GOBIERNO ELECTO

Sindicato policial está de acuerdo con varios puntos del borrador de la ley de urgencia

Este viernes el sindicato se reunió con la ministra de Vivienda, Irene Moreira, con quien conversaron sobre las inquietudes de los efectivos en esta materia. 

Washington Abdala, representante legal de Sifpom, Patricia Rodríguez y Ricardo González, dirigentes de Sifpom, este viernes. Foto: Leonardo Mainé
Washington Abdala, representante legal de Sifpom, Patricia Rodríguez y Ricardo González, dirigentes de Sifpom, este viernes. Foto: Leonardo Mainé

La presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, se reunió este viernes con la designada ministra de Vivienda, Irene Moreira, encuentro en el que trataron uno de los aspectos que más preocupa a los efectivos policiales: la solución habitacional de los efectivos que viven en las llamadas "zonas rojas". 

Esta instancia tuvo lugar días después de que en una semana hubo cuatro ataques a policías (uno de ellos murió) para robar sus armas. Consultada por los medios, Rodríguez también se pronunció sobre el borrador de la ley de urgente consideración que divulgó el miércoles el gobierno electo. 

Rodríguez manifestó en rueda de prensa que la vivienda es un tema que le "preocupa" a su sindicato, y que lo vienen "recalcando" desde "hace tiempo". En ese sentido, buscan en primer lugar una "alternativa" para aquellos que "están viviendo en zonas conflictivas, que tienen denuncias de amenazas, u otras situaciones que realmente hacen que queden expuestos ellos y sus familias".

Además, procuran soluciones para "aquellos policías y retirados policiales que también se les dificulta mucho llegar al acceso de una vivienda propia, algunos porque los sueldos realmente pasan algunas franjas para llegar a unas (viviendas) y en realidad les faltan para otras (viviendas), entonces quedan en ese limbo que en realidad no pueden alcanzar muchas veces a ninguna de las soluciones habitacionales".

Rodríguez no especificó qué soluciones plantearon en la reunión con Moreira, sobre quien dijo que "tuvo muy buena recepción para lo que es la problemática". Sí adelantó que reclamaron que un fondo específico para este tema, que surge del aporte del 1% del salario de todos los efectivos policiales, "sea mejor invertido, más rápidamente y más eficaz".

Sobre este fondo, dijo que "es mucho dinero el que se está manejando allí", que hasta el momento "se ha invertido" en "tres sorteos de 60 viviendas", lo que consideró "no es nada en tantos años de inversión". Por otro lado, dijo que parte de este fondo se usa para "reparación de viviendas" y para "subsidio de alquileres", que entiende "lo tuvieron que hacer medio de apuro, a lo último, porque hay compañeros que hay que sacarlos ya de algunas situaciones complejas".

Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom y la designada ministra de Vivienda, Irene Moreira. Foto: Leonardo Mainé
Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom y la designada ministra de Vivienda, Irene Moreira. Foto: Leonardo Mainé

En línea con lo que declaró el dirigente de su sindicato Ricardo González tras reunirse con el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, Rodríguez manifestó que "al menos, solo en la zona metropolitana unos 1.000 policías" viven en las llamadas "zonas rojas", de acuerdo a una cifra que entienden "es vieja", y que ahora es "muchísimo más grande, teniendo en cuenta los años que han pasado" (aunque no precisó de cuándo data ese relevamiento).

Consultada sobre si en esa reunión se habló de hacer conjuntos habitacionales para militares y policías, Rodríguez dijo que no es la intención ni del sindicato ni de las autoridades ministeriales entrantes. 

Por otro lado, Rodríguez manifestó que ahora están en "pleno análisis" del borrador de la ley de urgente consideración, por lo que prefirió no ahondar en conceptos sobre la misma, pero sí adelantó que están de acuerdo en varios de sus puntos.

En tal sentido, nombró la ampliación del servicio de vigilancia especial policial, conocido como " servicio 222", que ahora tiene un tope máximo de 100 horas, que se puede extender a 120 si se trata de servicios en espectáculos públicos y eventos extraordinarios.

Además, Rodríguez destacó la ampliación del concepto de legítima defensa presunta para policías, militares y también civiles en sus domicilios, así como "alguna otra figura que tiene que ver con garantías hacia los funcionarios policiales, y sobre todo para la parte operativa, que nos parece bien".

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