NEGOCIOS CON EL CHAVISMO

Los demandantes presentarán nuevas pruebas ratificando su denuncia.

El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco desestimó la existencia de irregularidades en los negocios hechos entre empresas privadas uruguayas y estatales venezolanas, pese a lo cual la jueza especializada Beatriz Larrieu no archivó el caso. Ahora los demandantes se aprestan a presentar nuevas pruebas fundamentando sus denuncias.

En mayo del año pasado, los diputados Jaime Trobo y Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y el exfrenteamplista Gonzalo Mujica presentaron una denuncia penal por los negocios de Uruguay con Venezuela y el manejo de recursos del Fondo de Desarrollo (Fondes).

Antes de presentar formalmente la denuncia los tres legisladores emitieron un comunicado que señalaba que "la intervención injustificada de intermediarios privados, asignados en forma arbitraria para realizar negocios en varias áreas como venta de alimentos, negocios de logística y acopio de granos, no registra justificación alguna".

La denuncia, agregaba el texto, también "refiere a la asignación arbitraria de fondos públicos a través del Fondes, a empresas sin viabilidad que a la fecha no han devuelto los créditos concedidos".

Durante el gobierno del presidente José Mujica, el Fondes prestó US$ 43 millones a cinco empresas autogestionadas por sus trabajadores a pesar de que los informes técnicos eran negativos y sugerían fuertes debilidades en los proyectos.

Los acuerdos que los legisladores solicitaron que fueran investigados son los firmados en 2010 entre los entonces presidentes de Uruguay y Venezuela, Mujica y Hugo Chávez, que permitieron la creación del Fondo Artigas-Bolívar.

Tras la instrucción del caso por aparte del fiscal de Crimen Organizado, que insumió unos siete meses, el magistrado emitió una vista en la que indicó que ante "la denuncia presentada por presuntas irregularidades en los contratos celebrados por empresas privadas uruguayas con empresas estatales venezolanas, la Fiscalía entiende agotada la instrucción, y no advierte la existencia de hechos de apariencia delictiva".

Para su dictamen, Pacheco se basó en que "las empresas uruguayas no eran seleccionadas por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado (uruguayo), ni es perceptiva la exigencia de procedimiento competitivo".

No obstante, el dictamen de Pacheco excluyó del caso a la empresa Aire Fresco SA —a la que se la vincula con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) dado que sus propietarios pertenecen o pertenecieron a esa organización— que está incluida en otro expediente promovido en 2015 por el abogado penalista Gustavo Salle. Entre otras empresas que la denuncia vinculaba a los negocios con Venezuela se encontraba Atlansur y Funsacoop.

Ante dictámenes fiscales de este tenor, los jueces a los que van dirigidos, en este caso la jueza Beatriz Larrieu, suelen archivar las denuncias. Sin embargo en este caso no fue así, sino que la magistrada se limitó a decretar "téngase presente" con lo que la causa sigue abierta.

Por ello, el representante de los denunciantes, el abogado Enrique Moller, presentará un escrito a la jueza pidiéndole conocer todas las carpetas de los préstamos del Fondes.

"Yo solicité en forma verbal en dos oportunidades esas carpetas. En el juzgado se me pidió que lo hiciera por escrito y así los voy a hacer", dijo Moller.

Se trata de los prestamos a Alas U, Envidrio y Presur, entre otras empresas. El objetivo del jurista es recabar nuevas pruebas que fundamenten las denuncias de sus representados en torno a las irregularidades en los préstamos del Fondes.

Respecto de esas presuntas irregularidades Pacheco llamó a declarar en calidad de testigo a Rodrigo Goñi, quien no solo ratificó los términos de la denuncia, sino que la amplió.

Goñi declaró el pasado 5 de febrero y en esa oportunidad denunció la existencia de un "préstamo encubierto" del Estado a Envidrio por aproximadamente US$ 1,5 millones. Según la denuncia que se agregó al expediente sobre el Fondes y los emprendimientos financiados por él, se trataría de dinero entregado por el Instituto Nacional de Formación y Empleo (Inefop) a Envidrio.

Envidrio es una cooperativa formada en 2005 por extrabajadores de Cristalerías del Uruguay, y le adeuda al Fondes US$ 11,5 millones. Hoy en día se encuentra sin actividad, y es una de las empresas investigadas por sus vínculos con Venezuela.

En esa misma instancia, Goñi negó haber participado, en su calidad de integrante de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) propietaria del fideicomiso Conafinafisa, en procesos de consideración y/o aprobación de préstamos del Fondes.

Preguntado por el fiscal acerca de su participación en esos procedimientos, el legislador blanco respondió que "Conafinafisa no hacía la evaluación ni aprobación (de los préstamos dispuestos por el Fondes) no tenía los elementos para evaluar el proyecto en sí, todo el conocimiento del proyecto como tal lo hacía el Fondes", sostuvo el legislador.

Finalmente, Pacheco pidió el asesoramiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública para que determine si los préstamos concedidos por el Fondes a Alas, la aerolínea sucesora de la ex Pluna, se dieron en el marco de la normativa vigente o no.

La opinión del fiscal Luis Pacheco de que no hubo ilícitos en los negocios con Venezuela disparó una polémica entre la diputada blanca, Graciela Bianchi, y la senadora frenteamplista, Daniela Paysse.

"La corrupción en Uruguay, nunca hubiera sido amparada por nuestro empobrecido Poder Judicial. Por eso se dio más poder y dinero a la Fiscalía. Vamos a seguir investigando!", dijo Bianchi en Twitter. Ante los que Paysse respondió: "Afirmación muy grave. Legisladora acusa. Deberá hacerse cargo".