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Alerta por la liberalización del transporte de combustible

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Acuerdo supone que BCU vende a Ancap US$ 20 millones por mes a precio fijado: Foto. F. Flores
Camiones cisterna de Ancap esperando cargar combustible en el polo logístico La Tablada de Ancap en Cno. Lecoq, nota por falta de combustibles por conflicto en Ancap , ND 20120903, foto Francisco Flores - Archivo El País
Archivo El País

Medida desregularizadora

Resolución de Ancap se adoptó tras el paro; inquietud en trabajadores.

A 10 días de finalizar el año 2018 y luego del paro de transportistas que provocó un importante desabastecimiento de combustible, el directorio de Ancap resolvió liberalizar el mercado de transporte e incluir a empresas hoy no registradas.

Según explica la resolución del ente —a la que tuvo acceso El País— actualmente solo se habilitaba la carga en las plantas de Ancap a las unidades que se encuentran registradas en la base de datos del ente por contar con un permiso. De ahora en adelante, se autorizará a cargar a "todas las unidades que soliciten ingreso" y que acrediten el cumplimiento de la normativa técnica existente. Tal decisión fue comunicada a las distribuidoras Ducsa-Canopus, Axion y Petrobras.

Consultada por El País, la presidenta del ente Marta Jara explicó que tomaron la medida porque el funcionamiento actual del transporte de combustible "no favorecía el desarrollo de una cadena eficiente". Según la jerarca, "se están estudiando otras medidas y se podrán informar una vez definidas las mismas".

El cambio en las reglas de juego apunta a "promover una mayor confiabilidad y eficiencia en las condiciones competitivas del sistema de transporte y distribución de combustibles", indica la resolución. Tal decisión estuvo sobre la mesa, el 17 de diciembre de 2018, en una reunión con los representantes de las principales empresas transportistas que pidieron no eliminar el requerimiento de los permisos argumentando que era "inconveniente".

En el ente se sostiene que la existencia de estos permisos de ingreso de carácter administrativo son una restricción de la oferta del mercado, que "impide la participación de otros transportistas que cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y de seguridad necesarios redundarían en una mejora de la oferta de los servicios".

Pero la resolución de Ancap, también hace referencia al paro de transportistas que provocó a principio de diciembre un importante desabastecimiento de combustibles como consecuencia de una medida gremial adoptada tras un accidente que tuvo lugar en la planta de La Tablada. Para resolver la situación, el gobierno decidió decretar la esencialidad.

El ente sostiene que la medida adoptada "no se encuentra motivada en la medida gremial tomada por los choferes de los transportistas", ya que en el Poder Ejecutivo se están analizando medidas tendientes a mejorar la eficiencia".

El presidente de la Unión de Transportistas de Combustible (UTC), Oscar Benavídez dijo a El País que como empleados se verán afectados por la medida, que "en grandes términos" definió como una liberación del mercado de combustibles, de fletes y precios. "Lo que se busca es que el propio mercado se autoregule, Ancap trata de deslindar responsabilidad, juega con la pelota pero sigue siendo el dueño de la pelota", indicó.

Benavídez dijo que la medida "surge a raíz del último conflicto" que provocó el desabastecimiento, a pesar de que Ancap lo niegue. "Ya venían pensando en cambiar las reglas de juego, pero Ancap se enojó (por el paro) y aprovechó para aprobar esto. En ese sentido le dimos una oportunidad. Está claro que fue por el conflicto de choferes, porque nadie aclara lo que no se le pregunta", admitió.

Los transportistas entienden que a ellos los afectará la medida. "Estamos escuchando y viendo lo que va a pasar, estamos estudiando y después veremos", explicó. Concluyó que están en "alerta" y "expectantes". El País consultó a la Asociación de Fleteros de Combustible pero no obtuvo respuesta, en tanto en la Unión de Vendedores de Nafta no quisieron emitir comentarios sobre el tema.

Parlamento.

A nivel del Parlamento se sigue con atención la resolución adoptada por Ancap en relación a la distribución de combustible. El diputado Marcelo Bacigalupi (Partido Nacional) dijo a El País que la decisión adoptada por el ente "no es demasiado conveniente si no está bien fundamentada". Según dijo, el sistema de transporte de combustible "funciona bien", más allá de problemas puntuales a nivel sindical y representa apenas el 10% del precio del combustible.

"Las empresas transportistas han hecho fuertes inversiones, los vehículos están en buenas condiciones y el liberalizar permite una especie de Uber del transporte de combustible", consideró.

El contexto

En Uruguay hay alrededor de 300 camiones que se dedican al transporte de combustible y unos 60 son propiedad de dueños de estaciones de servicios.

Las distribuidoras (Axion, Ducsa y Petrobras) contratan la mayoría de los fletes. La medida todavía no ha tenido efectos porque no se han confirmado ni rescindido contratos con fleteros, dijeron a El País fuentes del sector.

Los camiones cargan combustible en las plantas de Ancap de La Tablada (Montevideo), Durazno, Treinta, Paysandú y Juan Lacaze. También están los denominados camiones "interplantas" que van de una a otra.

Las fuentes dijeron que la medida tomada por Ancap "seguramente bajará el valor llave de la unidad de negocio". Consideraron que quizás la resolución se tomó para quitar capacidad de presión a los trabajadores de las empresas transportistas que en diciembre dejaron de cargar combustible en La Tablada y generaron una situación de desabastecimiento que llevó al gobierno a declarar la esencialidad del servicio.

El nuevo marco, además, quizás tiente a algunos dueños de estaciones de servicios a comprar más camiones para no depender de empresas fleteras dado que se liberalizará el acceso.

Hace tiempo que Ancap viene tratando de disminuir los costos de toda la cadena de distribución de combustibles. El 1 de enero de 2017 comenzó la vigencia de una reducción del 10% de los márgenes de los estacioneros luego de un largo conflicto, durante el cual los propietarios protestaron y dejaron de expender combustible. Los estacioneros creen que no serán objeto de nuevas medidas por lo ajustado de sus márgenes. Hay 480 estaciones de servicio en Uruguay.

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