Para los supermercados, “hay un componente político” en la modalidad de protesta sindical.

La resolución por consenso de las rondas salariales fue la más baja desde que se retomaron las negociaciones en 2005; el 64% fue por consenso cuando el promedio histórico era del 84%. En estos últimos consejos, que reunieron a 64 sectores, la cuarta parte terminó aprobándose por votación y, en esos casos, para llegar a la mayoría de votos hubo arreglos entre el Poder Ejecutivo y los empresarios.

A su vez, el 8% de los acuerdos fue por negociaciones bipartitas, una forma de resolución prevista en la ley de 2009 pero que hasta el momento nunca se había concretado. Este porcentaje corresponde a los sectores bancarios y metalúrgicos, en que los trabajadores y empresarios pactaron por fuera del consejo, y el Ministerio de Trabajo solo le dio publicidad. El restante 3% correspondió a decretos del Poder Ejecutivo, según una investigación del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica a la que accedió El País.

Estas particularidades de los últimos consejos dan cuenta "de una situación compleja para el movimiento sindical", dijo el economista Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto. Prueba de ello es que en los sectores con mayores dificultades, la tercera parte de los acuerdos fueron votados por los trabajadores: los propios empleados votaron a favor de que su salario real disminuya porque están perdiendo el empleo.

Según Rodríguez hay dos explicaciones: la primera "es aceptar menores ingresos para no aumentar los problemas del sector". La segunda es que "no aceptar implicaría quedarse sin nada".

Este escenario desfavorable para los trabajadores parece explicar la medida anunciada por el Pit-Cnt hace dos semanas: realizar "escraches" en las puertas de los supermercados en los que perciban precios abusivos en algunos productos.

El sindicalismo "no logró cambiar la postura del gobierno ante los convenios colectivos y, dado que no percibe un aumento de salarios, intenta que no suban los precios", señaló Rodríguez.

Fernando Pereira, presidente de la central sindical, coincide con esa mirada. "Quienes ganan menos de $ 20.000 destinan la mayor parte de su salario a la compra de bebidas, alimentos o a pagar un alquiler", dijo. "En ese sentido no puede ser que un supermercado cobre un queso a $ 329 cuando en la feria está a $ 220, es casi el 50% de diferencia".

El método que ahora decide tomar el Pit-Cnt se conoce como "control social". Es similar a los escraches que se han realizado frente a las casas de torturadores de la dictadura (1972-1985): la idea es que el barrio se entere.

Aunque en el caso de los precios de productos la ecuación no es tan lineal. La inflación es el aumento generalizado de los productos y, por tanto, no alcanza con detectar un solo precio excesivo para explicar la suba global. El Índice de Precios al Consumo, ese indicador que estima la variación mensual de los precios de bienes y servicios, tiene en cuenta más de 300 productos.

La postura que adopta el Pit-Cnt no es nueva. Hace 10 años, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) había comenzado a trabajar con empresarios de los supermercados y almacenes en un acuerdo voluntario de congelación de precios. En ese entonces los sindicalistas manifestaban una idea similar a la de ahora, "aunque no se haya concretado en una acción concreta", recordó Rodríguez

Hoy la inflación supera la meta de los dos dígitos, y si bien el aumento es de un punto porcentual respecto a los nueve meses anteriores, el impacto ya se hace notar. La metodología consistirá en volanteadas y reproches por altoparlante, "lo más alejado posible de la entrada del local para no interferir en la libre circulación", dijo Fernando Pereira, presidente de la central sindical. Eso sí: "Donde despidan a un trabajador de los supermercados por denunciar un precio excesivo, de adentro no nos saca nadie", agregó.

La reacción del Pit-Cnt coincide con un cambio de discurso del gobierno, que apunta a un mayor control de la oferta. De hecho, el Área de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía, pidió a los comercios que reporten diariamente el precio de los productos, en lugar de dos veces al mes como se hacía antes.

"Los pequeños y medianos comerciantes no tienen nada que ver en esto", señaló Pereira. "El problema son las grandes superficies (los supermercados con al menos tres cajas) que discuten el precio y la forma de pago a los proveedores", cuestionó.

En contrapartida, la Asociación de Supermercados del Uruguay dijo que sus asociados, que reúnen el 33% del despacho de alimentos del país, "son tomadores de precios y que las listas ya vienen dadas de una cadena que incluye productores, importadores, distribuidores…", especificó Daniel Menéndez, secretario de esta organización empresarial.

Según Menéndez, detrás de la acción del Pit-Cnt "hay un componente político, se trata de llegar a algo parecido a Argentina, donde hubo un control de precios con brigadas que salían a auditar". Pero en un país "donde el precio es libre, no tiene sentido: cada uno compra donde quiere y donde piensa que le conviene".

Pereira aclaró que no se pretende el control del precio, "porque eso es tarea del gobierno", sino "informar a la población de un modo pacífico". Al respecto, la Asociación de Supermercados espera que la manifestación "sea civilizada y que se permita la libre entrada a clientes, proveedores y trabajadores", dijo Menéndez. Hasta el momento la Policía no prevé ninguna acción de protección, indicó el director nacional, Mario Layera. Tampoco se conoce con exactitud el día y lugar del primer "escrache", aunque se espera que sea en el correr de esta semana, dijo una fuente sindical.

"Se está ante un auténtico caso de conflicto de derechos humanos", indicó el abogado constitucionalista Martín Risso. Los trabajadores sindicalizados tienen el derecho a la libre expresión, los clientes el derecho a la libre circulación y los negocios el derecho a no sufrir un daño comercial. Para el especialista no es necesario irrumpir la entrada de personas para quebrantar esos derechos, basta con "un agravio o charla hostil que incite al público a retirarse del lugar".

"El gobierno dio un mensaje que fue mal- interpretado", dijo Daniel Menéndez, secretario de la Asociación de Supermercados del Uruguay, que nuclea a 40 negocios (incluyendo las grandes cadenas). Refiere a que el ministro de Economía, Danilo Astori, señaló a principios de marzo, tras conocerse la inflación del 10,23%, que "después del acuerdo de precios hubo un remarque muy importante, en algunos casos sorprendente".

LA BATALLA CONTRA EL ALZA DE PRECIOS