Declaración

Alianza pide postergar a UPM y financiar la “emergencia nacional”

Sector de Larrañaga y Por la Patria proponen dar otro fin a algunos fondos.

Las inundaciones provocaron la reacción del grupo de Jorge Larrañaga. Foto: Luis Pérez
Las inundaciones provocaron la reacción del grupo de Jorge Larrañaga. Foto: Luis Pérez

Los movimientos Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, y Por La Patria, que conduce el diputado Jorge Gandini, aprobaron este fin de semana una declaración en la que piden postergar los fondos destinados “a las obras cuyo único destinatario será la multinacional UPM”, para “priorizar la atención a la emergencia que sufre parte del país y su población”.

Es una declaración de fuerte contenido crítico hacia el gobierno del Frente Amplio, y de confrontación con la empresa que contrasta con la postura del otro movimiento político nacionalista, el sector Todos de Luis Lacalle Pou, que se ha mantenido en silencio recientemente sobre el proceso de inversión para construir una nueva pastera.

Los movimientos nacionalistas aprobaron ayer una declaración en la que señalan que “ante la emergencia social, productiva y de infraestructura que sufre parte de nuestro país, los diputados y senadores de Alianza Nacional y Por la Patria, declaran su disposición para encontrar soluciones urgentes para la dramática situación que atraviesan familias, productores y el propio Estado nacional y departamental”.

A su vez, señalan que “en varias ocasiones propusieron la creación de un Fondo con recursos disponibles para enfrentar emergencias surgidas de eventos climáticos imprevistos, incluso un Fondo Salto Grande para el Desarrollo, financiado con parte de las utilidades de la represa, para mitigar impactos de eventos climáticos en Artigas, Salto y Paysandú”.

Asimismo, el sector nacionalista recuerda que “en 2017 propuso la creación de un Fondo Nacional para Emergencias Climáticas (FNEC), utilizando 45 millones de dólares de los 170 millones acumulados en el Fondo de Estabilización Energética, cuyos excedentes finalmente fueron destinados, casi en su totalidad, para las obras de AFE y las expropiaciones vinculadas al tren para UPM”.

E insisten en que “la opción hecha por el gobierno y la mayoría frenteamplista, destinando a UPM II recursos surgidos del ahorro público -obtenido por el sobreprecio en la tarifa de UTE-, impidió que el país contara con un Fondo creado por ley y con recursos disponibles y suficientes para enfrentar inmediatamente emergencias sociales y materiales como la actual”.

Por eso, a modo de conclusión de su diagnóstico sobre la situación, los grupos blancos declararon que “ante esta grave situación el gobierno nacional debe ayudar a ciudadanos e instituciones destinando recursos económicos para resolver los problemas de vivienda, caminería, infraestructura urbana y atención a los productores afectados”.

Y para ello los movimientos “entienden que deben utilizarse parte de los fondos destinados a las obras cuyo único destinatario será la multinacional UPM -postergando o enlenteciendo su ejecución, si fuera necesario- para priorizar la atención a la emergencia que sufre parte del país y su población”.

Lacalle Pou no se ha pronunciado sobre el tema desde hace un año y medio aproximadamente, cuando aún el gobierno estaba en etapa de negociaciones de un acuerdo con UPM. Lacalle Pou se expresó entonces a través de su cuenta de Twitter para criticar el hecho de que en mayo de 2017 su sector solicitó convocar a comisión a los ministros para conocer detalles de las negociaciones y no recibió respuesta. “Preocupa el silencio”, dijo en esa ocasión.

Abdala: el tema se va para el Parlamento
Diputado Pablo Abdala. Foto: Francisco Flores.

Cuando la comisión de Constitución de Diputados retome su funcionamiento, el miércoles 6 de febrero, el representante nacionalista Pablo Abdala propondrá analizar la petición de un grupo de personas que se opone al acuerdo firmado en 2017 entre el Estado y UPM por considerar que tiene disposiciones inconstitucionales.

“Creo que la denuncia es razonable y los planteamientos son muy sólidos. La única debilidad es que no especifica a qué autoridad consideran que se le debe iniciar el juicio político”, dijo Abdala. Su idea es convocar a comisión al secretario de Presidencia, Miguel Toma, y al prosecretario Juan Roballo, para que expresen la posición del Poder Ejecutivo sobre el contrato con la firma. También podría invitar a ministros que intervinieron en la negociación.

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