DEMANDA PENAL

El predio está en la entrada de Colonia; se lo situó a 13 kilómetros.

Un director de la Intendencia de Colonia y agente inmobiliario declara hoy en calidad de indagado, acusado ante la Justicia Penal de haber falseado la ubicación de un inmueble de 60 hectáreas, situado en la entrada de la capital de ese departamento.

Lo que se denunció en el expediente judicial es que en el borrador del Plan de Ordenamiento Local de Colonia, preparado por la dirección a cargo del acusado, "se adulteró" la localización de un predio con frente a dos avenidas y se lo situó en un paraje a 13 kilómetros de distancia, asignándole un carácter "rural" que sólo permite su uso para viveros y hotel de campo.

Hasta ahora ninguno de los técnicos que integran el equipo del director indagado, y que declararon en el expediente, han sabido explicar cómo pudo suceder ese cambio a un grupo de técnicos que ha trabajado por casi dos años y que tiene como misión el ordenamiento y la planificación del territorio del departamento coloniense.

Según una fuente del caso, la situación se agrava porque el inmueble era objeto de un procedimiento administrativo, también seguido bajo el área municipal que dirige el hoy acusado, y en el cual dos dictámenes indicaban que los terrenos eran "urbanos" .

En lugar de que se los calificara así, el director acusado entendió que la calificación del predio debía ser establecida en el Plan Local de Colonia, cuyo borrador "falseó" la ubicación del terreno, según señala la parte denunciante.

La denuncia expresa que el predio en cuestión había sido objeto de "otros embates" por la Intendencia, que en 2013 quiso asignarle el carácter de "rural natural", similar a una reserva ecológica, sin ningún estudio que lo justificara.

Según la fuente, el caso podría tener hoy otras derivaciones, ya que, a todo lo anterior, se ha sumado la circunstancia de que la Intendencia de Colonia pagó a un perito judicial casi US$ 6.000 para que emitiera una tasación en el juicio de expropiación que la Intendencia inició para apropiarse de una fracción de algo más de seis hectáreas del predio en cuestión. Dicho pago se realizó por fuera de todos los procedimientos judiciales, según el cual los peritos y demás auxiliares de la Justicia reciben sus honorarios a través del Juzgado y con garantías para todas las partes, expresa el denunciante.

Advierte que la tasación efectuada por el perito estima el valor de la indemnización a pagar por la expropiación en menos de la mitad que cualquiera de las dos restantes tasaciones, resultando así beneficiosa para la Intendencia.

Según el denunciante, "resulta sorprendente" que un auxiliar de la Justicia haya recibido dinero de una de las partes y que ésta sea una intendencia, y agregó que se deberá explicar en qué condiciones se autorizó ese pago con fondos públicos.