Ancap además reestructuró su sistema de trabajo para que haya menos horas extras.

El presidente Tabaré Vázquez lo había insinuado en la mañana en el Consejo de Ministros abierto que se realizó en el cuartel de Blandengues. No iba a tolerar que continuara y se agudizara la escasez de combustible y supergás, que durante el fin de semana había dejado desprovistas a prácticamente el 90% de las estaciones de servicio de Montevideo.

Por ese motivo, durante la tarde el gobierno declaró la esencialidad de los servicios de producción, distribución y comercialización de todos los combustibles. De todas formas, la ministra de Industria, Carolina Cosse, ya admitió que el servicio demorará varios días en normalizarse. La esencialidad durará mientras se desarrollen las medidas de protesta del sindicato de Ancap que la motivan. Pero la esencialidad, para ser eficaz, irá complementada por una reestructuración de las guardias mínimas de personal en las divisiones de Ancap de forma que las tareas no dependan de la realización de las horas extras. Ancap no logró llegar a un acuerdo con el sindicato, tras meses de negociación, respecto a cuáles debían ser las dotaciones mínimas y ahora las estableció unilateralmente.

En un comunicado, Ancap explicó que "cada vez que no se cuenta con la dotación mínima establecida, se deba recurrir a horas extra" (...) "Desde octubre de 2016 se viene negociando para acordar una reorganización del trabajo que permita dimensionar adecuadamente Ancap con fundamentos técnicos que garanticen la seguridad, la eficiencia y la competitividad de la empresa. (...) Estas negociaciones han insumido mucho tiempo y no se han logrado definiciones que, en las actuales circunstancias, se tornan urgentes".

Cosse reconoció que "hay desabastecimiento importante a nivel nacional". En el gobierno se entiende que, sin la reestructura del trabajo que anunció Ancap puede ocurrir que la normalización se demore más de lo conveniente. Los cambios que se decidieron ya fueron comunicados al sindicato y al ministerio de Trabajo, según supo El País de fuentes de Ancap. "En algunos casos para Ancap, por ejemplo, la dotación mínima tenía que ser 8 y para el sindicato 12 y como no estaban los 12 había que recurrir a horas extras", dijeron las fuentes.

En los considerandos del decreto del gobierno se señala que "las medidas adoptadas (por el sindicato) ponen en grave e inminente riesgo a la población en general y en particular a los desplazados por las inundaciones, así como también al sector productivo, en virtud de que conducen al desabastecimiento de elementos vitales para la salud, la vida, la seguridad humana". En los fundamentos del decreto se cita un informe del Ministerio de Industria que señala que el supergás es utilizado para la cocción en el 90% de los hogares uruguayos a lo que se suma "la situación comprometida de una gran cantidad de compatriotas debido a los eventos climáticos recientes, así como las previsiones para los próximos días". También indica que estaban siendo afectados el sector agropecuario, el transporte y el turismo. Aunque no lo planteó formalmente, el directorio de Ancap también manifestó su parecer favorable a la declaratoria de esencialidad.

Aunque el desabastecimiento en combustibles venía siendo marcado también estaba faltando supergás. Martín Machado, presidente de la Asociación de Distribuidores de Supergás, dijo a El País que ayer los distribuidores solamente recibieron el 70% de lo necesario. Y el domingo no se entregaron garrafas pese a que cuando hace frío la distribución se hace todos los días, señaló. Y advirtió que "si decretan la esencialidad y no trabajan más de ocho es toda una mentira, hay que conocer los detalles de cómo va a ser". Machado dejó de recibir pedidos en su empresa sobre las 16.30 horas.

En Uruguay hay 480 estaciones que emplean a unas 8.500 personas y en determinado momento en más del 90% de ellas no había combustibles. Federico de Castro, gerente de la Unión de Vendedores de Nafta, dijo a El País que hubo bocas de expendido donde se topearon las ventas en $ 300. En la gremial se calcula que se requerirían al menos tres días de trabajo con el mismo ritmo de ayer para normalizar la situación. Las plantas de Ancap de Juan Lacaze, Durazno y Treinta y Tres se quedaron sin existencias y solamente la de Paysandú siguió funcionando. Por ese motivo, La Tablada se vio sobrecargada de trabajo y hubo largas colas de camiones para cargar.

