Controlar a las bandas

Confirman que la decisión política es que el plan de acción se mantenga.

Para entrar en algunos barrios de Montevideo es necesario llevar decenas de policías armados a guerra, unas tanquetas rusas, chalecos antibalas, drones, cascos, helicópteros y varias órdenes de allanamiento.

En los últimos meses la vida de miles de personas inocentes se ha visto trastocada por los llamados "megaoperativos". Tropas de elite sitian durante unas horas un punto de la ciudad y se afecta hasta el recorrido del transporte público.

Las bandas pelean por sus territorios y asumen parcelas de poder donde controlan la venta de drogas. Manejan armas cada vez más potentes y desalojan a punta de pistola a los vecinos que no se suman a sus "negocios". Los "megaoperativos" son el único antídoto hasta ahora para frenarlas.

En Casavalle son "Los Chingas" y "Los Camala", en Cerro Norte "Los Ricarditos", en el complejo Ituzaingó de Flor de Maroñas el clan Figueroa, en Villa Española el grupo del "negro Paolo", en Malvín Norte la Banda de "El Cuyi", en la Cruz de Carrasco el clan de los Comas; en Cordón Norte, la red de narcotráfico de "El Macumba", en Plácido Ellauri, integrantes de la barra brava de Peñarol del Borro y en el llamado 40 Semanas Chico operan los Algorta y los Delfino.

El frío en "Los Palomares" del Casavalle es muy duro. Durante el último otoño decenas de funcionarios policiales, del Mides y de la Intendencia de Montevideo lo sintieron en carne propia. Dos bandas enfrentadas, "Los Chingas" y "Los Camala", aterrorizaron el barrio durante algo más de un año. Una de ellas conseguía sus bases operativas echando a la gente de sus casas. A toda hora se escuchaban tiros.

A mediados de marzo pasado un niño fue herido de bala en el pecho de manera accidental. Estaba en una plaza y frente a una escuela. Las bandas habían roto el pacto no escrito de no atacarse a tiros en horario escolar o en la plaza del barrio.

El mes de julio llegó con la primera orden de demoler y con ella una serie de operaciones que terminaron por descabezar a "Los Chingas", la banda que controlaba "Los Palomares". Desde ese momento 32 de sus integrantes fueron remitidos a la cárcel por la comisión de distintos delitos.

Sus rivales, "Los Camala", sufrieron la pérdida de su jefe y uno de sus lugartenientes. Ambos están en la cárcel como responsables de un triple homicidio. La Policía cree que la banda está desarticulada. Sin embargo, vecinos de la zona aseguran que siguen operando pero con menos intensidad.

La decisión política de iniciar este tipo de operativos fue tomada por el presidente Tabaré Vázquez. Fue así que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo y la Intendencia de Montevideo comenzaron a coordinar esfuerzos.

Carolina Murphy, concejal del Municipio D por la oposición, aseguró a El País que antes del inicio de los operativos los vecinos sentían que estaban en "un ping-pong" entre los distintos organismos oficiales.

"La inseguridad en el Casavalle no se acabó, sigue siendo un peligro ir a tomar el ómnibus. No se puede entender por qué se demoró tanto en hacer los operativos. Las bandas crecieron muchísimo por esa falta de decisión política", afirmó.

El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, asumió la coordinación social de los distintos operativos. Si bien por razones de seguridad no es posible saber dónde y cómo serán los próximos, está claro que estas prácticas continuarán en distintos sectores de Montevideo, de acuerdo a distintas fuentes consultadas.

Con el paso de las semanas los operativos se fueron sumando y cayeron decenas de delincuentes en distintos barrios que, usurpando viviendas arman sus "fortines", al decir de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, cuando formalizó a los miembros del clan que se adueñó del Complejo Quevedo.

El domingo tuvo lugar el operativo "Mirador IX" en el barrio Tres Ombúes. En este caso, se produjeron 27 allanamientos en horas de la tarde. Una banda que operaba en el lugar tenía un sistema de cámaras de videovigilancia que controlaba desde una boca de drogas. En la oportunidad se realizaron 17 detenciones. Todos los involucrados declararon ayer ante la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero.

Tras la operación se demolieron viviendas irregulares y se comenzó a construir una nueva calle. La banda cerró una calle con una cabaña prefabricada cuyo costo superó los US$ 4.000.

Otra casa fue instalada en los alrededores de una columna del alumbrado público. Operarios de UTE y OSE ingresaron a la zona a eliminar decenas de conexiones clandestinas.

El alcalde del Municipio A, Gabriel Otero, donde tuvo lugar el operativo del domingo, se mostró conforme con el trabajo realizado. La zona ya había recibido ese tipo de operaciones en el año 2011. Otero recién había asumido el cargo y recibió algunas amenazas por haber colaborado con los efectivos de la Policía. "Fueron insultos aislados y poco más", indicó el jerarca.

Por otro lado, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, apuntó que los resultados alcanzados son obra de "la estrategia de la perseverancia junto a la recolección de información estratégica".

Leal subrayó que "las dinámicas criminales cambian y evolucionan". "El control territorial es una condición clave para poder desarrollar una estrategia de narcotráfico local basada en la venta a consumidores", dijo.

Desde el punto de vista del jerarca, la instrumentación de los operativos y sus resultados obedecieron a una decisión política. "Creo que acá han sido claves el diseño y la instrumentación de la estrategia en base a tres pilares: ejercicio activo y sin complejos de la autoridad, coordinación de todo el Estado para abordar la cultura de la ilegalidad en todos sus aspectos y la contundencia de las decisiones que implicaron demoliciones, persecución penal sistemática, impedimento de residir en áreas de la ciudad y transparencia en la información a la ciudadanía", dijo.