Los números no dan. Las proyecciones no se cumplen. La economía luce estancada. El país casi no crece. La inflación se dispara. Y el desempleo, lenta pero sostenidamente, crece.

El gobierno ha manifestado que el combate a la inflación y el abatimiento del abultado déficit fiscal son sus prioridades. Y que en el tiempo por venir se le verá trabajando para alcanzar esos objetivos.

En materia de precios, desde el equipo económico se alzan voces que advierten de la existencia de empresarios que estarían haciendo su agosto en abril. Pero, ¿de quiénes se habla? ¿A quiénes se apunta? ¿Por qué se generaliza, en lugar de denunciar situaciones concretas? ¿Y qué se pien-sa hacer desde el gobier- no para evitar esas situaciones?

¿Cuánto inciden en el aumento de algunos productos las elevadísimas tarifas de los combustibles? ¿Cuánto pesan las tarifas de UTE y OSE? ¿Cuánto repercuten los altos costos laborales, que no solo son los salarios, sino todos los beneficios que los sindicatos han conquistado en los últimos once años?

El gobierno apunta a los empresarios por la forma en que fijan los precios de sus productos y el impacto que ese proceder tiene en la inflación. Sostiene que están abusando. ¿Y cómo procede el gobierno cuando es empresario? ¿Baja las tarifas de las empresas públicas? ¿O las sube? ¿Y acaso eso no pesa sobre la inflación? ¿Cómo y cuánto impactan esos aumentos que determina el gobierno en los costos de las empresas y, al fin y al cabo, en los precios de los productos que integran la canasta con la que se mide el IPC?

Alguien dirá que el gobierno no puede bajar las tarifas públicas porque debe recaudar para no seguir agrandando el agujero fiscal. Señalará que las cajas de la DGI y el BPS ya están sintiendo el impacto de la desaceleración de la economía y del aumento del desempleo. Y eso es así.

Pero, ¿es así como se va a trabajar para cumplir con el objetivo de bajar el déficit fiscal del 4% del PIB? ¿Es aumentando las tarifas? ¿Es haciendo que los ciudadanos sigan pagando los costos del aparato estatal?

¿Qué va a hacer el gobierno en la próxima Rendición de Cuentas? ¿Va a mantener el gasto, aunque eso suponga enfrentarse con los reclamos de los trabajadores estatales apoyados por algunos sectores del propio Frente Amplio? ¿Va a anunciar recortes, para adaptar su funcionamiento a una coyuntura que es ciertamente peor que la que se proyectó cuando se aprobó el Presupuesto el año pasado?

¿Tendrán espalda el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori para cortar el gasto oficial como la prudencia recomienda? ¿Querrán hacerlo? ¿Estarán dispuestos a hacer lo que hay que hacer?

¿Podrá el gobierno pararse frente a los sindicatos de empleados públicos para explicar que no hay con qué otorgar nuevos ajustes salariales y que el país tiene que evitar caer en recesión y preservar su grado inversor para soportar el temporal?

¿Podrá? ¿Querrá?

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LA COLUMNA DE PEPE PREGUNTÓN