SISTEMA PENAL JUVENIL

Inddhh critica registro de antecedentes para menores y pide al Parlamento crear Código

La institución afirma que la legislación en torno a los menores en conflicto con la ley provocó un "regresivo régimen" que se debe "dejar sin efecto".

Inisa considera que los hogares son inadecuados para alojar menores. Foto: Archivo
Hogar del Inisa. Foto: archivo El País.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) pidió al Parlamento que se elabore un Código de Responsabilidad Penal Juvenil con el objetivo de "dejar sin efecto el actual y regresivo régimen", que se manifiesta, entre otras cosas, a través del registro de antecedentes penales de los menores infractores.

En su informe temático del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación del sistema penal juvenil, en el que se recogen los datos de cuatro años de monitoreo a los centros de privación de libertad de adolescentes, la Inddhh manifiesta que las autoridades han ejecutado un "cambio discursivo que va de la alta contención a la inclusión social", que a los efectos prácticos significa "una alteración significativa únicamente en las formas de enunciación".

El informe presentado esta mañana indica que, en varios centros, "se privilegia el encierro para organizar la vida cotidiana de los centros en lugar de realizar actividades". Este se debe a una "priorización de un modelo securitario y de encierro en muchos casos compulsivo, hasta por períodos de 22 horas diarias", en el que un 45% de los menores privados de libertad no han participado de actividades educativas o laborales.

En este sentido, se recomienda al Parlamento la elaboración de un "Código de Responsabilidad Penal Juvenil" con el objetivo de "dejar sin efecto el actual y regresivo régimen".

La institución menciona entre las medidas "regresivas" la implementación del Registro Nacional de Antecedentes Judiciales de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, junto al régimen especial para los casos en que el presunto autor sea mayor de 15 y menor de 18 años de edad y cuando el proceso refiera a infracciones gravísimas, ley que el Congreso del Frente Amplio votó derogar en su programa de gobierno para el período 2020-2025.

Asimismo, se recomienda al Inisa reducir la "discrecionalidad "de los equipos de dirección y el "encierro compulsivo" de más de 20 horas diarias, que los adolescentes participen actividades educativas, deportivas, culturales y laborales, la creación de un régimen de semilibertad.

Según datos del Inisa, de 1.456 jóvenes que atendió el sistema durante el 2017, 878 cumplieron una medida privativa de libertad, mientras que 578 cumplieron medidas no privativas de libertad. Esto "va en contra del principio de excepcionalidad de la privación de libertad que establece la Convención sobre los Derechos del Niño", indica la institución.

Participación en los delitos

El Inddhh señala que pese al triunfo del No a la baja en el plebiscito de 2014, "se mantiene al día de hoy" la "percepción" de que "los adolescentes son responsables del incremento del número de delitos".

Sin embargo, ​los datos del Ministerio del Interior señalan que la participación de menores de edad como autores en homicidios consumados en 2017 es del 5,7%. Es decir, 16 en 283.

¿Libertad o cárcel?

Según la institución, la privación de libertad es la regla y no la excepción en el sistema penal juvenil uruguayo. En 2017, solo el 39,7% de los menores asistidos en el Inisa obtuvieron medidas no privativas de libertad y 60,3% sí fueron privados de libertad.

En este sentido, no hay distinciones en cuanto a medidas cautelares o condenas fijas. De 515 menores que ingresaron al sistema del Inisa en 2017, 49 lo hicieron con medidas cautelares, siendo privados de libertad 38 de ellos. En el caso de las condenas definitivas, 316 menores recibieron medidas privativas de libertad y 144 obtuvieron medidas no privativas.

Educación y trabajo

En 2017, el 54% de los jóvenes privados de libertad asistieron a algún programa de educación formal obligatoria, pero solo el 8,1 % formó parte de propuestas laborales remuneradas. Como consecuencia, se puede reflexionar que "la ausencia (o el desconocimiento) de una política institucional integrada, coherente y acorde con el corpus iuris internacional para la protección de los derechos humanos de las y los adolescentes", dice el informe. 

Según el Inddhh, "en la medida en que se continúe con ese discurso simplista de ver la solución al problema en el reforzamiento de una respuesta punitiva, el resultado no ha de ser otro que el fracaso constante", ya que es "un medio ineficaz para obtener el resultado seguridad, que solo aumenta la vulneración sistemática de los derechos de las y los adolescentes que transitan el sistema".

Según los datos publicados en el informe de la Inddhh. 477 jóvenes privados de libertad, de lo 869 que hubo en 2017, tuvieron acceso a la educación formal pública. De ellos, 32 aprobaron cursaron y aprobaron primaria y 445 cursaron secundaria.

Otros 77 tuvieron acceso a educación no formal, a través de capacitaciones de Inefop y otras experiencias.

En cuanto al trabajo remunerado, solo 71 menores pudieron tener acceso (63 varones y ocho mujeres).

Problemas para prevenir el suicidio

En 2017 hubo 87 intentos de autoeliminación en centros del Inisa, ocurriendo 51 de ellos en el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (CIEDD).

"Si se analiza la concentración de esos intentos, surge que más del 50 % se produjeron en el Ciedd, lo que confirma y profundiza la preocupación sobre el nivel de vulneración de los derechos de los adolescentes privados de libertad en ese centro", señala la Inddhh.

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