DEMANDA PECULIAR

El jueves declara Susana Nicodella, acusada de difamación; ella había iniciado dos demandas.

EDUARDO BARRENECHE

En un hecho singular en la historia de las relaciones entre empresas y el sindicalismo uruguayo, el Pit-Cnt presentó un denuncia penal contra una barraquera de Rocha por "permanente acoso".

La denuncia penal, realizada por el presidente y el secretario General del Pit-Cnt, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, señala: "La denunciada Susana Nicodella ha demostrado con su conducta un constante hostigamiento y una clara intención de agraviar públicamente el honor de la central de Trabajadores Pit-Cnt, y de esa forma, ofender el honor de las personas físicas que lo integran".

Acusada de difamar a la central obrera, Nicodella declarará el próximo jueves ante el juez penal de 30° Turno Marcelo Souto y la fiscal Sandra Boragno.

La denuncia se basa en afirmaciones hechas por Nicodella a El País y publicadas el 12 de octubre pasado. Allí la empresaria de Rocha denunció que sufrió cuatro atentados, tres de ellos contra su barraca y uno contra su casa. A la fecha, Nicodella padeció seis incidentes, según expresó una fuente de su entorno.

En el escrito presentado a la Justicia Penal, Pereira y Abdala señalaron: "(Hay) un permanente acoso de Nicodella hacia la central obrera desde hace más de dos años, caracterizado por reiteradas notas publicadas en el diario El País, realizadas a la ahora denunciada, de las que surgen claramente la intencionalidad de la misma en desprestigiar al Pit-Cnt, y a sus integrantes, adjudicándoles responsabilidad en una situación que es ajena a la central y a los propios trabajadores".

Considera que "no es posible" encontrar justificación a los "reiterados ataques" de que ha sido víctima el Pit-Cnt por parte de la denunciada y "al ensañamiento" de Nicodella con el movimiento obrero.

Tras insistir en que la empresaria de Rocha incurrió en "constantes agravios" hacia los denunciantes, Pereira y Abdala expresan en el escrito que, el pasado 12 de octubre, Nicodella dijo a El País: "Aunque me maten, seguirá el juicio al Pit-Cnt".

De esta forma, señalan, "la denunciada implícita y expresamente atribuye responsabilidad y vincula al Pit-Cnt en atentados que habría sufrido en su comercio y en la puerta de su casa. Agregan que esos conceptos "falaces" exponen al Pit-Cnt y a sus integrantes "al odio o al desprecio público. "Es absurdo considerar que el Pit-Cnt tiene algún interés de amedrentamiento a la denunciada cuando ya fuimos exculpados en la Sede Penal por la denuncia presentada por Nicodella", expresa el escrito. En cuanto a la demanda civil presentada por Nicodella contra el Pit-Cnt, la misma "no nos imputa responsabilidad directa" sino que la central es responsable solidariamente por un hecho ajeno.

En diciembre de 2013, Nicodella presentó una denuncia en el Juzgado Penal de 8° Turno por presuntas irregularidades en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. Dos gestores, uno de ellos fallecido, le mostraron contratos firmados por la central y el Banco Hipotecario.

Dicho acuerdo fue uno de los insumos utilizados por los gestores para solicitar dinero por adelantado a empresarios con la promesa que, con la financiación del BHU y el respaldo del Pit-Cnt, se iban a construir 15.000 viviendas para trabajadores. Sin embargo, esas casas no se construyeron.

El 13 de junio pasado, uno de los gestores fue procesado por estafa. La investigación judicial se centra ahora en los eventuales cómplices de los gestores.

La investigación sobre presuntos ilícitos en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt apunta al contrato firmado entre el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la central obrera, la que carece de personería jurídica para firmar ese tipo de documento.

Ese contrato fue uno de los últimos insumos agregados al presumario y, por ello, será analizado en la etapa de sumario de la investigación penal. La Justicia también indagará sobre si las autoridades de la época del BHU fueron alertadas o no por la sala jurídica de la entidad sobre la conveniencia de firmar un contrato con una institución que carece de personería jurídica como el Pit-Cnt. El entonces fiscal del caso, Carlos Reyes, solicitó al BHU que enviara a la Justicia un informe sobre si el organismo tenía potestad para firmar un acuerdo con la central obrera, señalaron fuentes del caso a El País. A mediados del 2014, la entonces jueza del caso, Fanny Canessa, indagó al excoordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo —hoy secretario general del Partido Comunista—, a Marcelo Abdala, secretario general de la central obrera, y al expresidente del BHU, Jorge Polgar.