Lacalle Pou dice que es momento de terminar con la “coronita” de los legisladores.

El senador blanco Luis Lacalle Pou removió el ambiente político con una propuesta de reforma constitucional que apunta a que los legisladores puedan ser acusados penalmente sin que puedan invocar fueros o inmunidades. La idea fue recibida con cautela y cierto recelo por otros parlamentarios y constitucionalistas que ven que podría ser una amenaza a la independencia parlamentaria.

Lacalle Pou reflotó un proyecto que presentó en 2011 y quiere, a través de un referéndum, modificar el artículo 14 de la Constitución. Este artículo establece que ningún legislador puede, desde el día de su elección hasta su cese, ser acusado criminalmente ni siquiera por delitos comunes sino ante su respectiva cámara que por dos tercios de votos resolverá si hay lugar a la formación de causa. En caso afirmativo, con el actual sistema, el legislador queda suspendido en sus funciones y a disposición de los tribunales.

Lacalle Pou quiere modificar el artículo para que establezca que los legisladores podrán ser acusados penalmente por los delitos que fueren pasibles de haber cometido y no podrán invocar ningún tipo de fueros o inmunidades. Propone también que en el supuesto de que a un senador o representante, la Justicia competente le atribuya la comisión de un delito y decrete el procesamiento con prisión, quede automáticamente suspendido en sus funciones y sea sustituido por su respectivo suplente. Los legisladores quedarían cesados automáticamente en su cargo en caso de sentencia condenatoria.

Ayer, en su audición radial semanal, Lacalle Pou argumentó: "que la Cámara de Diputados, o de Senadores, tenga que decidir si este legislador va a la Justicia o no, no nos parece ni lógico, ni nos parece que corresponda en estos tiempos que estamos viviendo". "Si cualquier hijo de vecino incumple la ley y la paga, ya sea civil o penalmente, de la misma manera, o más aún, debemos ser responsables quienes manejamos la cosa pública. Y no tener coronita", sostuvo.

En la exposición de motivos de su proyecto Lacalle Pou amplió sus fundamentos. "En el presente proyecto de ley constitucional se elimina el fuero de "acusación penal" o de "procesamiento", previsto en el actual artículo 114 de la Ley Mayor (...) En definitiva, la esencia del cambio de régimen es permitir el inicio de la investigación penal, facultando a la Justicia a actuar procesalmente en todas las etapas, a tomar declaración personal por la presunción de la comisión de un delito por parte de un legislador, a investigarlo y, eventualmente, procesarlo —con o sin prisión— evitando el actual procedimiento de previo pedido de desafuero", señala. Para el senador blanco, "este sistema (el vigente) ha demostrado que muchas veces el legislador se ampara en sus fueros para evadir a la Justicia en casos de presuntas conductas delictivas o delitos comunes; desvirtuando, por ende, este instituto".

Lacalle Pou también quiere cambiar el artículo 93 de la Constitución de forma que la posibilidad de juicio político se limite a los casos de violación de la Constitución, algo que no es compartido por el constitucionalista Martín Risso (ver no- ta aparte). Por tratarse de una modificación a la Constitución, los cambios deberían ser aprobados en un plebiscito.

Entre los constitucionalistas la propuesta de Lacalle Pou generó opiniones contrapuestas. Risso dijo a El País que le parece "oportuna" parte de la modificación. "El criterio rígido de los artículos proviene del siglo XIX cuando la actuación judicial no daba las garantías que brinda actualmente. Además, no debe olvidarse que por imperio del artículo 112 de la Constitución, ningún senador o representante puede ser responsabilizado ni civil ni penalmente por los votos y opiniones que emita durante el ejercicio de sus funciones. Esto los protege debidamente en cuanto a su rol de legisladores y el 114 que se refiere a otros delitos recibe una oportuna modificación", consideró.

Sin embargo, Ruben Correa Freitas, constitucionalista y exdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dijo que "los fueros no protegen a los legisladores sino la independencia del Parlamento frente a los otros poderes, por tanto debe actuarse con mucho cuidado".

"Un gobierno autoritario podría aprovechar para sacarse a un opositor acusándolo ante la Justicia con acusaciones falsas. Hay que pensarlo mucho porque la historia es dinámica y cambia", sostuvo. Correa Freitas admitió sí la posibilidad de que se estudie una reducción de la mayoría especial de dos tercios que hoy se requiere para el levantamiento de los fueros.

