El caso de la niña de 11 años (hoy cumple 12) con un embarazo de 16 semanas producto de una violación, instaló una polémica sobre el derecho de la víctima a tener a su hijo.

La niña quiere tener a su hijo y fantasea con formar una familia con su violador, pero su madre pretende que aborte porque, asegura, no está en condiciones de hacerse cargo del bebé. La niña toma medicación psiquiátrica y tendría retardo.

El caso, que ayer salió a la luz en una nota de La Diaria, terminó en el despacho de la jueza Raquel Gini, que hace quince días declinó competencia y determinó que la decisión debía tomarla el cuerpo médico en concurrencia con la madre de la niña.

El cuerpo médico del Centro Hospitalario Pereira Rossell determinó que no había motivos de carácter ginecológico para proceder a un aborto porque la vida de la niña no corre riesgo y está en condiciones de llevar su embarazo a término. También se tomó en cuenta la opinión de la niña, negativa al aborto, y que el plazo que estipula la ley en este caso (14 semanas de gestación como máximo para interrumpir el embarazo) había caducado.

La madre de la niña, atenta a que la resolución judicial señalaba que la decisión debían tomarla los médicos con ella, objetó la decisión y junto a organizaciones no gubernamentales vinculadas a temas de salud reproductiva, reclama que la decisión sea revisada. No obstante, según publicó La Diaria, a la niña ya se le entregó un carné de control de embarazo.

La niña, ahora bajo cuidado del INAU, imagina formar una familia con el sujeto que abusó de ella y que ahora está en prisión. El hombre era pareja de la hermana de la niña y la violaba cuando esta iba a cuidar a su sobrino.

En el INAU ya se maneja que la niña será acompañada en su embarazo y preparada para dar en adopción a su hijo.

Este escabroso caso abrió una polémica sobre la ley del aborto, los derechos de los menores y la patria potestad.

Lilián Abracinskas, directora de MYSU, cuestionó la decisión de la Justicia y de los médicos tratantes. "Ahora resulta que la voz de una niña que vive en la más absoluta miseria es sagrada porque dice que quiere ser mamá. ¿Alguien se acercó para decirle que la situación puede ser diferente, que su situación es de riesgo y que pueden morir ella y su bebé? Si esta chiquita muere, ¿qué hacemos?", dijo. Consideró que se utilizaron criterios médicos cuando el abordaje debe focalizarse en la perspectiva de una niña de 11 años violada y traumatizada que no debería tener facultades para decidir sobre su futuro en esas condiciones.

La jueza Gini resolvió que en este caso se aplica el artículo 11 bis del Código de la Niñez y Adolescencia, en la redacción dada en la ley 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva (ley del aborto).

Esta establece que los menores tienen "derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inclusive los referidos a la salud sexual y reproductiva, debiendo los profesionales actuantes respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecerle las mejores formas de atención y tratamiento cuando corresponda".

Agrega que de acuerdo a la edad del menor "se propenderá a que las decisiones sobre métodos de prevención de la salud sexual u otros tratamientos médicos que pudieran corresponder, se adopten en concurrencia con sus padres u otros referentes adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la autonomía progresiva de los adolescentes".

Y concluye que en caso de existir riesgo grave para la salud del menor y no pudiera llegarse a un acuerdo con este o con sus padres o responsables del mismo en cuanto al tratamiento a seguir, el profesional podrá solicitar el aval del juez en materia de derechos vulnerados o amenazados, "quien a tales efectos deberá recabar la opinión del niño, niña o adolescente, siempre que sea posible".

Gini dispuso, además, que la niña ingresara al INAU, una vez que sea dada de alta del Hospital Pereira Rossell, y que se la incluya en un hogar adecuado a su patología, brindándole asistencia psicológica y psiquiátrica, y que se le informe en un plazo de treinta días.

"La niña fantasea con casarse con este abusador y tener al hijo", confió a El País una fuente cercana a la familia. Incluso, agregó, no se le dijo que el hombre de 41 años que la violó fue procesado con prisión, por el impacto emocional que la noticia podría ocasionarle.

"Su deseo es continuar con su relación y con el embarazo y se opone a su ingreso al INAU", aclara la jueza Gini en su resolución. Sin embargo, la niña ya fue puesta en custodia del INAU debido a que su madre, a favor de que aborte, argumentó que "no está en condiciones de hacerse cargo del cuidado y atención de su hija".

La jueza aclara, por otra parte, que los distintos informes médicos indican que la niña "no tiene capacidad para entender las consecuencias del embarazo, la maternidad y la relación con un hombre que triplica su edad". La niña, además de medicación, concurría a una escuela especial para chicos con dificultades.

La niña vivía con su familia e iba a cuidar a su sobrino (hijo de su hermana), que también es fruto de la relación con el abusador, explicó un allegado a la familia a El País.

"Fue una corrupción perversa que terminó en una violación", agregó.

Existen varias versiones respecto a la notificación a las autoridades.

Por un lado, la Justicia aclara que comenzó a actuar a raíz de la notificación por parte de los médicos tratantes del Hospital Pereira Rossell. Fuentes allegadas al caso, por otro lado, explican que primero existió una denuncia anónima por parte de un familiar. A raíz de esta denuncia se dictó una orden de alejamiento de 300 metros. Pero como el abusador no la respetó, la madre realizó otra denuncia y allí sí fue procesado.

Marisa Lindner, flamante presidenta del INAU, dijo que la institución tomó nota de esta situación luego de que la resolución judicial determinara que la niña pasaría a estar custodiada por este organismo. Sin embargo, la organización El Faro, que trabaja desde hace años con la familia de la niña abusada en representación del INAU, no había notificado nada con anterioridad.

La Justicia procesó con prisión al abusador como autor de un delito continuado de violación.

Además, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini solicitó una pericia de ADN para determinar si el hijo es del encausado.

“Es impactante pero sabemos que no es el primer caso que se da en nuestra sociedad”, dijo Marisa Lindner, presidenta del INAU.

Lindner dijo que el embarazo en niñas de once años no es una novedad para Uruguay. “Es un tema tan antiguo como la sociedad misma”, dijo. Y ejemplificó con casos en que el abusador es el propio padre biológico de la niña, un familiar o un desconocido.

“Se han adoptado medidas para que estas situaciones no estén naturalizadas y sean puestas donde corresponden”, agregó. “Se requieren cambios porque son absolutamente recientes para las políticas públicas”, agregó la presidenta.

Lindner dijo que la institucionalización de estos menores no es la solución y que el INAU busca tener a la menor cantidad de niños internados. “Es el último recurso”, aseguró.

Jueza declinó competencia y dijo que deben decidir la madre con los médicosGABRIELA CORTIZAS