CONFLICTO PORTUARIO

En el Puerto de Montevideo todo el mundo sabía de las tensiones entre la compañía belga Katoen Natie Group, socia mayoritaria de la empresa público privada en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la otra adjudicataria, Montecon y la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Katoen Natie controla el 80% de TCP, el restante 20% pertenece al Estado y es administrado por la ANP. La empresa entiende que su socio habilita, de manera irregular, que su competencia haga uso de los muelles públicos sin la debida autorización. Durante casi diez años presentó reclamaciones de todo tipo sin obtener una respuesta satisfactoria.

Llegó un punto en que la situación no dio para más y los belgas se presentaron en los tribunales. Fue así que el pasado 14 de febrero la empresa notificó al Estado uruguayo su decisión de iniciar una demanda por US$ 1.500 millones.

De esta forma se aplica la solución de controversias prevista en el tratado de inversiones entre Uruguay y Bélgica-Luxemburgo. El tribunal elegido por las partes es el Ciadi, una institución del Banco Mundial especializada en este tipo de litigios con sede en Washington, Estados Unidos.

El caso se produce en medio de la transición. Alberto Díaz abandonó la dirección de la ANP el 14 de febrero. Se jubiló. Ahora el organismo está en manos de Ignacio Berti, quien también integra el directorio de Ancap. Juan José Domínguez, miembro del directorio de la ANP, quien se encuentra de licencia, estuvo todo el período y ayer habló con El País sobre la demanda millonaria.

“Es una serie de cuestiones que vienen desde el comienzo de las cosas. En un cambio de gobierno Katoen Natie se plantea unos cambios radicales. Tiene ver con cómo ellos consiguen la extensión del plazo o cambios en las cuentas. Ellos al no cumplir con los mínimos tienen deudas con nosotros. A mí me sorprendió. Seguramente se iniciarán acciones legales”, afirmó el jerarca.

La compañía sostiene que no alcanza los movimientos mínimos porque la ANP privilegia a su competidor Montecon.

“Eso lo dijeron siempre porque no toleran que en los muelles públicos pueda trabajar su competencia. En todos los puertos del mundo la competencia es cosa seria”, dijo Domínguez. “Acá en ningún momento ninguno de los dos probó la exclusividad de su uso. Ellos son especializados en contenedores pero no son exclusivos en todo el puerto. Montecon también puede trabajar contenedores”, afirmó.

Domínguez resaltó que “el trato (con la compañía) siempre fue con dificultades porque las ventajas que ellos quieren obtener no condicen con las necesidades portuarias, por ejemplo con el tema de las tarifas, siempre quedaron por encima de lo que pensábamos para ser más competitivos”.

Con respecto al monto de lo solicitado por la empresa belga, Domínguez dijo que es un “pelotazo tremendo”. “Nunca había oído esa cifra, lo hacen como un gran llamado de atención para que todo el mundo se ponga a mirar esa situación, lo más probable es que se hagan reuniones más seguido”, dijo Domínguez a El País.

El senador Jorge Gandini siguió de cerca el caso desde la comisión de Transporte de la Cámara de Representantes durante todo el período legislativo pasado.

“Esto es muy preocupante, el gobierno saliente sabe de esta situación y no ha reaccionado, no hacer nada es una forma de responder. Dejan que las cosas sucedan cuando saben que hay un reclamo importante”, dijo el ahora senador.

Gandini destacó que la compañía viene anunciando su decisión hace un “tiempo importante” ya que la demanda puede tener consecuencias económicas “muy graves” para el país. “Es una compañía que ha invertido mucho en Uruguay y que ha advertido al sistema político sobre los incumplimientos del Estado y los beneficios a otra empresa. Si no se resuelve rápido, lo van a resolver los tribunales internacionales”, dijo.

El legislador cree que el caso “está en la etapa de la ejecución” y que “Uruguay dejó vencer los plazos” por lo que “el próximo gobierno deberá prestar mucha atención y actuar muy rápidamente, quedan algunas semanas para llegar a algún entendimiento, si es que es posible, el margen se agota”.

El director nacionalista en la ANP, Juan Curbelo, afirmó que “es un tema muy complejo que lo viene manejando la Presidencia de la República”. Curbelo, que suena para presidir la ANP, aseguró que prefiere “analizar en profundidad los reclamos para luego fijar posición”. “Conozco el proceso, pero el tema es tan importante que prefiero no opinar, cualquier cosa que diga puede ser utilizada de una manera o de otra”, afirmó.