PODER LEGISLATIVO

El año legislativo sufre en la campaña electoral

El Frente Amplio pretende sancionar varias leyes relevantes.

Los coordinadores de las bancadas políticas recién se reunirán a planificar la actividad a comienzos de mayo. Foto: G. Pérez
Los coordinadores de las bancadas políticas recién se reunirán a planificar la actividad a comienzos de mayo. Foto: G. Pérez

Año legislativo y año electoral han sido, históricamente, algo difícil de compatibilizar. El quinto año de una administración se usa por lo general para la definición de propuestas planificadas con anticipación por el Poder Ejecutivo y, en este caso, por la bancada mayoritaria del gobierno.

Pero en este 2019 la actividad legislativa ha caído antes de lo previsto, quizás por el anticipo de una campaña electoral que todo indica será más reñida que las anteriores. Esto demanda la atención de los legisladores de todos los partidos y, en consecuencia, resiente el trabajo de las cámaras.

Al contrario de lo que sucede en otras ocasiones, la Semana Santa no fue dedicada por legisladores de todos los partidos a descansar sino a acentuar la campaña, tanto en las criollas de Montevideo en el Prado y Canelones en el Parque Roosevelt, como en el resto de los departamentos del interior.

Tampoco dejó de haber actos y lanzamientos de agrupaciones en la capital del país por más desolada que pareciera algunos días.

Este año, según lo dispone la Constitución en su artículo 104, el período legislativo finaliza el 15 de septiembre, un mes y medio antes de la celebración de la primera vuelta de la elección nacional. Pero quizás termine bastante antes, habida cuenta de lo raleado que están las agendas del Legislativo.

De acuerdo con consultas efectuadas por El País en las bancadas del oficialismo, las expectativas de sancionar leyes relevantes en el Parlamento son algo ambiciosas: sancionar antes de esa fecha límite la ley antiterrorista (está en el Senado), la ley orgánica de las Fuerzas Armadas (Diputados), y la ley de financiación de los partidos políticos (Diputados).

En Diputados la oposición espera por algunas negociaciones, mientras que el oficialismo busca un acuerdo en la interna para aprobar la ley orgánica militar, que la semana próxima irá a votación en la comisión respectiva.

Otra de las prioridades apunta a impulsar una vieja idea del Frente Amplio: el cambio del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que es el organismo que controla todos los centros de reclusión, sacándolo de la órbita del Ministerio del Interior y llevándolo a esferas de Educación y Cultura.

El diputado Jorge Pozzi adelantó a El País que en estos momentos hay una comisión bicameral con senadores y diputados trabajando en eso.

Prioridades

La ley antiterrorista que pretende impulsar el Poder Ejecutivo es toda una innovación en la agenda.

El proyecto de ley, remitido en noviembre de 2016, se encuentra en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que lo tratará hoy por primera vez.

Según el gobierno, el proyecto de ley pretende poner al país en sintonía con las legislaciones que han venido adoptando distintos países en materia de terrorismo, sobre todo en la Unión Europea y Estados Unidos, pero también en varios países latinoamericanos.

La iniciativa sobre reforma de la ley orgánica militar, que data de 1974, es compleja. Tiene más de 170 artículos y es materia de negociación en la propia interna del Frente.

Prevé la disminución de la cantidad de oficiales generales y superiores (coroneles) en el Ejército, así como otras disposiciones que necesitan ser actualizadas porque tienen décadas.

Donde tampoco están claras las mayorías del Frente Amplio es en la forma de regular la financiación de los partidos políticos. En la oposición no se ven votando esa iniciativa porque se considera que significa cambiar las reglas del juego cuando la campaña electoral ya ha comenzado hace un buen rato.

Pero hay numerosas iniciativas que seguramente quedarán sin sancionar. En esa lista se encuentra el proyecto que regula el uso y otorgamiento de viáticos en el caso de los funcionarios públicos. Ya fue votado en Diputados este proyecto que fuera presentado por legisladores del Frente.

También espera en el Senado un proyecto del senador colorado Pedro Bordaberry por el que se modifica la ley de faltas relativas a actividades en los espacios públicos. Y otro del senador nacionalista José Carlos Cardoso relativo a la suspensión del subsidio para cargos políticos cuando se produzca un procesamiento o acusación.

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