Los juzgados están saturados, faltan pulseras y se confiesan fallas policiales.

Los hijos de Valeria Sosa, la mujer asesinada por su ex pareja policía en la noche del pasado 30 de enero, están recibiendo asistencia en el Hospital Policial.

De manera provisoria, quedaron a cargo de sus abuelos paternos por decisión de la juez Ana Vega, titular del juzgado de Familia Especializado de 8° turno. La abuela materna anunció días atrás que solicitará su tenencia a un Juzgado de Familia.

El caso provocó que ayer la cúpula del Poder Judicial, la Fiscalía de Corte y del Ministerio del Interior se refirieran a la violencia intrafamiliar en general, al homicidio de Sosa y a la situación de los dos niños.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, llamó a que las instituciones involucradas asuman sus responsabilidades. "Si cada uno de nosotros, lo que hace es sacarle la pata al lazo y no asume responsabilidades, el problema va a seguir existiendo. Estas son todas muertes evitables", indicó.

La juez Vega emitió un comunicado en la página de la Suprema Corte donde señala que no correspondía intervenir en el discernimiento de la tenencia, porque la competencia del juzgado de Familia Especializado se reduce a situaciones de urgencia y esos asuntos se dilucidan en un juzgado de Familia común.

En este sentido, el ministro del tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, recordó que la ley no dice con quién se tienen que quedar los niños ya que eso "depende de las pericias" y de las consultas a los niños a los que se les asigna un abogado.

"Si la decisión fuera contraria a los intereses o la opinión de los niños el abogado puede recurrir", dijo.

Hasta el momento los niños no han sido consultados por el Poder Judicial, según confirmó a El País el vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat. La juez Vega destacó que "ante la trágica situación vivida por los niños, no es prudente revictimizarlos en el sistema judicial conduciéndolos a una audiencia para tomarles declaración".

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi y la directora de la División Políticas de Género de esa repartición, July Zabaleta, admitieron un "fallo" en el procedimiento relacionado con el caso de Sosa.

La mujer realizó una denuncia que no prosperó en las siguientes etapas del procedimiento.

"Se tomó la denuncia y no se hicieron las actuaciones que se debían realizar. La víctima hizo la denuncia, y luego lo que la Policía debe hacer es indagar al denunciado y comunicar a la Justicia, pero además debe aplicar el protocolo con el retiro preventivo del arma", dijo Zabaleta a radio Oriental.

La funcionaria señaló que de las 932 denuncias sobre efectivos policiales, a 489 de ellos se les retiró el arma de reglamento en el año 2016 por denuncias de violencia doméstica.

A esto hay que sumar otros 180 efectivos que ya estaban sin el arma.

El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Sipiav) denunció en 2015 un total de 1.908 casos de violencia de género o directa hacia niños y adolescentes. Estima que en 2016 la cifra podría superar los 2.200, según informó la directora del servicio, María Elena Mizrahi a FM Del Sol.

En tanto, los ocho Juzgados de Familia Especializados de Montevideo reciben unas 10.000 denuncias de violencia doméstica por año y están saturados, según confirmó a El País el ministro Cavalli.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, advirtió que se necesita de "miles de tobilleras electrónicas para responder a las necesidades de la población. Además, reclamó que el sistema se instale en todo el país.

La posibilidad de remitir al INAU u otras dependencias de acogida a los menores víctimas de violencia doméstica es "siempre el último recurso", aseguró el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli. "En general se procura encontrar a aquel familiar con quien los niños estén mejor, en eso influyen muchos factores por lo que se ocupa a un trabajador social que ve la vivienda y a qué se dedican los integrantes del núcleo familiar y un psicólogo o psiquiatra que estudia si las personas están en condiciones de hacerse cargo de ellos, entre otro", dijo el magistrado.

El máximo jerarca de la Fiscalía de Corte llamó a que todas las instituciones involucradas en el tema asuman sus responsabilidades. "Si cada uno de nosotros lo que hace es sacarle la pata al lazo y no asume responsabilidades el problema va a seguir existiendo. Estas son todas muertes evitables", indicó.

"Se tomó la denuncia y no se hicieron las actuaciones que se debían realizar. La víctima hizo la denuncia, y luego lo que la Policía debe hacer es indagar al denunciado y comunicar a la Justicia, pero además debe aplicar el protocolo con el retiro preventivo del arma", dijo ayer en declaraciones a Radio Oriental.

VIOLENCIA DOMÉSTICA