DEMORADO

Álvaro Delgado negocia con Guido Manini Ríos por la ley de medios

El proyecto se presentó en abril de 2020. Discutieron modificaciones en el Parlamento, pero ahora negocian el senador de Cabildo Abierto y secretario de Presidencia.

Guido Manini Ríos y Álvaro Delgado. Foto: Leonardo Maine.
Guido Manini Ríos y Álvaro Delgado. Foto: Leonardo Maine.

La ley de medios no se aprobará este año por diferencias en la coalición. El asunto ya no está en manos de los diputados que integran la Comisión de Industria, sino que lo dirimen directamente el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en abril de 2020 y todavía sigue sin sancionarse. Un día antes de que comenzara la votación en la comisión de Diputados, en junio de este año, Cabildo Abierto planteó reparos y modificaciones.

El mes pasado circuló la versión de que Manini había dado “luz verde” para la aprobación que viene siendo reclamada por cableoperadores, pero cuando legisladores fueron a hablar con él les transmitió que no era así.

“El que está trancando es Cabildo”, dijeron ahora a El País fuentes de la coalición. Dos puntos estancaron la ley: “Incluir que los medios debían ser imparciales” y el financiamiento de los partidos políticos, que ya estaba a estudio en una comisión especial.

Pero la no aprobación está relacionada a otras dos iniciativas que presentó Cabildo Abierto: la ley forestal y la prisión domiciliaria para mayores de 65. Ambas son prioridades para el partido, que pretende aprobarlas con el voto de la coalición. Si hubiera respaldo de blancos, colorados y del Partido Independiente a estos dos proyectos, a cambio se daría el aval a la ley de medios.

El diputado nacionalista Eduardo Lorenzo, presidente de la comisión de Industria, dijo a El País que “el Ejecutivo está negociando con Cabildo por el articulado de la ley de medios”.

En tanto, el diputado colorado Martín Melazzi señaló que Cabildo solicitó tiempo para modificar cuatro artículos en los que hubo consenso a nivel de coalición, pero dos generaron reparos. “Uno es el de financiación de los partidos y el otro el que coarta la libertad de prensa”, describió el legislador.

Consultado por El País, el diputado cabildante Sebastián Cal dijo que el punto acerca de que los medios debían ser imparciales ya no está sobre la mesa, en tanto aseguró que “la pelota está en la cancha del Partido Nacional”.

“He puesto toda la buena voluntad, y todos los agregados que tenía para hacer, los hice. El pedido de los cables es legítimo y me sorprendió que ninguna de las dos propuestas que realicé en la Rendición fueran llevadas adelante”, indicó Cal, en referencia a la idea de habilitar a los cables a ofrecer internet y subir el mínimo no imponible de impuestos a las radios.

El reclamo de cableros.

 La postergación de la aprobación de este proyecto impacta directamente en los intereses de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), en donde el sentimiento predominante es que ya esperaron suficiente. Entienden que el sector -los cableoperadores del interior- está hundido en una crisis profunda, agudizada aún más por una disposición específica en la ley de medios vigente por la cual se les prohíbe brindar internet como alternativa al servicio que ofrecen.

El presidente Luis Lacalle Pou les prometió durante la campaña electoral una solución a este problema, “y la promesa ha sido incumplida una y otra vez”, dijo molesto a El País Washington Melo, presidente de la CUTA. El asunto iba a tener solución con la nueva iniciativa, que deroga la legislación actual y se propone específicamente dejar sin efecto el artículo 56 de esa norma, que es el que contiene la prohibición.

Como la discusión se dilató, Cabildo Abierto decidió que este aspecto fuera tratado en la Rendición de Cuentas, contemplando justamente la necesidad de los cableoperadores de abrir su mercado cuanto antes. Pero a último momento los liderados por Guido Manini Ríos plantearon en la interna de la coalición que si se habilitaba también expresamente a las empresas de cable de Montevideo, no iban a apoyar la disposición. Y no lo hicieron: le ley presupuestal se aprobó dejando de lado el reclamo del sector.

Por eso es que los cableoperadores ahora tienen dos objetivos concretos: el primero es pedirle explicaciones a Manini, lo que harán el próximo martes en una reunión con el senador; y el segundo es la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vigente (ver aparte) para que sea el Poder Judicial el que los habilite. “Independientemente de la reunión con Manini, al que le vamos a preguntar por qué está tan quieto nuestro tema, vamos a recorrer el camino judicial”, anunció Melo.

La opción de recurrir a la Suprema Corte de Justicia había sido hasta el momento su plan B. “Porque el plan A siempre fue que la coalición nos otorgara la licencia, pero han incumplido desde que plantamos esto hace dos años al presidente, cuando ya la situación era muy compleja”, agregó el empresario. Es que en la medida en que no pueden abrir su abanico de ofertas, la irrupción de nuevas plataformas de contenidos on demand que se ofrecen sin la intermediación de las empresas les seguirán haciendo mella. “Ya hay una empresa de cable de Rocha que va a cerrar en estos días”, lamentó Melo en ese sentido.

Empresas reclaman libertad de comercio

n El recurso de inconstitucionalidad que CUTA está preparando será presentado por 40 de los cerca de 80 cable-operadores reunidos dentro de la asociación empresarial. Según supo El País, hay algunas empresas -ubicadas en localidades pequeñas, por ejemplo-, que decidieron esperar a tomar ese camino, porque los costos implicados en la asistencia letrada y el proceso judicial son elevados para su dimensión. Pero en CUTA igualmente consideran que las 40 que planifican ir a la Justicia son un “número importante”, dijo su presidente, Washington Melo. El planteo de la inconstitucionalidad es el camino que ya siguieron las tres empresas de cable de la capital -TCC, Nuevo Siglo y Montecable-, quienes hoy por hoy, al contar con fallos a su favor, ofrecen el servicio televisivo tradicional, además de internet. El argumento es que el artículo 56 de la actual ley de medios viola la libertad, y específicamente la libertad de comercio, cuando la carta magna define que solo se pueden limitar derechos y libertades en razón del interés público o general.

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