meses después, un informe realizado por la Auditoría Interna de la Nación detectó “debilidades de control significativas” en el Programa de Alimentación Escolar durante el período comprendido entre julio y setiembre de 2019.

Según el informe —de 20 páginas y en el que se clasifican las debilidades según el riesgo que significan—, el programa alimenticio cumple su función básica: alimentar a la población en edad escolar para un mejor aprovechamiento de los aprendizajes. Pero, desde lo administrativo y contable, se hallaron cuatro fallas de riesgo “extremos”, dos de “alto” riesgo y una de riesgo “medio”.

La principal conclusión a la que llegan los auditores, y que coincide con la duda que habían planteado las autoridades educativas en el Senado, es la “ausencia de controles en la cantidad de porciones diarias solicitadas a las empresas” tercerizadas o semitercerizadas que brindan el servicio.

Entre julio y setiembre de 2019 las escuelas solicitaban a las empresas casi siempre la misma cantidad de porciones: el tope máximo de comensales que pudieran esperarse según la matrícula verificada a comienzos de año.

Eso no consideró, por ejemplo, tres días de alerta meteorológicas o paros en las que acudieron efectivamente muchos menos niños que los matriculados. En esos días más excepcionales, “el 43% no solicitó una cantidad menor de porciones”.

La auditoría no señala a ningún responsable del problema, pero advierte que esto supone tres riesgos: que falten o sobren porciones, que el programa incurra en gastos innecesarios, y una colusión con las empresas contratadas.

En ese sentido, la Auditoría Interna de la Nación recuerda que Primaria ya cuenta con un sistema informático (GURI) que le permite concluir casi en tiempo real qué cantidad de comensales son esperables cada día o cuántas deberían ser las bandejas entregadas.

Este problema es más notorio en los comedores que funcionan con regímenes tercerizados o semitercerizados, porque los insumos y la elaboración no dependen 100% del centro educativo y de sus funcionarios.

Incluso siendo una parte minoritaria del Programa de Alimentación Escolar (153 escuelas en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado, frente a 2.055 que tienen el sistema tradicional de cocinas dentro de la institución), sus gastos suelen ser más elevados: en marzo de 2019, un almuerzo en un comedor tradicional le costaba al Estado $ 25, mientras que en un comedor tercerizado valía entre $ 103 y $ 119.

La falta de control de las porciones también deriva en una ausencia de control de las donaciones. La normativa de Primaria establece que el sobrante de alimentación, siempre y cuando se haya mantenido la cadena de frío y no se haya precalentado la comida, debe ser donado a organizaciones que la dirección escolar entienda justificable. Eso debe contar con un registro, un control de lo que las empresas donan y a quién lo hacen. Sin embargo, dice la auditoría, “no se proporcionó documentación que respalde la aprobación del programa previo a realizar una donación”.
De la documentación proporcionada a los auditores, cuando la había, “se constató que en el 82% de los casos no hay justificación que determine la donación, por lo cual el PAE desconoce los motivos por los que se generaron los sobrantes”.

Otra de las fallas extremas detectadas fue la falta de control de los equipos técnicos: las nutricionistas visitan las escuelas una o dos veces al año, hacen los registros en formato papel y no responden a una referente porque carecen de un cargo jerárquico a quien reportar.

Además, los auditores hallaron “irregularidades en el procedimiento de sanciones a las empresas”. En concreto: los descuentos casi no se aplican y solo se han hecho en casos extremos por: niños sin comer, objeto extraño en la comida, incumplimiento del horario de entrega del servicio y peso inferior a lo estipulado.

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