Otro coletazo en Uruguay de la trama de corrupción de Petrobras surgió esta semana. Ante una denuncia de la Fiscalía de Curitiba que menciona a la off shore uruguaya Jolmey Sociedad Anónima, el Banco Central (BCU) pidió información a todos los bancos locales para conocer las transacciones que realizó esa sociedad en Uruguay y hacia el exterior. 

Según supo El País también pidió saber si figuran transacciones a nombre del exdirector del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró, acusado en Brasil por integrar una red de corrupción en la empresa estatal brasileña.

Según la denuncia realizada por el Ministerio Público Federal, a la que El País accedió, la off shore uruguaya Jolmey giró dinero a la firma brasileña "Jolmey do Brasil Administradoras de Bens Ltda" para la compra de un apartamento de lujo en Río de Janeiro. El fiscal asegura que ese dinero surgió de la corrupción y que Cerveró sería el verdadero propietario del inmueble.

La denuncia menciona también a un abogado uruguayo que fue quien creó en 2007 la off shore, a solicitud del empresario brasileño, y figura como directivo de Jolmey SA.

El fiscal señaló que Cerveró, "con el auxilio" de ese profesional, "adquirió, ocultó y disimuló la propiedad que fue comprado con valores provenientes directamente del delito".

El abogado dijo a El País que la denuncia en su contra es "una infamia". Afirmó que la transferencia monetaria por la que se compró el apartamento se realizó por medio de transacción bancaria y que todo quedó registrado.

La denuncia mencionó que Jolmey SA creó en 2008 la subsidiaria en Brasil, con el "único objetivo de adquirir ese inmueble", ya que no realizó ninguna otra inversión en Brasil ni tienen ningún empleado.

El Ministerio Público también pidió al juez federal de Curitiba, Sergio Moro, la confiscación del departamento —ubicado en el elegante barrio carioca de Ipanema— y del dinero depositado en nombre de la empresa Jolmey, así como la imposición de una multa de 7,5 millones de reales (unos US$ 2,6 millones) a los denunciados.

Por otra parte, la prensa brasileña informó ayer que el juez Moro decretó el embargo de Cerveró, preso desde enero, por 106 millones de reales, unos US$ 40 millones.

El período investigado por la red de corrupción corresponde a la casi totalidad de los dos mandatos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y al inicio del primer mandato de Dilma Rousseff, quien logró la reelección en las elecciones de octubre pasado.

La denuncia sobre Jolmey es la segunda conexión con Uruguay del tema Petrobras. La Fiscalía brasileña pidió a seis firmas, entre ellas OAS —principal constructora de la regasificadora— que devuelvan US$ 1.559 millones por su presunta participación en un cartel que permitió una red de corrupción en Petrobras.

Ante denuncia de Fiscalía brasileña pidió informe a bancos