HALLAZOS EN AUDITORÍAS

El Ejército compró medicamentos a un precio más alto de las referencias del mercado para vender entre su personal. La información surge de una investigación de la Auditoría General de la Nación que detectó una larga lista de irregularidades en las “Cantinas Militares”.

Entre otras cosas, puso a conocimiento público que no hay controles de stock en los depósitos y puestos de venta, los que garanticen la real venta o finalidad del servicio, dejando un escenario de falta de transparencia en las operaciones donde no se garantiza la legalidad del proceso.

Se concluyó que la gravedad de esas irregularidades hace que no se pueda garantizar que la compra y venta de estos medicamentos se haga bajo todos los criterios de transparencia, legalidad y administración.

Es por eso que el informe alerta del “riesgo extremo” de irregularidades en la venta de esos medicamentos, en algunos casos a precios “superiores” a los de referencia para el país.

El informe explica la magnitud de este exclusivo servicio militar. “El Servicio de Cantinas Militares (Sccmm) surge con el objetivo de proporcionar al personal militar y su familia artículos de primera necesidad en condiciones accesibles y beneficiosas, a través de cantinas en los distintos Batallones y/o Brigadas. Actualmente, incluye la venta de otros bienes, como por ejemplo medicamentos y electrodomésticos, a través de puntos de venta en todo el país”, detalla el documento publicado ayer en la tarde en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El organismo depende del Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE), del Comando General del Ejército (CGE), Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). La investigación de la Auditoría investigó 15 hallazgos, de los cuales cinco los catalogó como de riesgo “extremo”.

“No es posible asegurar que: i) los procedimientos se realicen bajo criterios de transparencia, legalidad y buena administración; ii) que los controles implementados sean suficientes para garantizar que la información financiera y de gestión sea íntegra, confiable y oportuna”, concluye el documento.

Una de las principales observaciones fue que el servicio no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública para la venta de medicamentos. Además, se aparta de la normativa en cuanto a la contratación de personal civil y la gestión de fondos.

A su vez se denuncia que se produce la “venta de medicamentos sin criterios definidos en cuanto a cantidades de compra permitidas por usuario, que determina que no se pueda asegurar que las mismas hayan sido efectuadas para el consumo exclusivo de los beneficiarios del servicio”.

Incluso tomaron 14 muestras de medicamentos adquiridos y se constató que en 12 casos se pagó por arriba del precio de mercado para el país.

Esas compras se realizaron de forma directa a los laboratorios, y fueron efectuadas indistintamente por tres funcionarios de la Unidad Centralizada de Adquisiciones.

“Asimismo los inventarios mensuales en los despachos de medicamentos son efectuados por dichos funcionarios o por los encargados de los despachos, por lo que no existe la debida oposición de intereses”, agrega el informe de la auditoría.

Como no hay control de los stocks de medicamentos el informe concluye que el riesgo de que se pague por encima del precio del mercado es alto, así como también se están realizando “pagos por medicamentos no recibidos y/o pagos duplicados”.

Incluso, lo que sucede es que esas irregularidades y falta de transparencia exponen al servicio a otro riesgo: “el faltante de mercadería”, dice el informe.

Auditoria en el Mides encuentra comprobantes duplicados de ONG

En el caso del Mides, la Auditoría General de la Nación se focalizó en estudiar los controles sobre las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y cooperativas de trabajo. El estudio concluyó que “las actividades de control presentan debilidades significativas que afectan los principios de transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos”.

Observaron liberación de partidas con fondos pendientes de rendición. No se exigió que los gastos de administración se rindan mediante la presentación de la documentación que justifica el gasto. Incluso advierten por la falta de garantías para detectar si las organizaciones se encuentran al día con el pago de los alquileres. Entre las irregularidades de la documentación presentada para las rendiciones de gastos, encontraron que no se cumplen con las formalidades exigidas normativamente. A su vez detectaron que hay con comprobantes duplicados “o con gastos rendidos que por su naturaleza no corresponden”. Un ejemplo es una factura correspondiente a alimentación por $ 46.200 rendida dos veces dentro del mes de diciembre 2019 por una organización. En otro convenio se constató un salario vacacional rendido en enero 2019 y duplicado en la rendición de febrero del mismo año por la suma de $72.859.