La asociación de familiares quiere obligarlos al tratamiento.

Bajo el argumento que no alcanza con 30 días para rehabilitarse de la adicción a la pasta base, la asociación "Familiares de caídos en adicciones" solicitó al Parlamento que se disponga la internación obligatoria de las personas con esta enfermedad.

El planteo se hizo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en el marco del estudio de la ley de salud mental. Una de las representantes de la organización no gubernamental Gabriela Jost, solicitó la internación obligatoria de los adictos a la pasta base.

Según dijo, se debería adoptar un sistema similar al de la ley de voluntad anticipada, que rige para las personas en etapa terminal. "Mirando el proceso de esa ley, se nos ocurrió proponer una ley de voluntad para nuestros hijos, como un contrato de vida, ya que no quieren que se haga una internación compulsiva. Consistiría en una internación obligatoria para las personas que consumen y hoy están perdiendo su vida en la calle", explicó.

"Quiero trasmitirles la situación que estamos viviendo tanto en las calles como en nuestras casas no solamente con la situación de nuestros hijos, sino con las de mamás con hijos que se han suicidado: se han ahorcado o se han disparado. Hay madres que lloran a sus hijos por no haber encontrado una salida para ellos", relató, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País. Otro de los integrantes de la ONG "Familiares de Caídos en Adicciones", Miguel Piñeyro, planteó que no alcanza con diez o 30 días para rehabilitarse, porque los consumidores de pasta base "no pueden sostener la abstinencia".

Afirmó que si se logra revertir esto se evitarían "un montón de problemas de seguridad", tanto de la familia como de la ciudadanía en general. "¿Qué seguimiento puede hacer Salud Pública si los padres no los podemos seguir 24 horas porque nos agotan, nos matan? No paran nunca", insistió.

María Muniz, también integrante de la ONG, planteó que no hay lugar para internar a los adictos en el Hospital Vilardebó. Por otro lado, el diputado Luis Gallo (Asamblea Uruguay) reconoció que el servicio que ofrece el Portal Amarillo para los adictos a las drogas "es muy parcial" y "generalmente está colmado".

"Tenemos dificultades; como médico tuve que internar o derivar pacientes y me han dicho que ese centro está completo. Aunque hubiera cuatro o cinco plazas de internación, los lugares son insuficientes; hay muy pocos lugares de internación", reconoció el legislador.

De todos modos, Gallo opinó que el problema relacionado con los adictos a la pasta base "no se resuelve tan fácilmente internando compulsivamente al paciente (...) No se soluciona con un proyecto de ley ni con la voluntad anticipada para enfermos terminales", añadió. En ese marco, afirmó que el proyecto de ley de salud mental a estudio tiene "pautas totalmente distintas" a las planteadas por los familiares de adictos.

La organización de "Familiares de caídos en adicciones" denunció en el Parlamento el tráfico de drogas que existe en el Hospital Vilardebó, así como en las cárceles. "Hay madres que tienen hijos dentro del Vilardebó y están viendo cómo están consumiendo cuando están internados o en cárceles", dijo Gabriela, integrante de la ONG.

VALERIA GIL

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