GRUPO "CIUDADES UNIDAS"

Vecinos y policías reclaman juntos

Están saliendo a las calles a pedir seguridad y el Ministerio del Interior trata de frenarlos.

Policías comienzan a unirse a grupos de vecinos que reclaman seguridad. Foto: Gerardo Pérez
Policías comienzan a unirse a grupos de vecinos que reclaman seguridad. Foto: Gerardo Pérez

Una alianza impensada. Policías y vecinos reclamando por seguridad. El personal subalterno de la Policía y los vecinos de a pie. Juntos y en la calle. Ambas partes disponen de una fuerza significativa. Son muchos y el Ministerio del Interior está intentando frenar su avance.

En un proceso político que comenzó hace menos de 10 años, ya hay unos 13.000 policías afiliados en los distintos sindicatos, según cifras de las organizaciones. Representan a poco menos de la mitad del total de la fuerza policial. Muchos están en sindicatos que forman parte del Pit-Cnt.

Al mismo tiempo, decenas de grupos de vecinos fueron armando pequeñas organizaciones horizontales para tomar medidas ante el aumento del delito. Un día se empezaron a juntar y se pusieron un nombre: Ciudades Unidas.

Hasta la semana pasada había representantes de 15 localidades. La mayoría son del “santoral” de Canelones y sus alrededores. También se han sumado grupos de Las Piedras, Toledo, San José y Florida, según explicó el comerciante Alejandro Ruiz Delpiazzo, de Toledo.

Sanciones por opinar en redes

El Ministerio del Interior viene instruyendo decenas de sumarios contra policías que han realizado publicaciones contrarias al gobierno en las redes sociales, según indicó la dirigente Patricia Rodríguez.

“Al sindicato vinieron 20 compañeros por este tema”, afirmó. “¿Qué pasa con los que publican cosas a favor del gobierno? Queremos que la ley sea pareja”, agregó.

Todos pasaron por el mismo proceso. Ante hechos concretos de inseguridad acordaron formar un grupo de WhatsApp al que llamaron “Vecinos en Alerta”. Por allí se avisaban de la presencia de ladrones o movimientos raros en sus barrios o localidades.

Después, fueron a hablar con la Policía. Por lo general, los comisarios u oficiales se presentaban y daban una explicación de lo que estaba pasando. Allí se daba a conocer las limitaciones legales y presupuestales a la que tienen que enfrentarse cada día. Más adelante surgieron hechos puntuales, como homicidios, que llevaron a los vecinos a organizarse para salir a manifestarse. Fue así que se movilizaron en sus respectivas localidades.

Finalmente, el pasado 6 de febrero resolvieron sumarse a la marcha organizada por el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) luego de la muerte de dos efectivos policiales.

Al otro día, 7 de febrero, el Ministerio del Interior envió una circular a todas las unidades en las que recordaba que la reglamentación a la que están sometidos los policías, en particular con respecto a las manifestaciones políticas.

“Están tratando de asustar a los compañeros que cada vez más se suman a las movilizaciones. Tiene que quedar bien claro que cuando el sindicato convoca tienen derecho a participar”, dijo a El País Patricia Rodríguez, presidente del Sifpom.

Al Palacio.

"Y se acabó, esta es la gente que se cansó". Esa fue la consigna de los vecinos movilizados el viernes pidiendo seguridad frente al Palacio Legislativo. La mayor parte de ellos pertenecían al grupo “Ciudades Unidas”. Otros se sumaron a la convocatoria desde localidades que todavía no están organizadas. El planteo que hacen los grupos es bien simple: no están dispuestos a salir a patrullar como hacen otros grupos de vecinos y se movilizan mediante cortes momentáneos de rutas, caminos y calles.

Esta vez no contaron con el apoyo de los sindicatos policiales, aunque había policías de civil en la movilización del viernes, según se pudo saber.

“La idea es acompañar todas las marchas que sean contra la violencia. No queremos ser parte de grupos políticos y nos juntamos con gente que quiera vivir en paz. De parte nuestra no queremos que no maten y tampoco queremos que maten policías”, explicó Ruiz Delpiazzo.

Barrios imponentes
Corridos por la violencia


Alejandro hace 42 años que trabaja en su carnicería. Nunca pensó en dejar Toledo (Canelones). Nació allí, creció y echó raíces. Desde hace dos años todos los días siente miedo. Un día lo roban y otro asaltan al vecino. Al siguiente su pareja o sus hijos observan un hecho de violencia. Se cansó. “Comencé a trabajar con mis padres. Si esto no cambia, en junio o julio nos vamos del país.

Esto no se aguanta más. Quiero que mi familia pueda vivir con dignidad. Mis hijos no quieren salir de casa para no ir a la carnicería porque creen que los van a matar ”, afirmó. El jueves pasado la esposa de Alejandro estaba esperando el ómnibus hacia Montevideo. De pronto, pasó un hombre montado en una moto y le disparó a un grupo de personas que estaban a dos metros de la mujer.

Junto a los problemas de seguridad que se presentan en Toledo también están las dificultades económicas. “Esto da justo para vivir, nada más. Desde hace dos años se vende mucho menos que antes”, dijo el comerciante.

Inseguridad y problemas en la caja impulsan a esta familia a empezar a aprontar las valijas para dejar el país dentro de pocos meses.

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