Canelones

El promotor de la idea deberá declarar hoy ante la Policía.

Esta tarde el edil colorado Alfredo Silva deberá presentarse ante la Jefatura de Policía de Canelones para dar explicaciones sobre la "ronda vecinal", proyecto de patrullaje civil que implementó el pasado 7 de junio con apoyo de 50 voluntarios de Toledo.

"Me dijeron que tengo que presentarme porque me van a hacer un acta para la Renaemse, la repartición que trabaja con las empresas de seguridad. Yo voy a ir con abogado", aseveró Silva.

El llamado de la autoridad policial llenó de preocupación al edil y su entorno. "Nos están presionando para que dejemos de hacer esto, están buscando la vuelta para aplicarnos alguna ley y jodernos. No tengo nada para esconder, antes de hacer esto golpeamos todas las puertas y nadie nos dio una solución", afirmó.

Ante este llamado de atención policial, el grupo que hacía la ronda resolvió en una asamblea suspender sus salidas a la espera de novedades. "Le tenemos más miedo al poder político que a los delincuentes", dijo Silva.

Durante la reunión, los propios vecinos evaluaron que desde que comenzó el patrullaje se pudo constatar una caída en los delitos en Toledo. Algunos se mostraron partidarios de seguir adelante.

La ronda vecinal se financiaba mediante colectas populares. Cada noche salían en coches particulares unas 50 personas con chalecos antibalas, precintos y gas pimienta. Se dividían en tres turnos de cuatro horas cada uno.

El gasto principal del patrullaje era el combustible, cada noche costaba $ 9.000, dijo Silva. Las finanzas comenzaron a "complicarse" en los últimos días. No obstante, ese aspecto "no fue determinante para suspender".

Silva y el grupo de vecinos resolvieron salir a patrullar luego de una serie de rapiñas que afectaron a comerciantes de la localidad. En una de ellas un guardia y un cliente fueron heridos; en otra, un comerciante terminó internado con tres balas en el cuerpo.

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La iniciativa fue criticada por diversos jerarcas, entre ellos el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien solicitó que se suspendiera porque podría generar "un montón de problemas" a los propios vecinos.

Por su parte, la vicepresidente, Lucía Topolansky, dijo: "Estos ciudadanos de Toledo que compraron chalecos y equipos para patrullar tienen que tener un financiamiento porque no son cosas baratas. ¿Hay algo más?".

Silva aseguró que los vecinos consiguieron los chalecos con una empresa de seguridad que se fundió.