La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió, en su último congreso, hacer una auditoría interna de los estados contables del sindicato. Para eso pedirá ayuda al Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt.

La resolución se votó a pedido de las listas minoritarias y fue tomada en el congreso que se realizó entre los días 18, 19 y 20 de noviembre pasado. La dirigente de la lista 70, afín al Partido Comunista, Gabriela García, dijo a El País que en el congreso del sindicato —donde participaron 500 afiliados— se presentaron 2.000 firmas de afiliados a favor de la auditoría.

La sindicalista negó que la auditoría financiera se haga por alguna sospecha sobre el manejo de fondos de la actual dirección de la Federación, encabezada por Beatriz Fagián (presidenta) y Pablo Cabrera (secretario general). "No quiero hablar de sospecha de manejo de fondos. Nosotros cuando fundamentamos la auditoría dijimos que era para darle transparencia, no creíamos que hubiera dolo, porque si fuera así lo hubiéramos denunciado. No teníamos ninguna sospecha", aseguró.

Según García, la posición que defendió su agrupación fue la de hacer auditorías externas después de cada instancia congresal, aunque al final se optó por la realización de una auditoría interna. La misma se hará con tres delegados ya designados por el congreso, un representante de cada agrupación de la Federación y un economista en representación del Instituto Cuesta Duarte.

"Nosotros salimos convencidos de que estaba bien lo resuelto respecto a la realización de la auditoría, aunque sea interna y no externa como nosotros pretendíamos, porque lo importante es que la auditoría se hace para saber cuál es la situación de la Federación", explicó la sindicalista de la lista 70.

En julio de 2014, tras el procesamiento sin prisión por el delito de conjunción del interés público con el privado del exdirector de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, las listas minoritarias de la Federación reclamaron auditorías externas sobre las finanzas del sindicato.

En una nota publicada por El País, en julio de ese año, dirigentes de las agrupaciones minoritarias transmitían la falta de confianza en el manejo de las finanzas que realizaba la actual dirección y reclamaban una mayor transparencia.

El País se comunicó ayer con Fagián y Cabrera para consultarlos por las resoluciones del último congreso, pero ninguno de ellos respondió al llamado.

Milton Castellano, coordinador del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, dijo a El País que está al tanto de la resolución adoptada por el sindicato de funcionarios de la salud pública y anunció que el centro de investigaciones analizará el pedido cuando se realice formalmente.

En caso de que el instituto audite al sindicato, sería "la primera vez" que se da esta situación, al menos desde que Castellano es coordinador del Cuesta Duarte, cargo que asumió en 2010. "Normalmente las auditorías las hacen las comisiones fiscales de los sindicatos o de la central", explicó.

El Cuesta Duarte tiene un plantel de técnicos permanente y contrata a otros para tareas específicas. Cuenta con especialistas en relaciones laborales, macroeconomía (que elaboran informes de coyuntura), temas jurídicos, sectores productivos y un cuerpo de docentes. También tiene oficinas regionales en Paysandú, Maldonado y Tacuarembó.

Creado en 1989, el Instituto Cuesta Duarte cuenta con un departamento de Investigación y un Programa de Formación Permanente, con el que reciben capacitación delegados sindicales y negociadores en los Consejos de Salarios.

Como medida complementaria a la auditoría de las finanzas del sindicato, el congreso de la Federación dispuso una rebaja de los viáticos que reciben los dirigentes sindicales.

Antes de esta resolución, los sindicalistas recibían $ 1.000 de viáticos de lunes a viernes. Ahora, los gastos de dirigencia no pueden superar los $ 12.000 mensuales, o sea el mínimo que cobran los funcionarios de ASSE cuando entran a la Administración pública.

Según la representante de la lista 70, esta resolución se tomó para que "no haya dirigentes categoría A y categoría B".

"Si nosotros podemos manejarnos recorriendo el país con $ 12.000, bueno, hagámoslo todos", opinó García.

Hasta el año pasado, los afiliados de la Federación pagaban una cuota promedio de $ 400. Tras el último congreso, se decidió la eliminación del aumento de la cuota sindical del 0,55%, decidido anteriormente, volviéndose al descuento de 1,25% del sueldo.

Por el aumento de la cuota mensual, alrededor de unos 2.000 funcionarios se desafiliaron del sindicato de la salud pública, que ahora pasó a tener unos 12.000 afiliados. En la Lista 70 dicen que se fueron por el costo de la cuota, que en la actualidad representa unos $ 200 en promedio.

Para la minoría del sindicato, "mucha gente se fue por la parte económica o porque se enojó y se descreyó. Esa es la gente que hay que recuperar para que vuelva a confiar nuevamente", opinó García.

Por otra parte, la dirigente descartó que el procesamiento de Silva repercutiera en la baja de afiliados. "En la desafiliación para mí no influyó lo de Silva, sino más que nada la parte económica", comentó la sindicalista García.

El procesamiento de Silva abrió un fuerte debate en la Federación entre la lista 1886, mayoría en el sindicato, y las minorías representadas por las listas 70 y 2011, que marcaron distancia del respaldo que le dio la dirección actual al exdirector de ASSE.

En diciembre de 2014, la agrupación 1886 sufrió una importante baja con el alejamiento de Cabrera, quien escribió una carta donde explica los motivos de su decisión.

"Nos alejamos con el sentimiento de haber cumplido, con la conciencia tranquila, pero por sobre todo, con la idea de seguir construyendo junto a todos los compañeros de todas las agrupaciones", afirmó el gremialista, que ahora hace parte de la "Agrupación 27 de Junio. Huelga General".

Cabrera aseguró que esta nueva corriente asocia a "compañeros de diferentes fuerzas políticas" con el objetivo de darle un impulso "renovador" a la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

El sindicalista finaliza la nota diciendo que en las próximas elecciones de la Federación de Salud Pública —a celebrarse el 25 de marzo— "se juega mucho más que la dirección de la FFSP. Nos jugamos a ganar credibilidad de los compañeros", en referencia al procesamiento de Silva.

La sede de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), ubicada en Arenal Grande, fue reformada en septiembre de 2013. En el marco de esas obras, el sindicato que agrupa a los funcionarios no médicos de la salud pública resolvió darle a una de sus salas el nombre del primer director de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva. "Un camino de mil millas comienza con un paso", reza la placa. El procesamiento sin prisión de Silva —por conjunción del interés público con el privado que derivó en su cese de ASSE— en el caso judicial por la sobrefacturación en el servicio de limpieza en el Hospital Maciel no motivó el retiro de la placa. La dirigente de la lista 70 de la FFSP, Gabriela García, confirmó a El País que hay todo un piso que lleva el nombre de Silva. "Eso ya pasa inadvertido, porque uno está más bien para dirigir, para dar la lucha por el colectivo, y esas cosas para nosotros son menores", señaló la sindicalista.

Resolvieron bajar los viáticos que reciben los sindicalistas