JUSTICIA CUESTIONADA

Cuestionan actuación del defensor de oficio de la menor y exigen protección.

Cuando pasen 15 minutos de las 13 horas del jueves, el avión de Iberia tomará vuelo y llevará de regreso a España (o a Cataluña para ser más exactos) a María y su niña de cinco años. Así terminará el vínculo de la Justicia uruguaya con un caso de restitución que tiene en vilo a los defensores de los derechos de los niños y las mujeres desde julio del año pasado, aunque estos procesos en teoría no podrían superar las seis semanas. Para la defensa de esta madre de 37 años, para el INAU, el Mides y el colectivo feminista la fecha del próximo jueves es solo el ultimátum; porque confían en que la Suprema Corte de Justicia dé un revés al fallo de los magistrados.

La concentración que habrá hoy a las 18 horas frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia es solo una de las señales de lo profundo que ha calado el caso #MaríaNoSeVa. Se le suma una petición online —que al cierre de esta edición superaba las 31.890 firmas y que logró más de 20.000 en tres días—, aunque fuentes judiciales aclararon que la misma carece de validez jurídica. Y encuentra su punto decisivo en el recurso de revisión que la abogada Virginia Salvo presentó ayer, poco después de las 14 horas.

La Justicia uruguaya había sentenciado, en diciembre de 2016, que la niña de cinco años debía volver a España donde vive su padre. El argumento principal era que la madre (María) había decidido quedarse a vivir en Uruguay sin el consentimiento del progenitor. Un segundo fallo (Tribunal de Apelaciones), el mismo mes, confirma la restitución, aunque aclara que se está ante un caso de violencia doméstica comprobada y que si bien no se puede confirmar fehacientemente el abuso sexual hacia la menor de edad (España es quien lo debe determinar por un tema de tiempo), sí es necesario que la Justicia española disponga determinadas medidas de protección —como que el padre no se acercara a menos de 500 metros de la pequeña y su madre.

El sangrado que la niña sufrió en el ano pudo haber sido por "estreñimiento" y no por una violación, y la actitud psicológica de rechazo al padre puede explicarse por la violencia doméstica y no necesariamente por un abuso sexual, daba a entender el fallo fechado el 22 de diciembre pasado.

La defensa de María pidió que se revisara esa sentencia porque no tomaba en cuenta documentación clave (como algunas pruebas de técnicos españoles), porque admitía que de regresar al país europeo supone un riesgo (de hecho madre e hija están con protección policial ante supuestas amenazas del padre a distancia) pero pide a España que se haga responsable y porque el defensor de oficio de la niña había actuado con negligencia —incluso relacionándose con el padre.

"Como medida cautelar pedimos la inmediata suspensión de la ejecución", dijo Salvo, quien se ha especializado en casos de restitución de menores. Por eso el recurso de revisión (que implica volver a considerar cómo fue todo el proceso judicial) va contra la sentencia de la jueza de Familia de 8° turno, Rossana Pose, quien había dicho que ya estaban dadas las condiciones para la vuelta de la menor a España.

Hace 17 años Uruguay ratificó el Convenio de La Haya que da garantías para que los niños que son sustraídos de un país puedan regresar a su lugar de origen, a su escuela, a su cobertura de salud y estar con sus amigos.

El año pasado la Justicia uruguaya estudió cinco casos: en tres hubo sentencia de restitución, en otro se anuló y un quinto caso terminó mediante acuerdo. Todos ellos, previo al proceso de María, tuvieron una duración promedio de 58 días.

María y su hija, que por entonces tenía cuatro años, habían venido de vacaciones a visitar la familia materna en las Pascuas del año pasado. Habían llegado con la autorización del padre de la niña y contaban con los pasajes de regreso para el 24 de mayo. Pero no retornaron. Madre e hija habían sido víctimas de violencia por parte del padre, a quien lo habían acusado de drogadicto. Pero no fue hasta su estadía en Uruguay que María empezó a sospechar —primero por actitudes y luego por la verbalización— que su niña había sido también abusada sexualmente. El padre, en tanto, demandó ante la Justicia la restitución de su hija. El 27 de julio se abrió el caso en la sede uruguaya que llevó a que el 9 de diciembre se determinara la restitución y se confirmara el 22 de ese mes. La vuelta se aplazó porque no estaban dadas las condiciones, hasta que el 21 de septiembre se dio el visto bueno judicial.