SALTO

Una operadora penitenciaria fue condenada luego de que se determinara que era la intermediaria entre un proveedor de estupefacientes y un recluso de la cárcel de Salto, informó el Ministerio del Interior.

El hecho se conoció luego de que una comerciante le pidiera a un hombre, quien también se desempeñaba como operador penitenciario, si podía darle un paquete de galletas a uno de los internos de la cárcel donde trabajaba.

El funcionario se negó e informó el hecho al encargado de la guardia externa del establecimiento. Tras el aviso, dos efectivos concurrieron al comercio y confiscaron el paquete.

Adentro encontraron un ladrillo de marihuana de más de 60 gramos y varias dosis de pasta base, también por un peso similar. El hallazgo determino el aislamiento del recluso al que estaba destinado el paquete de galletas y un proceso de requisa de su celda, donde le incautaron un celular.

La fiscal del caso Beatriz Protesoni dispuso la detención de las dos personas y la pericia al teléfono encontrado. De los datos extraídos se pudo saber que el recluso estaba además vinculado con la operadora penitenciaria quien, a su vez, era la intermediaria entre él y el proveedor de estupefacientes.

En la casa de la operadora encontraron, mediante un allanamiento solicitado por la fiscal, recortes de nylon con restos de sustancia blanca, dos handies, un cargador base, un chip de celular y cinco envoltorios de nylon negros con sustancia granulada y polvo en su interior, detalló el ministerio en su comunicado.

La Justicia condenó a la operadora como autora penalmente responsable de un delito de negociación de sustancias estupefacientes a la pena de 2 años y 6 meses de penitenciaría, que se dividirán en 18 meses de prisión efectiva y un año de libertad vigilada.

Por otra parte, el recluso fue condenado por un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a una pena de tres años de penitenciaría de cumplimiento efectivo y la comerciante fue acusada de ser la autora penalmente responsable de un delito de posesión de sustancias estupefacientes prohibidas con una pena de un año de prisión efectiva y un año de libertad vigilada.

Al momento la investigación sigue en curso ya que se buscará evaluar si hay más personas involucradas.