Modalidad importada

La Fiscalía cambió la tipificación del delito para poder aplicar penas de cárcel más severas.

Un tanque de acetileno, una batería de auto conectada a un cable de unos cinco metros de largo y un marrón son las únicas herramientas que se precisan para explotar un cajero. Cualquier persona con ciertas habilidades manuales puede hacerlo.

En este momento hay por lo menos 11 delincuentes en prisión por esta modalidad, de los cuales cinco son chilenos. Otros transandinos lograron huir de la Policía a través de las fronteras terrestres. Operadores judiciales y policiales creen que hoy hay entre seis y diez bandas de delincuentes uruguayos cometiendo asaltos a cajeros.

El modus operandi, que se inició en 2001 en Italia y se extendió por toda Europa, llegó a América Latina a través de delincuentes chilenos que lo aprendieron en España.

Con un marrón grande, uno de los delincuentes rompe el vidrio de entrada al cajero. Utilizando esa herramienta, la misma persona destroza la carcaza del cajero hasta llegar cerca de las bandejas. Mientras tanto, otro ladrón coloca el tanque de acetileno (un gas incoloro, inodoro e inflamable, más ligero que el aire) en el piso, desenrolla el caño de varios metros que llevará el gas al interior del cajero y abre la salida de gas. En ese lugar, un tercer delincuente deposita una pequeña batería de auto con un cable conectado al positivo y al negativo. Cuando el sistema está instalado, los delincuentes salen al exterior. Juntan el extremo del cable que genera chispas en la batería, lo que hace explotar el gas. El cajero queda destrozado.

Los tres delincuentes ingresan otra vez al recinto. El cajero es una maraña de hierros retorcidos. Forcejan un poco con ellos y se llevan las cajas conteniendo el dinero.

El procedimiento demora entre 2,23 y 3 minutos, según videos de los robos.

Afuera, en la calle, los espera un cuarto delincuente con un auto robado, estacionado con las balizas encendidas y las puertas y el baúl abiertos. Ahí colocan las cajas con el dinero. Antes de partir, los delincuentes arrojan “miguelitos” en la calle para obstaculizar una posible persecución policial.

En un principio, ladrones chilenos llegaron a Uruguay a fines de 2017 por tres vías: el aeropuerto, el puerto de Colonia y por el Chuy. Todos provenían de la zona de Viña del Mar.

Salvo uno de los transandinos detenidos, los demás tenían antecedentes por delitos menores en Chile: robos, receptación, porte de arma cortante, receptación y porte de pequeñas cantidades de drogas.

La banda chilena realizó una seguidilla de robos a cajeros. Reclutó a uruguayos para realizar tareas secundarias: conseguir autos robados y operar como “campanas” (vigilancia) cuando se realizaban los hurtos. Sin embargo, la facilidad para hacer el atraco generó un “efecto contagio” en delincuentes uruguayos.

Las medidas de seguridad de entintar los billetes y de inhabilitar los cajeros por la noche, no frenaron los atracos. El 9 de octubre, el Ministerio del Interior informó que desde septiembre de 2017 fueron 62 los cajeros explotados: en 24 de ellos el robo fue consumado y 38 fueron tentativas de hurto en las que los ladrones no se hicieron del dinero o se activaron los mecanismos de seguridad.

El 16 de noviembre una banda explotó un cajero ubicado dentro de un supermercado de Sayago. Durante el robo, amenazaron con un arma a un empleado del comercio y a operarios que descargaban un camión.
El fiscal penal Carlos Negro pidió para seis de los siete detenidos la pena de rapiña especialmente agravada por el uso de armas y la pluriparticipación y un delito de asociación para delinquir. Para el séptimo detenido solicitó encubrimiento. Se trata de un incremento de la pena para esta modalidad. Hasta el momento se tipificaba el delito de hurto.

Marcos Pacheco, abogado de los detenidos, dijo a El País que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía porque no existió violencia hacia el trabajador del supermercado. Y agregó: “Ese empleado no estaba custodiando el cajero. A los empleados del camión no se les pidió la recaudación. Estaban a 50 metros. Sí se les podía imputar a mis defendidos violencia privada pero no rapiña”.