PARAGUAY

El país los refugió luego que alegaran persecución política.

El líder opositor paraguayo, el liberal Efraín Alegre, exigió ayer la revocación de la causa contra cuatro jóvenes refugiados en Uruguay tras las protestas contra la reelección presidencial, con base en un audio que probaría una presión política sobre la Fiscalía para procesarlos.

Uruguay concedió refugio a esos jóvenes, del Partido Liberal, después de que alegaran una persecución por su supuesta participación en la ola de violencia de marzo, cuando grupos de manifestantes quemaron parte del Congreso en protesta contra un intento legislativo de habilitar la reelección.

Alegre, que es el candidato a la Presidencia de los liberales en las generales de 2018, dijo en una rueda de prensa que el gobierno paraguayo buscaba que esos jóvenes "vayan a la cárcel" sin el debido proceso.

Añadió que ello se evidencia en una grabación difundida el viernes por una radio local, en la que supuestamente se escucharía a Raúl Fernández, secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, hablar con Carmelo Caballero, abogado de José Ortiz, gerente de la tabacalera Tabesa, propiedad del presidente paraguayo, Horacio Cartes.

En una parte de esa conversación se haría referencia a las protestas contra la reelección y a una presunta connivencia entre la Fiscalía y el Gobierno para encarcelar a los presuntos responsables de aquellos hechos.

"Lo que se quería era el apresamiento de quienes hoy están en el exilio (...) Vamos a exigir que se retiren todas las medidas que se tienen contra ellos", dijo Alegre.

El líder opositor dijo además que su formación promoverá una investigación sobre los fiscales que tomaron parte en esa causa, al tiempo que instó a la Fiscalía a avanzar en la investigación sobre la muerte del militante liberal que falleció tras las protestas contra la reelección.

Rodrigo Quintana murió horas después de la quema del Congreso, supuestamente por el disparo de uno de los policías que asaltaron la sede del Partido Liberal.

Los abogados de Quintana dijeron que esta semana requerirán a la Fiscalía que cumpla la resolución de la Cámara de Apelaciones de incluir en la carpeta fiscal unas grabaciones telefónicas que podrían aclarar quién dio la orden de allanar esa sede la noche del 31 de marzo.

Se trata de varias llamadas telefónicas presentadas en julio por los liberales y presuntamente realizadas esa noche entre Críspulo Sotelo, entonces jefe de la Policía Nacional, y José Ortiz.