Representantes de más de treinta sindicatos comparecieron ayer ante el Juzgado Civil de 16º Turno, en el marco de la demanda presentada por una empresaria de Rocha que dice haber sido estafada con el plan de vivienda sindical que promueve el Pit-Cnt.

Se trata de la primera audiencia conjunta —la jueza debió abrir una sala contigua para que todos participaran— en la que se ratificó la demanda y la contestación de los demandados. En esta primera instancia no hubo avances en materia de conciliación.

La empresaria reclama al Pit-Cnt un total de 2,8 millones de dólares por daños sufridos y el lucro cesante por el negocio que quedó trunco. En sus alegados los sindicatos se desmarcaron de la presunta estafa. Fueron demandados por separado porque el Pit-Cnt alegó en una instancia en mayo de 2014 que carecía de personería jurídica. Pese a ello, ayer el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y el secretario general Marcelo Abdala comparecieron y presentaron un escrito en el mismo sentido que el resto de los sindicatos.

Para la empresaria Susana Nicodella, propietaria de una barraca en Rocha, el Pit-Cnt es responsable por la conducta de dos gestores a los que les extendió un contrato para negociar la construcción de 3.000 viviendas del Plan Sindical. Según Nicodella, los gestores le pidieron cheques por US$ 300.000 a cuenta de futuras ganancias, pero el negocio nunca se concretó y los documentos nunca le fueron devueltos. Incluso la empresaria recurrió al entonces responsable del Plan de Vivienda, el dirigente sindical Eduardo Burgos, quien se comprometió a recuperar los ocho cheques ante los gestores.

El caso de Nicodella generó sorpresa en la interna del propio Pit-Cnt, que desconocía que Burgos había entregado a nombre de la central sindical contratos a privados para que negociaran las viviendas. Burgos entregó al menos tres contratos a los mismos gestores aunque actuando bajo diferentes sociedades anónimas. Una de ellas, incluso, fue denunciada ante la Justicia. La empresaria presentó hace un año denuncia penal y civil contra los particulares y ahora la amplió hacia cada uno de los sindicatos del Pit-Cnt, al que acusa de "no haber fiscalizado el proyecto ni los dineros captados, ni los acuerdos y su alcance". El Pit-Cnt tiene firmado con el BHU y el Ministerio de Vivienda un convenio de apoyo al plan.

La Justicia tramita otras dos denuncias contra los mismos gestores y de similares características, iniciadas por una empresa multinacional ecuatoriana y un particular que también reclama cheques entregados.

El Secretariado del Pit-Cnt, que tomó conocimiento por la prensa de los contratos que Burgos le extendió a los privados (al menos tres para que actuaran bajo diferentes sociedades anónimas) realizó una investigación que concluyó que hubo "errores" por "falta de experiencia" y descartó dolo.

La situación motivó que el Pit-Cnt creara un departamento de vivienda para encauzar el Plan para el que se anotaron más de 360 cooperativas y pretende darle una solución a 15.000 familias. El Mvotma ya concedió decenas de préstamos a las cooperativas del Plan de Vivienda Sindical.

Audiencia por denuncia de estafa de una empresaria