LEY DE PRESUPUESTO

Es el primer presupuesto después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, y los gremios de los trabajadores públicos sostienen que el nuevo mandato liderado por el blanco Luis Lacalle Pou busca “recortarles derechos” adquiridos. Una de las principales preocupaciones pasa por el nuevo régimen de licencias por enfermedad, que el Poder Ejecutivo busca modificar para bajar el ausentismo. Sin embargo, desde el gremio que nuclea a los trabajadores públicos se sostiene que la iniciativa legislativa es inconstitucional, y ahora manejan un informe técnico del abogado constitucionalista Daniel Ochs que reafirma la idea del sindicato de los públicos.

La discusión está centrada en el artículo 28 del proyecto de ley que hoy está a estudio de la Cámara de Diputados. “Todos los funcionarios presupuestados o contratados con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales, no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días de licencia por enfermedad”, dice el texto del proyecto.

El gobierno de la coalición multicolor argumentó que la iniciativa pretender abatir un “gran ausentismo laboral por periodos prolongados”, que en algunos organismos “obliga a duplicar los puestos de trabajo”.

En ese sentido, el artículo incluido en el proyecto de ley de presupuesto pretende mejorar la gestión pública con un “Estado más eficiente”. Pero al mismo tiempo, equiparar la realidad de los trabajadores de la actividad pública a los de la actividad privada.

El informe del abogado constitucionalista para la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) concluye que el artículo 28 del proyecto de ley es “ostensiblemente inconstitucional”.

“Esgrime, para soportar una medida de ajuste grave en los derechos sociales de los trabajadores públicos, una situación de irregularidad expandida cuya co-responsabilidad (por su omisión en actuar las potestades públicas de investigar y sancionar civil, administrativa y penalmente a los responsables) le incumbe al sistema orgánico proponente”, es decir, a las autoridades competentes de la administración pública, dice el informe de Ochs.

“Por una situación de irregularidad, que está al alcance de corregir y en el deber institucional de hacerlo, se afecta el derecho de todos los trabajadores públicos. Estamos hablando de los que cantan enfermedad para no ir, sin estar enfermos. Los llamados ñoquis. Pero hay gente que sí esta enferma y se le afecta su licencia por enfermedad”, expresó el abogado en diálogo con El País.

Ochs sostiene que pagan “justos por pecadores”, cuando es “justo que el gobierno solucione el tema”, pero sin caer en una inconstitucionalidad. Puntualizó que ante la irregularidad el gobierno busca implementar una “solución drástica y dejar gente injustamente fuera de la cobertura”.

El artículo generó diferencias en la propia coalición de gobierno. Por eso el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un sustitutivo.

Con la redacción planteada por el diputado de Batllistas se pagarían en un 100% los días de licencia por enfermedad en los primeros siete días en el año, con la de debida certificación médica. A partir del octavo, se empezaría a descontar.

El legislador comentó a El País que se comparte el espíritu de la norma propuesta. “Hay una cantidad enorme de situaciones y se ha dado un abuso sistemático de muchos funcionarios, pero entendemos que con esta fórmula se puede estar castigando al buen funcionario, que es aplicado y trabaja de forma responsable y con enorme esmero durante todo el año, y que si se llegara a enfermar perdería el total de su remuneración en los primeros tres días de enfermedad”, argumentó.

El tema fue discutido ayer en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, pero no se alcanzó un acuerdo y quedará para resolver mañana lunes. De todos modos, la bancada del Partido Nacional está en contacto con dirigentes de COFE para hallar un punto intermedio.