El sindicato de Ancap defendió su actuación y señaló en un comunicado que "se han brindado todas y cada una de las guardias gremiales solicitadas para el personal de la planta, así como asegurado todos y cada uno de los servicios esenciales solicitados, haciendo un fuerte hincapié en aquellos servicios que sean solicitados para las zonas afectadas por las inundaciones en solidaridad con los compatriotas que sufren esta dura situación". Los trabajadores del supergás y de la distribución de combustibles apoyaron el documento.

El presidente del sindicato de Ancap, Edwin Villero, le dijo anoche al canal TNU que los trabajadores se presentarán a cumplir sus tareas hoy, pero no realizarán horas extras y consideró que el gobierno se muestra inflexible. Según el sindicato, el Ejecutivo pretende que el servicio médico sea gestionado básicamente por la Asociación Española.

El servicio médico de Ancap cuenta con unos 60 médicos y tiene un costo anual de unos US$ 4,5 millones. Atiende a los alrededor de 2.700 funcionarios de Ancap y a varias centenas de jubilados. Los trabajadores de Ancap de Minas y Paysandú (donde hay plantas cementeras de la empresa) se atienden por el régimen general del Fonasa. El servicio funciona básicamente en el edificio central de la empresa pública aunque también brinda servicios en la refinería de La Teja.

Un decreto del Poder Ejecutivo establece que el 30 de junio debe dejar de funcionar tal cual lo hace hasta hoy.

El sindicato aduce que en una larga reunión la semana pasada llegó a un acuerdo con la dirección de la empresa pública y con el Ministerio de Trabajo para que existiera una especie de cogestión en la dirección del servicio médico, con participación del gremio, pero que el Ministerio de Economía vetó la idea. En el directorio de Ancap se señaló a El País que la modificación en el funcionamiento del servicio médico supondría un ahorro para Ancap, pero que además existe el imperativo de cumplir con una norma.

El servicio médico fue creado hace seis décadas para atender los problemas de salud ocupacional de quienes se desempeñaban en la refinería y las cementeras. Los funcionarios y parte de los jubilados asumen el descuento del Fonasa correspondiente en su salario o pasividad, y ese monto va a la Asociación Española, donde reciben las prestaciones médicas más complejas y el servicio de internación.

El Poder Ejecutivo también quiere que el 30 de junio deje de actuar con su actual modalidad la clínica médica que funciona en el primer piso del Banco Hipotecario, que también presta servicios a trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda. El servicio médico del Hipotecario funciona desde 1944 y actualmente cuenta con seis médicos generales, dos químicos, dos psicólogos y dos fisioterapeutas. La dirigente sindical de AEBU, Clara Pollo, dijo a El País que la clínica se autosustenta. El servicio atiende a 1.245 personas, entre activos y pasivos (600 son jubilados). La Asociación Española atiende los casos de emergencia (los funcionarios aportan al Fonasa desde 2008) y reintegra el sobrante de las cápitas para el funcionamiento de la clínica, explicó la dirigente.

El año pasado la asamblea de AEBU había solicitado una prórroga del decreto del gobierno que establecía el 30 de junio de este año como fecha tope para el cierre del servicio. "La clínica se autosustenta y funciona bien", aseguró Pollo.

Matías Arbizu, presidente del sector banca oficial del sindicato bancario, advirtió que una eventual reducción de la calidad de los servicios médicos en el Hipotecario será considerada por AEBU como violatoria del convenio colectivo del sector. Arbizu dijo que el gobierno sostiene que el sistema es deficitario, pero que el sindicato no tiene información fehaciente de los costos de la clínica y de sus ingresos.

La próxima semana habrá una asamblea sindical que analizará los pasos a dar. AEBU tiene previsto coordinar acciones con el sindicato de Ancap porque las problemáticas de los servicios médicos son similares. Según Arbizu, AEBU fue ignorada durante la mayor parte del proceso de discusión de la reforma del servicio médico. La propuesta del gobierno consiste básicamente en que el servicio médico de los trabajadores pase a ser enteramente brindado por la Asociación Española.

JUAN PABLO CORREA

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