CLAVES PARA ENTENDER LA INSEGURIDAD

Ola de asesinatos revela las grietas de la estrategia de seguridad diseñada en el año 2012.

La serie inédita de homicidios que se han producido en Uruguay en los primeros cuatro meses del año —período que cerrará con un récord de 138 muertes violentas— pone en tela de juicio las estrategias de seguridad implementadas por sucesivos gobiernos. La elevada tasa de criminalidad no admite dos lecturas. La biblioteca del gobierno basta para poner en evidencia la gravedad del problema.

Seis años después de que el gabinete de José Mujica anunciara las 15 medidas de su Estrategia por la vida y la convivencia —entre ellas, la legalización regulada y controlada de la marihuana—, el balance de esa política está lejos de ser un éxito.

Aquella comparecencia ante la prensa, en junio de 2012, fue excepcional: se hallaban presentes en la mesa el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia; el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el titular del Mides, Daniel Olesker, y el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, todos ellos miembros del Gabinete de Seguridad que integraban también Ricardo Ehrlich (Educación y Cultura) y el canciller Luis Almagro. Se anunciaron 15 medidas "para recomponer el tejido social, garantizar los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos".

Después de analizar las "cosas tremendas" que pasan co-mo consecuencia de la prohibición "decidimos ir por el camino de la legalización", afirmó Fernández Huidobro. Explicó que "en la actualidad los consumidores de marihuana conocen a los traficantes, los ocultan y los protegen" para asegurarse el suministro y además "se incrementaron los ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes", dijo.

Era el año 2012, cuando los homicidios por "ajuste de cuentas" representaban un 29% del total, según recordó el ministro Bonomi hace dos semanas en el Parlamento. En 2017 significaban un 45%. Y en el primer trimestre de este año, representaron 58% del total.

La iniciativa de legalizar el suministro de cannabis estaba fundada en ciertos principios que expuso el propio gobierno, y que leídos a la luz de hoy parecen copiar el discurso de los partidos de oposición, o del reciente documento de la Iglesia Católica.

Admitía el gobierno "la profundidad y permanencia de los procesos de fractura social, el quiebre cultural y la segmentación educativa y residencial en nuestro país", así como "la instalación de comportamientos marcados por la intolerancia y la falta de respeto hacia formas tradicionales de convivencia pacífica, que vienen definiendo el paisaje cotidiano".

El anuncio de que el Estado iba a autorizar la distribución y venta de marihuana fue como una bocanada de aire fresco en el sofocado panorama existencial uruguayo. Aunque la medida no se puso en práctica hasta cinco años después, el mero anuncio comenzó a inundar la calle de olor a porro.

El músico Jorge Drexler saludó la iniciativa con una frase que quedó estampada en Twitter: "Uruguay más cerca de ser la Holanda de América. Y digo esto con la mayor de las alegrías".

Días atrás, en el marco de la interpelación a Bonomi, el Ministerio del Interior también aludió a Holanda, aunque en términos más alarmantes.

Citó un artículo del diario español El País titulado: Guerra subterránea de los narcos en Holanda, que hacía referencia a un tiroteo en un club juvenil en pleno centro de Amsterdam.

"La policía apunta a que la mayor parte de los ajustes de cuentas entre bandas de diverso origen étnico son por culpa del tráfico de drogas. En los últimos 30 años, además, los pequeños traficantes holandeses se han convertido en grandes inversores en inmuebles. En definitiva, estos son los rasgos de un narcoestado", sostenía la publicación citada por el Ministerio del Interior.

En Uruguay se vislumbra un proceso similar. De hecho, desde aquel anuncio de junio de 2012, todas las estadísticas que vinculan el crimen con el narcotráfico se han disparado.

La expectativa por la legalización de la marihuana sumó a Uruguay otros rasgos de estilo holandés, que no armonizan con la alegría de Drexler: se entreabrieron las puertas de un mercado que los traficantes de drogas no podían dejar de explorar.

Así, las incautaciones de marihuana y "drogas duras" fueron estableciendo sucesivos récords.

En el año 2013, se rompió la marca histórica con la incautación de 2.061 kilos de marihuana, la mayoría procedente de Paraguay.

Entonces, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, hizo un pronóstico: "Se espera reducir la venta ilegal de cannabis con la ley sobre su regularización que sería votada al final de este mes en el Senado", dijo en noviembre de ese año. Agregó que esperaba "competir con los traficantes ofreciendo mejor calidad y precio".

Pero el narcotráfico siguió avanzando.

En 2016, de acuerdo con datos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), se incautó un total de 4.305 kilos de marihuana, 70% más que el año anterior.

El avance se evidencia al comparar esas cifras con las del año 2010, cuando se incautaron apenas 380 kilos.

La noticia más grave que cuestiona la política de seguridad es la progresión de homicidios que registran las estadísticas oficiales hasta el año 2017, y el relevamiento de muertes violentas que El País ha hecho en los primeros cuatro meses del año.

Bonomi fue interpelado en el Senado por ese motivo, y explicó el aumento de los homicidios por conflictos entre criminales: el consabido "ajuste de cuentas" que comenzó a impregnar las estadísticas del Observatorio de Violencia y Criminalidad desde el año 2012.

Ese año el Ministerio atribuyó 77 asesinatos a esa causa (29% del total de homicidios); en 2013 fueron 81 (31%); el año pasado, 127 (45%), y en el primer trimestre de este año, sobre 138 muertes por hechos de violencia, 58% se debió a ajustes de cuentas, en su mayoría por "guerras" libradas entre traficantes de drogas.

Bonomi no quiso restarle relevancia al problema. Admitió en el Parlamento que "eso nos preocupa y nos parece altamente negativo para la convivencia en la sociedad, porque esa dinámica del conflicto entre criminales que dirimen a tiros sus diferencias y tienen un alto desprecio por la vida, se extiende a los barrios donde viven y también a las modalidades delictivas en las que participan".

Sin embargo, el ministro puso "en contexto" el aumento de la criminalidad en Uruguay. Eligió a Londres como ejemplo, recurriendo a una crónica de El Mundo donde se informaba el pasado 2 de abril: "Por primera vez en la historia contemporánea, Londres registra más asesinatos que Nueva York. Desde que comenzó el año, le ha sido arrebatada la vida a 46 personas...".

En ese mismo período (primer trimestre del año), más de 50 personas fueron víctimas de homicidio en Montevideo (las cifras oficiales no han sido divulgadas aún).

Hay que poner el dato también "en contexto": Londres tiene una población de 8.788.000 y Montevideo, 1.319.108 habitantes, según el censo de 2011.

Bonomi no hizo mención a la criminalidad en Nueva York, pero una nota del diario español El País, el 2 de enero pasado, anunciaba que "la mayor metrópoli de Estados Unidos registró en 2017 el número más bajo de homicidios de la historia moderna: 290". Esto es, apenas 7 más que los registrados en Uruguay el mismo año.

El secretario de Estado también admitió la mala evolución que ha tenido la tasa de homicidios, que en el año 2005 era de 5,6 cada 100.000 habitantes y el año pasado llegó a 8,1.

El dato llevó a la Ministra de Seguridad de Argentina a aseverar que "Montevideo tiene más asesinatos que Argentina". Un craso error de comparación; pero en el fondo, la ministra tenía razón. De acuerdo con el informe más reciente del Ministerio de Seguridad de la Nación, la tasa de homicidios es de 6 víctimas cada 100.000 habitantes, menor a la de Uruguay.