PUESTA A PUNTO

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Policías abusadores, operativos represivos y más adjetivos similares se comenzaron a instalar a principios de marzo, cuando asumió el nuevo gobierno y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, marcó las primeras líneas de acción de la Policía.

Corrían apenas unas horas de gestión cuando un municipal del Frente Amplio denunció que había sido golpeado y que, incluso, le habían disparado en el marco un procedimiento policial. A los pocos días hubo otra denuncia en San José y poco a poco la acción policial comenzó a ser cada vez más cuestionada. Pero, ¿qué derivaciones tuvieron las denuncias y en cuáles se comprobaron los presuntos abusos?

Lo siguiente es una puesta a punto de los casos denunciados que tomaron más relevancia pública.

Daniel Piñeyro, funcionario municipal de la Intendencia de Montevideo, dijo que el jueves 5 de marzo fue víctima de un golpiza por parte de un grupo de policías. El hecho, según denunció, ocurrió en los accesos de Montevideo cerca de las 22:00. Piñeyro hizo la denuncia y declaró ante el fiscal Carlos Negro que los policías lo habían parado en un control de rutina y que cuando uno de los efectivos notó que en su moto tenía una calcomanía del Frente Amplio, tiró su bolso “a unos 15 metros”. Luego agregó que el agente le dijo “se terminó el recreo, comunista hijo de puta”. Con el insulto, dijo, vino un empujón y él comenzó a correr por miedo. Detrás de él salió un policía con su arma y, de acuerdo a su relato, escuchó en total cuatro disparos. La Policía lo alcanzó, lo detuvo y en ese momento lo golpearon “hasta que se cansaron”, aseguró.

Luego de analizar las cámaras de la zona y avanzar en la investigación, el fiscal Negro decidió archivar el caso. “Las lesiones provocadas al denunciante no superaron los límites de las propias derivadas de una detención y reducción forzosa en ocasión de fuga”, indicó el fiscal en el dictamen, y agregó: “Los disparos denunciados como efectuados por el personal policial no han quedado lo suficientemente acreditados”.

Negro concluyó que el relato del funcionario municipal “adolece de algunas inconsistencias de acuerdo a los registros de las imágenes”. Según supo El País en base a fuentes judiciales, la defensa de Piñeyro pidió el desarchivo de la investigación y el caso ahora está en manos de otro fiscal. Este caso también fue investigado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh)y, según fuentes de la institución, se emitirá una resolución diciendo que “no hay elementos de juicio para sostener que la persona haya sido vulnerada en sus derechos”.

“¿Sos marica que usás vestido? Con esta frase tres efectivos de la Guardia Republicana apalearon a Joel, artista callejero que trabaja habitualmente en Millán y Garzón. Así lo advirtió en su cuenta de Twitter el diputado del MPP Gabriel Otero el 6 de marzo.

Con la publicación también adjuntó una foto del hombre dijo haber sufrido agresiones por parte de los efectivos. Otero acompañó al joven a la Fiscalía General de la Nación y radicó una denuncia. “No podemos permitir que a un joven se lo intimide al grito de: ‘A los crotos como vos los vamos a sacar de la calle’”, escribió el diputado junto con la constancia de la denuncia.

Según explicaron fuentes de la Fiscalía a El País, este caso también fue archivado ya que no se pudo determinar un abuso. En el lugar que el joven denunció los hechos no había cámaras ni testigos que pudieran corroborar su relato para iniciar una investigación a los efectivos. “No quiere decir que no haya existido; no se pudo probar”, aclararon las fuentes.

Entre el 11, 12 y 13 de abril se llevaron a cabo operativos policiales en el barrio Malvín Norte. El domingo 12 un joven fue detenido por una patrulla de la Guardia Republicana en las cercanías de la rambla Euskalerría y Mataojo.

El hombre increpó a los efectivos, y varios vecinos tiraron piedras y rompieron vidrios en un patrullero. Al día siguiente, 90 efectivos de la Republicana se desplegaron en el barrio y en un asentamiento de la zona. Luego del operativo varias denuncias llegaron a Inddhh por parte de vecinos y organismos sociales que dijeron que hubo abusos de los policías así como detenciones en forma amenazante y y golpes perpetrados por los efectivos.

La Inddhh comenzó a investigar el caso y luego de varios meses de trabajo mandó una resolución al Ministerio del Interior indicando que de la instrucción que se realizó “surgen elementos de convicción suficiente que llevan a concluir que en los operativos policiales existió actuación ilegítima del Estado, que implicó la violación de derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional”.

En la resolución publicada en la página web del la Inddhh, se solicitaba al Ministerio del Interior que se comunicara con la Institución para contestar a las recomendaciones que se habían hecho desde la Institución sobre el tema. Según supo El País, el ministerio nunca respondió.

Un joven de 16 años resultó herido de un disparo de un policía en una persecución que se dio en la madrugada del domingo 11 de octubre, en la ciudad de Artigas. El joven iba en el vehículo con otros tres menores y dos mayores, y eludieron un control de tránsito municipal. El vehículo fue seguido por un móvil policial y desde el patrullero salieron entre siete y nueve disparos. Una de esas balas hirió al joven de 16 años. Producto de este procedimiento, cuatro policías fueron separados de su cargo y se inició un sumario administrativo. “Es la mejor manera de aclarar esto lo antes posible”, consideró en su momento Adolfo Cuello, jefe de Policía de Artigas.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de ese departamento. Allí viajó el 30 de octubre Andrés Ojeda, abogado del sindicato de funcionarios policiales de Montevideo (Sifpom), para interiorizarse de la situación. En rueda de prensa, Ojeda afirmó: “Había un vehículo desaforado a altísima velocidad yendo contra mano, que pudo haber matado a un niño y a una familia, y tenía que ser detenido en su marcha lo antes posible”.

Y agregó: “Se intentaron todas las vías para detenerlo. El último recurso fue disparar a los neumáticos del vehículo. Eventualmente, la pericia balística ha sido muy clara de que no es posible determinar cuál de las armas efectuó el disparo que impactó en una de las personas que iba en el vehículo, pero eso no quita que el accionar policial fue progresivo y correcto”.