El Poder Judicial y senadores del partido de gobierno mantienen intensas negociaciones para conseguir que el aumento presupuestal se acerque al 40% solicitado por los cinco gremios judiciales.
Esta semana los senadores que integran la comisión de presupuesto, Víctor Vaillant, Rafael Michelini y Margarita Percovich se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para interiorizarse en la propuesta de la Justicia.
El ministro del Tribunal de Apelaciones civil e integrante de la Asociación de Magistrados, Jorge Chediak dijo a El País que se ha avanzado en el ámbito de negociación y eso es positivo aunque todavía no hay nada concreto.
Chediak subrayó el hecho de que el Poder Judicial no necesita mensaje complementario. De acuerdo con ello explicó que el Senado puede acoger la propuesta del Ejecutivo, que propone el 20% de aumento, la de la Suprema Corte (40% de aumento que reclaman los gremios judiciales) o una propuesta intermedia.
El gremio de funcionarios judiciales se reunirá hoy con el presidente de la Corte para ponerse al tanto sobre las negociaciones mantenidas hasta el momento con los legisladores, dijo el dirigente Ricardo Ramírez.
El proyecto que redactó la Suprema Corte de Justicia además del 40% de aumento cuando finalice el quinquenio, propone la creación de algo más de una decena de cargos, y la culminación del edificio de la ex Onda.
El gremio de jueces, semanas atrás denunció ante organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Alto Comisionado para la Independencia de los Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados que el gobierno no respondía a los planteos del Poder Judicial.
En una entrevista con El País, los jueces Anabella Damasco y Alberto Reyes criticaron duramente al Poder Ejecutivo que "se ha encargado de publicitar la eficacia del Poder Judicial de manera de atraer la inversión" en un "contrasentido" porque por ahora les concederá un aumento de 0.3 del presupuesto. Cuestionaron que se hable de "economía de guerra" para los jueces y se dé un tratamiento económico especial para la Dirección General Impositiva.