HUBO ALLANAMIENTOS

El director nacional de la Policía, Mario Layera, se refirió ayer a la banda que secuestró a un joven de 25 años y le cortó una falange y una oreja.

“Preocupa”, dijo Layera sobre la situación y agregó: “Es otro elemento de escalada de la violencia que hemos venido hablando. Nos preocupa y nos ocupa en el trabajo diario”.

En ese sentido, Layera indicó que hay una investigación en curso y que no iba a dar detalles pero resaltó que al momento no hay “persona detenida” por el secuestro.

Según informó Subrayado, ayer se realizaron varios allanamientos en Montevideo para dar con el principal sospechoso del secuestro.

Fuentes policiales confirmaron la información a El País y dijeron que todos los equipos de investigaciones de la Zona Operacional II realizaron allanamientos por la capital.

El joven, hijo de una policía que estaba en situación de calle desde hace meses, fue secuestrado el viernes 8 por una banda del Cerro. Los delincuentes le pidieron a la madre la suma de $ 15.000 como rescate, informó Subrayado.

Primero le enviaron a la mujer unas fotos con la falange cortada y luego una oreja. Después lo liberaron. No trascendió si la madre pagó o no el rescate solicitado por los delincuentes.

Pero el mensaje de la banda fue claro: no importa el dinero. Importa que otros delincuentes no cometan el error de quedarse con “algún cambio” o que consumidores dejen de pagar sus deudas de drogas.

Según las fuentes consultadas por El País, los familiares de la víctima del secuestro señalaron que “andaba en malos pasos”, pero no tenía antecedentes penales.

La intención de los efectivos de Hechos Complejos es desarticular a toda la banda de secuestradores y evitar que alguno de sus integrantes quede en libertad.

En caso de que uno o dos miembros de la gavilla no sean detenidos, estas prácticas crueles se continuarán aplicando porque estos tendrían una sensación de impunidad, dijeron las fuentes. “Eso puede derivar en que la banda sea contratada por una organización y secuestre y adopten prácticas crueles con cualquier persona”, indicó una fuente policial.

Los investigadores sospechan que la banda ya había adoptado prácticas similares a otras víctimas que residen en el Cerro o zonas aledañas, pero los casos no fueron denunciados por temor a represalias. El caso es investigado por la fiscal Mónica Ferrero, e investigadores del Departamento de Hechos Complejos.