REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL INTERIOR

Supermercados quieren policías en 250 locales

Son los que más rapiñas sufrieron en barrios de Montevideo.

Centros Comerciales: buscan compartir de manera más efectiva las imágenes de las cámaras. Foto: M. Bonjour
Centros Comerciales: buscan compartir de manera más efectiva las imágenes de las cámaras. Foto: M. Bonjour

La Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) le pidió ayer al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presencia policial en la puerta de 250 locales jaqueados por robos en Montevideo.

Estos efectivos se ubicarían en sucursales de las zonas donde se ha producido la mayor cantidad de robos en los últimos meses, indicó a El País un asistente al encuentro.

Los representantes de estos comercios habían tenido una reunión en diciembre con el jerarca, a quien le habían informado de un incremento de rapiñas en decenas de sucursales. También le hicieron ver que se constata "un mayor nivel de violencia" en estos asaltos.

El Ministerio del Interior les planteó entonces a los supermercados aplicar un "servicio de eventuales" de seis a ocho meses. Mientras el servicio por el artículo 222 se cumple con carácter voluntario y por hora, la figura del eventual es un servicio efectivo por ocho horas.

Llos voceros de los supermercados le manifestaron a Bonomi que necesitaban mayor celeridad para este tema y por eso pidieron presencia policial lo más pronto posible. Les contestaron que el jueves podrían tener una respuesta a esta inquietud.

Los centros comerciales pidieron también mayor cooperación de los sistemas de videovigilancia con que cuentan ambas partes. Esto permitiría una visibilidad "más rápida" de los hechos delictivos que afectan los supermercados.

Además, pidieron al Ministerio que brinde cursos o talleres de capacitación sobre cómo los empleados deben actuar frente un hecho delictivo. Estos cursos ya fueron iniciados por una de las cadenas de supermercados y pretenden hacerla extensiva al resto.

Preocupada por la inseguridad, ASU mantuvo un encuentro con el Pit- Cnt hace dos semanas y allí le transmitieron a la central la necesidad de trabajar en conjunto sobre este tema. "Notamos que están dispuestos", contó una fuente de la Asociación.

Reclamo policial.

Además de los supermercados, Bonomi también atendió a los gremios policiales. Patricia Rodríguez, presidente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, dijo a El País que fueron atendidos durante dos horas por el jerarca.

El secretario de Estado les comunicó que a partir de mayo se les empezará a pagar "por nocturnidad" a los funcionarios que trabajen. "Fue algo por lo que luchamos mucho. Es un logro importante", comentó.

A raíz del doble homicidio de una mujer víctima de violencia doméstica y de un policía que la custodiaba en Salto, los funcionarios policiales le pidieron al ministro que tome medidas sobre el tema.

Bonomi dijo que se reunirán con la Suprema Corte de Justicia para analizar la posibilidad de darle un refugio a las mujeres que tengan la vida en peligro. Esto implicaría una intervención, entre otros organismos, del Ministerio de Desarrollo Social, que debería disponer alojamientos para estas mujeres.

Si la Justicia decide que haya custodia policial, instó a que se hagan "de a dos efectivos", y que se apruebe un protocolo interno que dé cuenta de a quién se va a proteger y datos precisos sobre el potencial agresor, así como del lugar en el que se debe cumplir la custodia. "Y que en las ocho horas vaya un supervisor para saber si los policías necesitan algo", comentó Rodríguez.

Defensa y disuasión.

Los policías también piden una ley que regule el uso de armas por parte del funcionario policial. Por eso, respaldan la iniciativa legislativa del Partido Nacional que permitiría usar armas contra delincuentes dentro de los domicilios y que se contemple como legítima defensa.

En este sentido, Rodríguez indicó que dialogarán con las distintas bancadas partidarias para explicarles por qué debe aplicarse esta ley.

La disuasión estuvo arriba de la mesa. Los sindicatos le pidieron a Bonomi volver a utilizar armas largas. "Es una medida disuasiva, que antes funcionaba, pero no sabemos por qué fue retirada", indicó la vocera sindical.

Los trabajadores instaron a la cartera a lograr una regularización del trabajo vinculado a la seguridad que está por fuera de la órbita del Ministerio del Interior. "A pesar de estar prohibida la actividad no se ha dejado de cumplir. Muchas vidas se pierden porque no está reglamentado este servicio", indicó.

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