MOVILIZACIÓN DE LOS ANIMALISTAS

Activistas autoconvocados marcharon hacia el Parlamento.

Desde la esquina de 18 de Julio y Río Negro hasta el Palacio Legislativo dos mujeres mantuvieron en alto una pancarta que decía: "Basta de impunidad para los maltratadores de animales".

Esta nueva convocatoria no tuvo a una organización detrás. Según los participantes, la propuesta surgió desde los activistas independientes tras una serie de incidentes que dejaron a varios perros muertos o heridos y que los responsables, tanto del ataque, como de los animales, no tuvieron que responder ante la Justicia por sus actos.

La movilización salió a la hora 18.00. Unas 70 personas y siete perros cruzaron la avenida del Libertador para exigir que quienes ejerzan violencia sobre los animales paguen con prisión. "Estas personas merecen prisión", aseveró Cristina Botaro, organizadora de la marcha.

La activista señaló que "está probado que los asesinos seriales comienzan maltratando animales, hoy le pegan un balazo a un perro y mañana son violentos domésticos, esto no es un problema de los animalistas, es de toda la sociedad".

Botaro pidió a las personas que observen ataques a los animales que intervengan. "Igual que cuando se agrede a una persona hay que llamar al 911 y después ir a declarar ante el juzgado correspondiente, los jueces actuarán con las herramientas que tengan".

Una joven llevaba un cartel que advertía a los legisladores que "los animales no votan, pero nosotros sí". Luego que los activistas llegaran a la entrada del Edificio Anexo del Palacio Legislativo apareció un hombre con cuatro perros gritando "salgan, se terminó la siesta, trabajen por los animales".

Entre los manifestantes estaba el médico veterinario y diputado nacionalista suplente Gastón Cossia.

Consultado por El País, destacó que "la Ley 18.471, de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, aprobada en mayo de 2009, le asigna a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) la tarea de recepcionar las denuncias de maltrato". La norma le otorga al organismo la potestad de aplicar sanciones que incluyen multas de hasta 500 UR y la prohibición de tener animales a su cargo.

Durante el año 2014 la Cámara de Representantes dio media sanción a un proyecto aprobado por unanimidad de legisladores presentes de todos los partidos que establecía penas que llegaban hasta los 2 años de prisión, pero la iniciativa no llegó a tratarse en la Cámara de Senadores.

El 20 de agosto de 2015 el propio Cossia y el diputado Rodrigo Goñi presentaron un proyecto de ley para establecer sanciones ante el aumento de casos de maltrato y agresión.

Ahora, ambos legisladores pretenden incluir en el nuevo Código Penal un capítulo sobre esta materia, bajo el enunciado: "De las Faltas contra los animales". Cossia explicó que la Ley de Bienestar Animal "presenta debilidades y fallas que requieren normas penales que den mayores garantías para su efectiva aplicación".

El proyecto prevé de 7 a 30 días de trabajo comunitario al que maltrate a un animal de compañía o trabajo. En cambio, el que les dé muerte recibirá una pena de entre 20 a 90 días de trabajo comunitario.

Una mujer recorrió Sarandí del Yi (Durazno) en motocicleta, junto a su hijo, tirando de un perro al que sujetaba de una cuerda. Era el año 2015 y vecinos de la localidad presentaron una denuncia por maltrato animal. El can fue abandonado con lesiones de entidad y la mujer, para escándalo de la sociedad, no fue sancionada.

Operadores judiciales salieron a explicar públicamente que la ley no establece sanciones penales para estas conductas.

Posteriormente surgieron otras denuncias similares. A fines de enero, un perro fue arrastrado por una camioneta Fiorino por Camino Maldonado, a la altura del kilómetro 16. El episodio terminó con una intervención ciudadana para evitar heridas mayores. El animal sufrió importantes lesiones y se encuentra en recuperación en un refugio. Los responsables no fueron sancionados. Este verano, una familia entregó un animal a un refugio y el animal murió en extrañas circunstancias. Ahora, iniciaron acciones civiles y penales contra el albergue.