DIECIOCHO MESES DE TRABAJO

Decir Canelones y Convención era mucho más que nombrar una intersección de calles en pleno Barrio Sur. Para los vecinos ese combo de nombres era un dolor de cabeza.

El problema estaba en un edificio de cuatro padrones y varias entradas, con peligro de derrumbe, que era ocupado por cinco familias y que era una suerte de refugio para los delincuentes que operaban en esa zona céntrica de la capital.

“Era un foco de delincuencia”, resume a El País Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Antes de que asumiera el nuevo gobierno, contó el jerarca que ya muchos vecinos del Barrio Sur habían reclamado que alguien hiciera algo con ese espacio que era utilizado para comercializar droga, para consumir y para esconderse de la Policía.

“No era una boca, era mucho más que una boca. Era una serie de bocas con lugares para consumir y también para vender”, agrega González.

Lo cierto es que la construcción ubicada en esas calles pasó a ser un objetivo para las autoridades de la cartera de seguridad. Y es por eso que la Policía realizó diversos allanamientos en los últimos meses.

Por eso es que unos 400 vecinos presentaron una carta para transmitir que desde hacía más de dos años esa zona del barrio los tenía agobiados.

El propio González se reunió varias veces con vecinos y comerciantes del barrio para buscar soluciones. Pero el trabajo no fue sencillo. Se necesitaba de coordinación entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y hasta del Ministerio de Vivienda. Es que para tapiar ese edificio primero había que realojar a las familias que lo habían ocupado.

El proceso duró 18 meses. Y fue el pasado lunes, recién, cuando se logró el objetivo.

“Se hicieron una cantidad muy importante de allanamientos en todo este periodo”, explicó el director de Convivencia del Ministerio del Interior. González, por ejemplo, se reunió con autoridades de la Intendencia de Montevideo y se decidió hacer una inspección en el lugar. Un equipo de arquitectos de Bomberos y de la comuna declaró que era inhabitable por peligro inminente de derrumbe. Y en ese proceso se buscó realojar a las familias que allí vivían. Pero se fue paso a paso.

Cada vez que se lograba darle una solución a una familia se tapiaba las habitaciones en que estas estaban, para que no volvieran a ocuparlas.

Mientras tanto, la Policía realizó diversos trabajos de inteligencia para “neutralizar” el lugar. Así lo explicó el jefe de Policía de Montevideo, Mario D´ Elia, a El País: “La idea era tratar de cerrar la boca y neutralizar el lugar” a la espera de que lo fueran tapiando, lo que se consiguió el lunes. El Ministerio del Interior instaló cuatro cámaras en la zona y dispuso efectivos de la Guardia Republicana para vigilar el sitio hasta completado el proceso.

Además, como ese edifico de cuatro padrones donde vivían cinco familias se convertía en la noche en una boca de droga y también de circulación de delincuentes, los investigadores de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo, a cargo de Gilma Vianna, se concentraron en detener a los que allí cometían delitos.