El también constitucionalista y exsenador socialista, José Korzeniak, comentó que los fueros existen en todo el mundo occidental y apuntan a defender a la institución parlamentaria y no a dar impunidad a los legisladores. La mayoría de dos tercios, explicó, se estableció para que el eventual levantamiento de fueros tenga que contar con el apoyo de más de un partido y no se constituya en un arma para los enfrentamientos entre colectividades. "Es muy difícil conseguir los dos tercios pero los legisladores siempre pueden ser juzgados cuando terminan su período. Además, creo que los legisladores tienen que poder renunciar a sus fueros para declarar, si lo desean", señaló.

Para Korzeniak, la iniciativa de Lacalle Pou "está más bien ligada al momento político más que a un deseo real de cambio; es bastante evidente que se busca que se pueda procesar a algún legislador si hay delitos vinculados a Ancap". "No creo que el país tenga que dedicarse a ninguna reforma constitucional que todos los partidos discutirían durante mucho tiempo", sostuvo.

Además, Korzeniak entiende que no tiene sentido eliminar los fueros solamente para los legisladores y no para los ministros de Estado, para el presidente de la República y para el vicepresidente.

Los constitucionalistas entienden sí que se podría establecer que el plazo de prescripción de los eventuales delitos de corrupción que deja de correr mientras estos tienen fueros, comience a computarse cuando dejan su banca.

VISIONES.

Para el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, no hay necesidad de eliminar los fueros. A su juicio, en un régimen presidencialista como el uruguayo debe evitarse debilitar más al Parlamento, algo que haría la iniciativa de Lacalle Pou. Propuso trabajar sobre los plazos de prescripción de los delitos de corrupción.

El senador del Partido Colorado, José Amorín, cree que el proyecto de Lacalle Pou está bien inspirado y opinó que en los países "normales" los fueros cada vez tienen menos sentido. "Habría que votar el proyecto del senador Bordaberry de imprescriptibilidad de los hechos de corrupción", señaló.

El catedrático Martín Risso cree que la propuesta de Lacalle Pou disminuye la posibilidad de que se hagan juicios políticos porque se elimina la referencia a que tendrían lugar en caso de juicios graves. "El juicio político ha funcionado históricamente, en general, en casos de delitos graves", señaló.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou señaló que si bien es indudable la trascendental importancia que tienen los fueros parlamentarios, como garantía del libre ejercicio de la función legislativa, "no es menos (importante), dentro de la armonía funcional de los poderes, el libre ejercicio de la función judicial".

La Constitución en sus artículos 112, 113, 114 y 93 establece tres tipos de inmunidades: en materia de votos y opiniones; de arresto o de privación de libertad y de acusación penal o procesamiento penal. Lacalle Pou propone eliminar la tercera. Entiende que "se justifica la existencia de fueros que otorguen al legislador la inmunidad de arresto (excepto si es encontrado "in fraganti" pero no la inmunidad de procesamiento penal".

En la anterior legislatura el Parlamento no aceptó un pedido de desafuero del entonces senador Rodolfo Nin Novoa. Anteriormente, tampoco levantó los fueros del senador colorado Juan Justo Amaro, que, sin embargo, fue procesado cuando dejó su banca por presuntas irregularidades cometidas cuando presidió OSE. Sí fue desaforado el exdiputado colorado por Artigas, Carlos Signorelli, que fue juzgado por irregularidades ocurridas cuando fue intendente.

La constitución de 1830, la primera que tuvo Uruguay, estableció en su artículo 49 que los legisladores no serían responsables por las opiniones que emitieran en los debates parlamentarios. Los fueros no daban protección en los casos de delitos de "traición, concusión, malversación de fondos públicos o violación de la Constitución" Las cámaras pueden corregir a sus miembros por desorden de conducta por dos tercios de votos.

La palabra "fuero" proviene de los "foros" romanos donde se celebraban audiencias e impartía justicia. La institución de los fueros se consolidó en Europa como protección contra los abusos de las monarquías. Antes de la dictadura, un recordado caso de denegación de desafuero se dio cuando el Senado se negó a quitarle la inmunidad al frenteamplista Enrique Erro, a quien se acusaba por parte del gobierno de ayudar al movimiento tupamaro.

Cambios a la ConstituciónJUAN PABLO CORREA