La senadora del Partido Nacional Verónica Alonso presentó ayer lunes un proyecto de ley que amplía la competencia del Comisionado Parlamentario al sistema penal juvenil donde se encuentran menores infractores privados de libertad.

El proyecto propone que el Comisionado Parlamentario sea miembro del Consejo Consultivo Honorario Nacional del Incca (servicio descentralizado que se creará en lugar del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Sirpa) y quien tendrá la potestad de presentar informes anuales al Consejo Honorario y a la Asamblea General.

La legisladora propone además que ante la creación del nuevo instituto para menores infractores Incca (Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente) se puedan realizar convenios con instituciones que trabajen en la rehabilitación de los menores en conflicto con la ley.

"Actualmente el Estado tiene el monopolio de la rehabilitación de menores infractores con el resultado ya conocido. Nosotros proponemos que se puedan realizar convenios con instituciones sin fines de lucro que presenten programas educativos para rehabilitación de menores infractores en régimen de privación de libertad", dice Alonso en la exposición de motivos.

"Esta norma busca facilitar a instituciones integradas con personas de buena voluntad la posibilidad de probar nuevos procedimientos de rehabilitación, en base a más amor al prójimo que al amor a la función pública. Una reivindicación al padre Mateo y la obra que lleva adelante desde hace tanto tiempo, así como otras instituciones que desde el anonimato llevan adelante una tarea tan noble", agrega Alonso.

La figura del Comisionado Parlamentario se creó por ley en agosto de 2003, con la finalidad consagrar una garantía de defensa de los derechos humanos de los presos.

En los últimos años, Ministros de la Suprema Corte de Justicia, la Institución Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales han denunciado situaciones irregulares violatorias del Código de la Niñez y Adolescencia en los centros de reclusión del INAU.

El viernes 21 fueron procesados 26 funcionarios del Sirpa (17 de ellos con prisión) por golpiza a menores.

Proyecto de Alonso previo a aprobación del nuevo instituto