INSEGURIDAD

Amenazan de muerte a un fiscal y a directora de cárcel en Salto

Los dos funcionarios viven con custodia policial.

Patrullero de Policía de Salto. Foto: Luis Pérez
Temas “calientes” y especulaciones son vinculados con amenazas a funcionarios de Interior y la Justicia. Foto: Luis Pérez.

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Un fiscal del departamento de Salto que venía investigando dos sonados casos ocurridos en el transcurso de estos últimos meses fue amenazado de muerte y, por esta razón, se encuentra con custodia policial permanente, tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio particular.

Los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior se pusieron en alerta no bien se tomó conocimiento de que el funcionario judicial está en la mira y puede ser víctima de un posible atentado.

Fuentes judiciales dijeron a El País que prefieren no profundizar en cuáles serían los motivos que sumergen al representante del Ministerio Público en una tensa situación.

El fiscal con custodia policial continua es el que viene investigando la rapiña realizada en las oficinas municipales de las Termas del Daymán, durante la pasada Semana Santa.

En este caso quedó al descubierto que estaban involucrados dos policías en actividad, que se encuentran formalizados y en prisión al ser imputados como responsables de llevarse la caja fuerte, con más de un millón y medio de pesos, suma que no se recuperó.

El robo involucró a otras tres personas que actuaron junto a los dos policías y están detenidas, cumpliendo prisión preventiva como medida cautelar mientras se sustancia el juicio, pero además hubo otro delincuente, ya identificado, que participó en la rapiña y se encuentra prófugo.

Otro tema “caliente”, que aún está sin resolver judicialmente en la sede a cargo del fiscal amenazado de muerte, es el el robo perpetrado en la Dirección de Investigaciones de la propia Jefatura de Policía local, en donde desapareció dinero en efectivo en pesos y dólares, y asimismo varios celulares con información vinculada a procedimientos contra narcotraficantes.

Esos móviles, por decisión judicial y por razones de seguridad, se encontraban bajo custodia policial y en un lugar al cual solamente accede personal de la institución. Para llegar al mueble en donde estaban los celulares guardados bajo llave se requería el pasaje por un control interno y sortear escaleras y puertas.

A todo esto, a la policía local se le suma otro caso delicado y tampoco aclarado, que derivó de inmediato en una orden judicial para dar protección policial las 24 horas del día a la Directora de la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), María de los Angeles Machado, y también a su familia. En la madrugada del 20 de febrero de este año hubo un ataque a balazos contra la finca de la funcionaria y aún no se ha dado con los responsables.

Dos individuos a bordo de una moto, luego de romper una de las cámaras de seguridad que apuntaba a la vivienda, se detuvieron y dispararon cinco balazos hacia el interior, a través de puertas y ventanas. Por un caso fortuito, en ese momento ni la mujer ni sus hijos se encontraban en el lugar.

Pasada la 1:30 horas, la jerarca del INR estaba precisamente en la Unidad a su cargo aguardando el retorno de la luz después de un apagón energético.

A poco de ocurrido el ataque a su casa, Machado declaró a la prensa que no tenía idea acerca de quiénes estaban detrás de ese hecho de violencia.

“Puede ser una banda de delincuentes o un grupo de narcotraficantes, cualquiera, porque yo no me caso con nadie y cumplo con mi trabajo”, dijo Machado.

La directora confirmó que en el momento de la balacera a su domicilio, que rompió vidrios y dejó balas incrustadas en paredes de la cocina, por un corte de luz en la ex Cárcel Departamental se había mantenido en ese lugar cuando sucedieron los hechos que fueron alertados por vecinos a la propia víctima.

La Policía no descarta que esta acción de amedrentamiento esté relacionada con medidas disciplinarias que aplicó Machado en la cárcel o con traslados de narcotraficantes por razones de seguridad.

Entre las rejas y los tribunales de justicia

La directora de cárceles de Salto, María de los Ángeles Machado, que tiene custodia policial desde que su casa fue acribillada a balazos, había ingresado al INR en el año 2014 como operadora penitenciaria; a los pocos meses pasó a ocupar la subdirección administrativa de la dependencia local y en octubre de 2018 se convirtió en la primera mujer -y primer civil- en ser designada por el Ministerio del Interior para ocupar el cargo de dirección, subrogando al subcomisario Miguel Catelotti.

Cuando el intendente de Salto, Andrés Lima, accedió al gobierno departamental en julio del año 2015, Machado se incorporó al equipo de trabajo por su militancia en el Frente Amplio desde filas de la Vertiente Artiguista, para desarrollar un programa vinculado al área de Género y Generaciones. Pero, tras ocupar el cargo, renunció por discrepancias con el jefe comunal y retornó de inmediato a su puesto en el INR.

El fiscal letrado departamental de Salto de 1º Turno, Augusto Martinicorena, también con guardia policial luego de ser amenazado de muerte, había imputado a fines de abril a dos oficiales policías de la Jefatura departamental que fueron formalizados y enviados a prisión por el robo de algo más de un millón y medio de pesos concretado el lunes 22 de abril, en las termas municipales del Daymán. Por el mismo caso, otro hombre fue a prisión por asociación para delinquir y copamiento, y dos sujetos están tras las rejas por encubrimiento. Un quinto delincuente nunca fue detenido.

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