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Acusó a sindicalistas de "corruptos", debió pedir disculpas y ahora deberá aportar a ollas populares

El usuario denunciado había publicado un video cuyo contenido, según los denunciantes, configuraba una presunta violación a los artículos 333 y 334 del Código Penal.

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Fernando Pereira
Fernando Pereira.
Foto: Estefanía Leal

La Justicia falló a favor del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y otros dirigentes sindicales que denunciaron penalmente a un usuario de redes sociales que los había acusado de cometer “actos graves de corrupción” que, según aclararon, “son absolutamente falsos”.

Los otros damnificados son Marcelo Abdala, actual presidente de la central obrera, y Martín Pereira y José Lorenzo López, representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

El usuario denunciado había publicado un video cuyo contenido, según los denunciantes, configuraba una presunta violación a los artículos 333 y 334 del Código Penal “por haberse afectado su honor y buen nombre”.

Tras ello, según supo El País, se llegó a un acuerdo extrajudicial por el cual el denunciado reconoció haberse equivocado y manifestó su arrepentimiento por publicar el video y dañar el honor de los denunciantes. A raíz de ello, debió pedir disculpas públicamente y se comprometió “a no reincidir ni participar de ninguna forma en la actividad denunciada contra los denunciantes”.

El hombre expresó que “no comparte los contenidos que surgen del referido video, ni la afectación al honor realizada a los denunciantes, y que no confeccionó el video en cuestión, sino que lo tomó de otras publicaciones y lo replicó en la red social de lo cual se arrepiente”.

También se comprometió a “prestar colaboración a los denunciantes en la ubicación del creador del video denunciado si está dentro de sus posibilidades”.

Para resarcir el daño, la Justicia obligó al denunciado a abonar $ 5.000, que a pedido de los denunciantes serán entregados a la coordinadora de ollas populares.

Tras ello la Justicia acordó el archivo de todas las actuaciones y la declaración de extinción del delito.

La denuncia por el delito de difamación e injurias había sido radicada en abril 2021, después de que circulara el video donde se afirmaba que todos los entonces dirigentes sindicales percibían ingresos por encima de $ 200.000, lo que era falso.

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