ABUSADORES EN LA MIRA DEL GOBIERNO

Registro de Violadores empezó a funcionar y ya hay dos en la lista

Una oficina de la Dirección Nacional de la Policía Científica con seis personas se encarga de confeccionar la lista.

Policía Científica: se montó una oficina con seis personas que trabajan para el registro. Foto: Archivo El País
Policía Científica: se montó una oficina con seis personas que trabajan para el registro. Foto: Archivo El País

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Con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración se creó el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. Se hizo con el objetivo de que las personas condenadas por estos delitos estén inhabilitadas a trabajar en instituciones en las que puedan tener contacto con niñas, niños y/o adolescentes.

Este registro ya comenzó a funcionar hace 10 días y hasta la semana pasada ya se había ingresado a dos personas.

Una oficina de la Dirección Nacional de la Policía Científica con seis personas se encarga de confeccionar la lista. El director de Policía Científica, José Azambuya, explicó a El País cómo es que se decide quiénes forman parte de ella y cómo se accede a esta información.

“Hubo que conformar una oficina, nombrar un responsable y obviamente realizar los protocolos de actuación para Montevideo y todo el país”, indicó Azambuya.

Una persona será incluida en el registro cuando un juez haya dictaminado una condena firme por los siguientes delitos: violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción de menores.

Pero, ¿para qué sirve el registro? Según un decreto firmado el 10 de setiembre por el presidente Luis Lacalle Pou ciertas instituciones, tanto privadas como públicas, deberán exigir a sus trabajadores un certificado de no inscripción. Es decir que para trabajar en determinados lugares es necesario no estar incluido en esa lista.

“Las instituciones educativas, sean públicas o privadas, del tipo guardería, preescolar, escolar, secundaria, de artes, oficios o universitaria y de actividades vinculadas a la atención de salud, sanitarias, deportivas, docentes o académicas o cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con las mismas, que implique contacto con menores, tanto a nivel público como privado, deberán exigir el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales”, dice el texto.

Para que una persona sea contratada en este tipo de instituciones deben presentar un certificado que indique que no es parte de la lista. Ese trámite tiene un coso de $123 y se realiza de forma presencial en el Mercado Agrícola.

Si una persona es formalizada por la Justicia, no entra en la lista. Recién lo hará cuando el proceso judicial termine y haya una sentencia final con una condena.

“Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez ordenará por oficio y tiene que poner los datos filiatorios e individualizar cada uno de los delitos”, explicó Azambuya.

Tras esto, la persona estará inhabilitada, en principio por 10 años, para trabajar en las instituciones que indica el decreto. Si una persona cuenta con más de una anotación en el registro, serán 20 años.

Sobre las certificaciones que se han tramitado hasta el momento, Azambuya indicó: “Todas negativas”. Es decir, ningún violador que forma parte del registro la solicitó.

Según el decreto, el Ministerio del Interior podrá brindar información sobre las personas incluidas en la lista a cualquiera que lo solicite. Quien lo pida “debe llenar un formulario, que es como una declaración jurada, donde se establezca por qué y para qué lo necesita y eso pasa a estudio al departamento jurídico. Si se avala, será entregada la información con la firma del director de la unidad”, explicó Azambuya. 

Se evaluarán casos anteriores al decreto

Si bien el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales incluirá en la lista a las personas que sean condenadas con sentencia firme por parte de la Justicia desde su creación, también evaluará los casos anteriores, pues cada vez que haya una solicitud también se revisará el prontuario delictivo.

“Que ahora haya dos personas en la lista no quiere decir es que nosotros descartemos (a los que fueron condenados antes del decreto), pero en el momento vemos la situación y se estudia con la asesoría legal”, explicó José Azambuya

Es decir, si alguien tiene antecedentes por los delitos previstos en el decreto y va a solicitar el certificado, su nombre no va a figurar. De todas formas el área jurídica de la unidad podría estudiar el caso y determinar si esa persona debe ser incluida en la lista.

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