PARLAMENTO

El nacionalista dijo que ante la postura del gobierno “no descarta plantear una cuestión política en el Plenario de la Cámara de Diputados”.

El Poder Ejecutivo comunicó ayer a la Cámara de Diputados que el secretario y prosecretario de la Presidencia, así como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no asistirán a la comisión de Constitución, Códigos y Legislación General para informar la naturaleza jurídica y los alcances del acuerdo entre Uruguay y UPM, tal como habían solicitado sus integrantes.

La Presidencia justificó la decisión en “razones de orden constitucional y legal”, lo que en opinión del presidente de la comisión, el nacionalista Pablo Abdala, “es harto discutible”.

En opinión del legislador el propósito del gobierno “es eludir al Parlamento para discutir las objeciones” que se plantean en torno al contrato suscrito con la finlandesa UPM para la eventual instalación de su segunda fábrica de celulosa en territorio nacional.

Abdala fue quien promovió el llamado a sala de Miguel Ángel Toma, Juan Andrés Roballo y Álvaro García y la convocatoria contó, incluso, con el apoyo de los legisladores oficialistas.

La Presidencia sostiene que Toma y Roballo “no están incluidos entre quienes pueden ser sujetos pasivos de requerimientos” por parte del Parlamento. Para el caso del director de OPP, que sí debe comparecer a las citaciones de los legisladores, el gobierno justifica su inasistencia en que remite a la comisión de Diputados “un detallado informe de los aspectos jurídicos” que ha debatido la comisión, “emitido por expertos independientes”, sostiene la comunicación que Presidencia remitió al diputado Abdala.

El diputado nacionalista se mostró “sorprendido” de la decisión del Poder Ejecutivo y opinó que la asistencia al Parlamento de los funcionarios citados hubiera sido un “hecho de buena voluntad”.

Por otra parte, Abdala dijo a El País que ante la postura del gobierno “no descarta plantear una cuestión política en el Plenario de la Cámara de Diputados”.

Abdala considera que el contrato firmado con UPM presenta “debilidades” desde el punto de vista constitucional y puso en duda que Toma, Roballo y Álvaro García, tengan la facultad de firmar ese tipo de acuerdo como lo hicieron en representación del gobierno. Según Abdala, el Poder Ejecutivo se habría tomado atribuciones que son del Poder Legislativo y las juntas departamentales. Un grupo de ciudadanos impugnó el acuerdo.